MALI LLORA LA MUERTE DE 42 MUJERES MINERAS
Hace unos días en la aldea de Bilalkoto, (región de Kayes, Mali), se produjo una devastadora tragedia. Una mina de oro artesanal colapsó, causando la muerte de más de cincuenta de personas, la mayoría de ellas mujeres que trabajaban en condiciones precarias en busca del sustento diario, una de ella llevaba su bebé en la espalda.
Por Amaranta Marquez
Mujer africana trabajando en la mina con su hijo. Foto James Rajotte
África llora un nuevo desastre. El desplome de la mina de oro ha dejado a decenas de familias de luto, familias que no han tenido tiempo para llorar, ya que la necesidad de proveer el hogar es prioritaria.
En Malí, la minería artesanal es una actividad económica fundamental, especialmente en las zonas rurales. Las mujeres desempeñan un papel crucial en este sector, realizando tareas como la extracción y el procesamiento del mineral. Sin embargo, estas labores se llevan a cabo en condiciones de extrema precariedad, sin medidas de seguridad adecuadas, sin equipamiento, sin capacitación y con escasa supervisión. La falta de regulación y la necesidad económica obligan a hombres y mujeres a enfrentarse diariamente a riesgos mortales para llevar un sustento al hogar.
Según declaraciones de testigos presenciales la catástrofe se desató cuando una máquina de la empresa Caterpillar cayó sobre la mina artesanal. Las víctimas son en su mayoría mujeres jóvenes que han sido abandonadas por sus parejas y casi siempre tienen hijos a su cargo que deben mantener; una de esas mujeres, precisamente llevaba un niño pequeño en su espalda.
El primer ministro de Mali, Abdoulaye Maiga, dijo que el Gobierno tomaría medidas «implacables» en respuesta a la magnitud de los hechos, poniéndose de manifiesto la urgente necesidad de abordar las condiciones laborales en la minería de Malí.
Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la peligrosa realidad de la minería ilegal en este país africano, uno de los principales productores de oro de África, donde se viene pidiendo que se implementen regulaciones que garanticen la seguridad de las trabajadoras y trabajadores, así como que el gobierno promueva alternativas económicas que reduzcan la dependencia de actividades tan peligrosas.