votos a cambio de minas
El gobierno de Javier Milei oficializó la transferencia total del Establecimiento Minero Capillitas a la provincia de Catamarca, horas después de que el gobernador Raúl Jalil diera señales clave de apoyo en el Congreso. El traspaso, formalizado mediante el Decreto 205/2025, otorga a la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) el control absoluto del principal yacimiento de rodocrosita del país, incluyendo bienes, derechos y contratos en ejecución.
Por Sergio Álvarez. Corresponsal en Buenos Aires
Reunión entre Jaldo, Francos, Sáenz, Caputo, Jalil y Catalán para buscar apoyos y acuerdos
La votación
La decisión se produce en un contexto político donde cada voto en el Congreso es crucial para el oficialismo. En la Cámara de Diputados, los cuatro legisladores que responden a Jalil se ausentaron en la votación que ratificó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei, esencial para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta ausencia facilitó la aprobación del DNU con 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones.
Paralelamente, en el Senado, el legislador catamarqueño Guillermo Andrada se incorporó a un nuevo bloque peronista federal, alejándose parcialmente de Unión por la Patria. Estos movimientos han sido interpretados como gestos de alineamiento con el gobierno nacional, en un momento donde el oficialismo busca consolidar apoyos para sus iniciativas legislativas.
Una mano lava la otra
En este marco, Jalil se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el de Economía Luis Caputo, en un encuentro que resultó una estrategia habitual del oficialismo: negociar directamente con gobernadores con influencia en el Congreso.
La cita ocurrió en paralelo a la sesión en la Cámara baja y coincidió con otros gestos del Ejecutivo, como un adelanto financiero a Chaco y contactos con los gobernadores de Tucumán y Salta.
Votación en el congreso para aprobación del DNU con apoyo del gobernador de Catamarca
La decisión de traspasar Capillitas refuerza la política de reducción del Estado impulsada por Milei y se inscribe en la reorganización de empresas públicas.
A través del decreto, el gobierno cede a Catamarca todos los bienes muebles e inmuebles del yacimiento, junto con sus contratos y derechos asociados.
La provincia tendrá hasta seis meses para asumir plenamente el control de la explotación.
La transferencia también otorga a Catamarca la potestad de designar la presidencia de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una empresa interjurisdiccional clave en el sector minero.
Esta medida busca fortalecer la autonomía provincial en la gestión de sus recursos naturales y promover el desarrollo económico regional.
Capillitas y la rodocrosita
El yacimiento Capillitas, ubicado en el departamento de Andalgalá, es considerado un activo estratégico para la economía catamarqueña. Su explotación, centrada en la extracción de rodocrosita, ha sido históricamente gestionada por Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). En 2013, la provincia accedió a operar la mina mediante un contrato de concesión, ahora rescindido por la nueva disposición.
Entrada a la mina Capillita, transferida al gobierno de Catamarca por Milei a cambio de apoyos políticos
El decreto 205/2025 se notoficará a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como establece la Ley 26.122, para su revisión.
De todas maneras su publicación ya ha generado especulaciones sobre un acuerdo político entre el gobierno nacional y la gestión de Jalil, en un contexto donde cada voto en el Congreso se ha convertido en una moneda de cambio clave para la gobernabilidad.
Conclusión
La transferencia de Capillitas a Catamarca representa un hito en la política minera del país y refleja la compleja interacción entre las necesidades económicas y las estrategias políticas en Argentina.
Mientras el gobierno busca apoyos para sus políticas económicas, las provincias aprovechan la oportunidad para fortalecer su control sobre los recursos estratégicos. Una dinámica que define las relaciones de poder y gestión en el ámbito nacional.