IMPACTO DE LA MINERIA EN LA FLORA Y LA FAUNA
En la provincia de San Juan, diversos proyectos mineros han implementado acciones específicas para la conservación de la flora y fauna en sus áreas de influencia, así como los organismos estatales competentes llevan a cabo su función de contralor. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han manifestado preocupaciones sobre los impactos de esta industria en los ecosistemas locales.
Por Yenhy Navas
Acciones de Conservación
Las empresas mineras que operan en San Juan han desarrollado diversas iniciativas para mitigar su impacto ambiental. Según el sitio oficial de Minera Andina del Sol, Veladero ha implementado un programa de monitoreo de biodiversidad en la cordillera, con especial énfasis en la protección del guanaco y otras especies autóctonas. Además, la empresa participa en iniciativas de reforestación con especies nativas.
Gualcamayo, operada por Mineros S.A. ha desarrollado programas de manejo de fauna silvestre con protocolos, para minimizar la afectación a la biodiversidad, según información de la empresa publicada en su sitio web oficial. Esta actividad incluye monitoreos regulares y planes de rescate de especies en áreas de intervención.
En cuanto a los proyectos en etapa exploración, Josemaría (ahora Vicuña) ha anunciado medidas de control ambiental para preservar los humedales altoandinos, según lo informado en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Los Azules, de McEwen Mining, informó la implementación de un programa de reubicación de especies en áreas de exploración, mientras que El Pachón, de Glencore, estableció monitoreos periódicos de fauna en la zona de Calingasta. https://www.instagram.com/proyectoelpachon/p/COdNi5qBDXg/?img_index=1
Proyectos en exploración avanzada, como Filo del Sol y Hualilán, también han reportado la realización de estudios ambientales preliminares. En tanto, Altar ha declarado que sus actividades se desarrollan con un enfoque de mínimo impacto en la fauna local.
Las informaciones aquí brindadas son las que los proyectos mineros mencionados han dado a conocer públicamente por medio de sus sitios web y redes sociales oficiales.
Plan de forestación Iglesia y Jáchal
Papel del Estado
La fiscalización de la actividad minera y su impacto ambiental en San Juan incluye las siguientes acciones de control:
- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Las empresas deben presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) antes de iniciar sus operaciones.
- Monitoreo Permanente: Equipos técnicos realizan auditorías periódicas en los proyectos mineros para verificar el cumplimiento de las normativas ambientales.
- Planes de Restauración Ambiental: Se exige a las empresas la implementación de programas de remediación post-explotación para garantizar la recuperación de los ecosistemas intervenidos.
Además, la Subsecretaría de Conservación ha intensificado las inspecciones desde enero de 2024, con controles específicos en las zonas de influencia de los proyectos mineros, según un informe publicado en el portal oficial del Gobierno de San Juan.
Acero y Roca trató de comunicarse con funcionarios del área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Lamentablemente no se obtuvo respuesta de su parte.
Preocupaciones de Organizaciones Ambientales
Distintos colectivos ambientales han manifestado inquietudes sobre la efectividad de las medidas de conservación implementadas en los proyectos mineros. La Fundación de Ciudadanos Independientes (FUCI) ha señalado que algunas explotaciones han generado fragmentación de ecosistemas y afectación de especies nativas, según declaraciones de su representante Guillermo Toranzo, reclamo que fue publicado por varios medios de comunicación provinciales.
Greenpeace Argentina ha advertido sobre la posible afectación de especies como el guanaco y el puma debido a la expansión de la actividad minera en la región. Asimismo, la Asamblea «Jáchal No Se Toca» ha cuestionado la efectividad de los programas de revegetación y monitoreo de fauna implementados por algunas empresas.
El Centro de Estudios Ambientales Andinos ha solicitado mayor transparencia en la evaluación de los Informes de Impacto Ambiental, instando a las autoridades a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.