AGUA Y MINERÍA EN MENDOZA: EPICENTRO DE LA CONTROVERSIA

El uso del agua en la minería genera un debate intenso en Mendoza, donde la escasez hídrica es una preocupación central. Este debate a veces se da sin datos concretos y con posturas extremistas. Pero ¿Es posible encontrar un equilibrio entre desarrollo productivo y sostenibilidad?

Por Redacción

Hasta el día de hoy en Mendoza no se ha desarrollado minería metalífera a gran escala. Esto significa que no contamos con datos locales sobre su impacto para el agua, por lo que muchas opiniones se basan en modelos de otras regiones. Sin embargo, el debate ya ha surgido y las tensiones están generando conflictos sociales, manifestaciones y discrepancias, algo que no es beneficioso para el futuro de la provincia vecina.

Uno de los principales cuestionamientos hacia la minería por parte de la sociedad es su posible alto consumo de agua. No obstante, los datos indican que:

1. La agricultura utiliza el 87% del agua disponible en Mendoza, aproximadamente 7,800 millones de m³ al año.
2. Actualmente, la industria y minería combinadas consumen menos del 3%, cerca de 270 millones de m³ anuales.
3. Un viñedo de 100 hectáreas puede usar entre 600,000 y 800,000 m³ al año.
4. Una mina de cobre de gran escala con tecnologías de recirculación usa entre 6 y 15 millones de m³ anuales, reciclando entre 60% y 85% del agua.

Más allá de las comparaciones, el problema radica en la gestión eficiente del recurso y en la transparencia de su uso. Mendoza cuenta con legislación estricta para regular tanto la minería como el uso del agua:

– Ley 7722: Restringe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.

– Código de Aguas de Mendoza: Establece prioridades en el uso del agua, protegiendo el consumo humano y agrícola.

– Evaluaciones de impacto ambiental: Obligan a proyectos mineros a cumplir con estudios detallados antes de su aprobación.

La gestión del agua en Mendoza requiere para muchos sectores un marco legal actualizado. Es necesario revisar y estudiar la legislación vigente para garantizar un equilibrio entre desarrollo productivo y sostenibilidad, asegurando un uso eficiente del recurso sin comprometer su disponibilidad futura.

Para optimizar el uso del agua en todos los sectores y minimizar conflictos, es clave implementar:

1. Monitoreo público y auditorías externas para garantizar transparencia en los consumos.
2. Certificaciones de sustentabilidad que aseguren buenas prácticas ambientales.
3. Diálogo entre los sectores para coordinar el uso eficiente del recurso hídrico.

Mendoza enfrenta el desafío de definir su modelo de desarrollo sin comprometer sus recursos hídricos. Esto requiere información técnica confiable, regulaciones claras y un enfoque equilibrado que evite posiciones extremas.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente por ejemplo, se emitió hace unos días una resolución para iniciar formalmente el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto PSJ «Cobre Mendocino». Esta resolución marca el inicio de un sistema de estudio de impacto ambiental, presentado por los responsables del proyecto, destacándose que es un proceso que contempla tanto el análisis de la comunidad académica, como el trabajo de discusión, debate y interpretación junto a la comunidad de Uspallata y la sociedad mendocina en general.

Es un primer paso que pretende  arrinconar a los sectores radicales, que abogan por frenar la minería en Mendoza.