CIERRE DE MINAS, UN POTENCIAL PROBLEMA
En 2024, el diputado Franco Aranda, representante del Frente Renovador, presentó en la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley sobre el cierre de minas, con el objetivo de regular las distintas etapas del proceso y mitigar impactos ambientales y socioeconómicos.
Por Yenhy Navas
Un marco legal necesario para el desarrollo minero
San Juan se sumó en 2021 a los lineamientos nacionales de cierre de minas establecidos en el Código de Minería de Argentina, los cuales exigen que la planificación del cierre se realice con antelación y considere los posibles efectos en las comunidades y el entorno. Actualmente, esta planificación está contemplada dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El diputado Aranda, en declaraciones a medios provinciales tras la presentación del proyecto en mayo de 2024, destacó: «Es fundamental contar con esta ley, especialmente ante la llegada de grandes proyectos de cobre como Josemaría y Los Azules».
El estado del proyecto en la legislatura sanjuanina
El proyecto de ley, denominado «Cierre y postcierre de minas», actualmente se encuentra en estado parlamentario dentro de la Comisión de Minería, a la espera de su tratamiento. Para conocer más sobre la iniciativa, Acero y Roca dialogó con la abogada especializada en gestión minera y una de las colaboradoras en la elaboración del proyecto, Alejandra Cáneva.
Alejandra Cáneva, abogada especializada en gestión minera, y una de las principales colaboradoras del proyecto «Cierre y postcierre de minas
«Las mismas empresas que operan en Argentina también trabajan en países como Sudáfrica, Canadá y Australia, donde existen leyes específicas de cierre de minas. Nuestro Código de Minería ya contempla estas normativas, por lo que debería aplicarse un criterio similar», explicó á. «No se trata de cambiar las reglas de juego».
Protección ambiental y garantías para la provincia
Uno de los puntos clave del proyecto es la protección de la provincia ante la posibilidad de pasivos ambientales. «Si el cierre no está correctamente planificado, la responsabilidad de remediación podría recaer sobre el Estado provincial», advirtió la especialista.
El proyecto establece que las empresas mineras deben presentar un plan de cierre junto con su informe de impacto ambiental para la etapa de explotación. Este plan incluiría un cronograma flexible para realizar cierres parciales a medida que se agoten determinadas áreas de explotación, minimizando riesgos ambientales y garantizando la restauración progresiva del territorio.
«Al completar el cierre final se emite un certificado, pero la empresa no quedará desvinculada de inmediato, ya que deberá dejar garantías y estar sujeta a monitoreos postcierre por parte del Estado provincial», explicó Cáneva.
Reglamentación y próximos pasos
Una vez aprobada la ley, su reglamentación estará a cargo del Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Minería. «La Policía Minera será el órgano encargado de establecer los protocolos y definir los tiempos de monitoreo postcierre», señaló la abogada.
Sobre el avance del proyecto en la legislatura, Cáneva enfatizó que su tratamiento depende de la voluntad política de los legisladores que integran la Comisión de Minería.
Respaldo nacional
En 2021 la Subsecretaría de Política Minera, a través de la Secretaría de Minería de Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo, implementó una normativa, con Lineamientos Generales para el Cierre de Minas Con Garantías en la República Argentina, cuyo propósito es contribuir a que todas las minas que operan en Argentina
generen los beneficios derivados de un cierre responsable.
Para ello las empresas mineras deben realizar un «Plan de Cierre», que establecerá las medidas y acciones que deben realizarse para mitigar los riesgos e impactos que se asocian al cese de la actividad, y de esa manera garantizar el debido resguardo a la vida, la salud y la seguridad de las personas y del ambiente, tanto durante el cierre como post cierre.
Además determina que los procesos del cierre de mina deben involucrar a todas las personas o grupos de personas que pueden verse afectadas, especialmente quienes habitan en el entorno inmediato. La finalidad es mantener informada a la población no solamente sobre el proceso de cierre, sino también sobre los riesgos del proceso identificados y las medidas de gestión adoptadas durante la vida de la mina.