LA IGLESIA CATÓLICA LIDERA EL «NO» A LA MINERÍA EN EL SALVADOR
La Conferencia Episcopal de El Salvador, en un esfuerzo conjunto con diversas organizaciones sociales, ha presentado al Congreso más de 150.000 firmas en rechazo a la nueva Ley de Minería Metálica. Esta normativa, aprobada en diciembre por el partido oficialista Nuevas Ideas, ha generado una ola de protestas y resistencia liderada por la Iglesia católica y apoyada por amplios sectores de la sociedad civil.
Por William Cortez. Corresponsal LATAM
El arzobispo José Luis Escobar Alas en el centro de la imagen al frente de las manifestaciones y concentraciones sociales en contra de la minería en el Salvador. Foto: Ress Press.
El Salvador dice si a la seguridad ciudadana , si a la lucha contras las Maras, si a las políticas sociales de Nayib Bukele, pero NO a la minería en el país. Bajo el lema “Sí a la Vida, No a la Minería” , El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha sido una de las voces más firmes en contra de la reactivación de la minería metálica. En sus declaraciones a las que hemos tenido acceso ACERO Y ROCA, enfatizó que la petición para derogar la ley no responde a intereses políticos, ideológicos ni económicos, sino a la necesidad de proteger el medioambiente y la salud de la población.
“La minería metálica representa un peligro inminente para nuestra tierra, nuestra agua y nuestro futuro”, afirmó el arzobispo Escobar Alas. Además, destacó que esta postura es compartida no solo por la Iglesia católica, sino también por iglesias evangélicas y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Preocupaciones ambientales y rechazo ciudadano
Manifestantes mostrando su rechazo a las políticas mineras de Nayib Bukele.
La nueva legislación otorga al Estado la facultad de explorar, extraer y procesar minerales en el territorio nacional. Sin embargo, los impactos ambientales y sanitarios de esta actividad han encendido las alarmas en múltiples sectores. Según una encuesta reciente, el 59.2% de la población considera que El Salvador no es un país adecuado para la minería.
Uno de los principales riesgos señalados por los opositores es el impacto en el acceso al agua potable. La minería metálica es una actividad altamente contaminante que amenaza fuentes de agua esenciales, como la cuenca del río Lempa, que abastece a millones de salvadoreños.
ADES y la sociedad civil en resistencia
A la oposición encabezada por la Iglesia se ha sumado la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), una organización ambientalista que ha calificado la nueva ley como “el mayor atentado” contra el medio ambiente salvadoreño. ADES advierte que la explotación minera pone en riesgo la salud y el acceso al agua de más de 4 millones de personas en los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
En un comunicado, ADES denunció la falta de consulta ciudadana y la ausencia de estudios técnicos que respalden la reactivación de la minería. “Este es el más grave peligro para nuestra existencia como país. Instamos a la sociedad salvadoreña a reflexionar sobre las consecuencias de esta decisión y a exigir a los funcionarios que escuchen al pueblo”, señaló la organización.
Un llamado a la acción
El presidente del Salvador es consciente del rechazo social a la minería metalífera pero insiste en ella como política de Estado.
La lucha contra la minería metálica en El Salvador no es nueva. En 2017, el país se convirtió en el primero del mundo en prohibir esta actividad debido a sus impactos devastadores. Sin embargo, la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica ha reavivado la batalla.
La Iglesia católica, junto a ADES y otras organizaciones, continúa impulsando la campaña “Sí a la Vida, No a la Minería”, buscando sensibilizar a la población y presionar para la derogación de la ley. La recolección de más de 150.000 firmas es un testimonio del rechazo ciudadano y un llamado al gobierno para que escuche la voz del pueblo.
El futuro de El Salvador está en juego, y la sociedad se mantiene en pie de lucha para evitar que la minería metálica cause daños irreparables al país.