El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria, que les garantiza estabilidad fiscal durante 30 años a las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país. Este régimen genera rispideces entre el gobierno, la oposición y varias cámaras empresariales que lo ven como una amenaza a la industria local. ACERO Y ROCA entrevistó al economista Hugo Berozzi, quien nos brindó detalles sobre las ventajas y desventajas del RIGI.

Por Alba Paz

«La evidencia internacional demuestra que no es lo mismo atraer inversiones que construir desarrollo».

¿Cómo encaja el RIGI en la estrategia económica de San Juan y qué sectores muestran mayor interés?

El RIGI busca atraer capitales de gran escala mediante una batería de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de ofrecer seguridad jurídica a los inversores.

Uno de los elementos más destacados del régimen es que traslada las disputas legales a fueros internacionales, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), reduciendo la posibilidad de intervención de los gobiernos provinciales y del sistema judicial local. Este marco otorga a las grandes empresas una mayor previsibilidad y confianza al momento de invertir.

El RIGI es algo que escapa a la estrategia de la provincia.  Pero dado que la actividad minera y que el 80% del territorio de San Juan son montañas, el impacto que tiene un programa como el RIGI, puede ser muy grande, no siempre necesariamente positivo, pero sin duda la actividad minera es una de las actividades principales de la provincia.

 

Beneficios del RIGI en San Juan: inversión, empleo y actividad económica

El principal atractivo del RIGI radica en su amplio paquete de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios.

Las empresas que se acojan a este régimen pueden importar insumos sin aranceles, acceder al mercado de divisas para remitir utilidades y gozar de estabilidad tributaria por 30 años.

En una provincia con un perfil minero, estos beneficios podrían traducirse en ingresos de capital internacional y en la reactivación de proyectos de gran escala como el de Josémaría, con potencial para generar miles de empleos.

La minería es, además, uno de los sectores que paga mejores salarios en la provincia, superando los 2 o 3 millones de pesos mensuales en algunos casos, muy por encima de otros rubros como el comercio o la agricultura.

El crecimiento de la actividad minera también podría impulsar indirectamente otros sectores industriales, mejorar la recaudación fiscal, a pesar de las reducciones impositivas, y dinamizar economías locales en departamentos como Iglesia, Jáchal o Calingasta.

Riesgos y desventajas: pérdida de soberanía, exclusión local y fuga de divisas

El RIGI presenta importantes desventajas, especialmente en lo que respecta a la capacidad de control y regulación por parte de los gobiernos provinciales y locales.

Uno de los puntos más sensibles es que las decisiones clave sobre grandes proyectos no se toman en San Juan, sino en organismos nacionales, lo que reduce el margen de negociación del gobierno provincial.

• El régimen no obliga a contratar mano de obra local, ni a capacitar personal sanjuanino, ni a desarrollar proveedores locales. Incluso prohíbe que las provincias impongan programas de «compre local», lo que limita fuertemente el desarrollo de la cadena productiva regional.

• Otro aspecto crítico es la transferencia de las disputas legales a tribunales internacionales, lo cual debilita la capacidad de acción de la Justicia sanjuanina y nacional.
  En casos de incidentes ambientales o conflictos laborales, como los que ya ha vivido la provincia, el gobierno local podría quedar atado de manos, con el riesgo de enfrentar juicios internacionales costosos y de alto impacto económico.

• Asimismo, el RIGI habilita a las empresas a no liquidar sus exportaciones en el país, a partir del tercer año de operación. Esto significa que los dólares generados por las exportaciones mineras podrían quedar fuera del sistema económico argentino, agravando los problemas estructurales de restricción externa y dificultando la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Una minería sin condiciones no garantiza desarrollo

Un aspecto clave del debate es que la minería en sí misma no asegura desarrollo económico ni mejora de calidad de vida.

Existen ejemplos extremos como Australia y la República Democrática del Congo, donde ambas economías dependen fuertemente de la minería, pero con resultados opuestos: mientras Australia tiene un PBI per cápita de más de 64.000 dólares, en el Congo no supera los 600 dólares.

La diferencia está en cómo se gestiona y regula la actividad. Por eso, la discusión no debe centrarse en “minería sí o no”, ni en “RIGI sí o no”, sino bajo en qué condiciones se promueve el desarrollo económico, qué beneficios se garantizan para la provincia y cómo se equilibra la llegada de inversiones con el fortalecimiento del entramado local.

Minería y RIGI en San Juan: ¿Crecimiento garantizado o una oportunidad que depende de las condiciones?

La posible implementación de grandes proyectos mineros promete un impacto económico sin precedentes en San Juan. El tamaño de estos proyectos garantiza que habrá un aumento en la actividad económica. Sin embargo, no toda actividad económica tiene el mismo valor en términos de desarrollo a largo plazo.

No es lo mismo que la minería demande en San Juan personal calificado con altos salarios, que emplear trabajadores para tareas de baja calificación como limpieza o logística básica. Tampoco es igual que las empresas mineras contraten proveedores locales de alta tecnología, a que se limiten a comprar viandas o contratar minibuses.

Capacidades locales y desarrollo sostenible

Hay ejemplos concretos que demuestran cómo la minería puede ser una palanca para el desarrollo sostenible.

En San Juan, gracias a la actividad minera previa a la implementación del RIGI, se desarrollaron empresas que hoy producen ropa de alta montaña de calidad internacional, capaz de competir en mercados de otras provincias e incluso del exterior.

Este tipo de evolución, que implica transferencia de tecnología, capacitación laboral y diversificación productiva, es la base de un verdadero desarrollo de largo plazo.

Por el contrario, si la actividad minera en San Juan sólo deja empleo circunstancial en rubros periféricos, como lavandería o servicios básicos, ese crecimiento será efímero. Cuando los proyectos mineros se terminen, la economía local quedará expuesta a un nuevo ciclo de retracción, sin haber fortalecido su estructura productiva.

¿Qué papel juega el RIGI en este escenario?

El RIGI, tal como fue aprobado, no contempla mecanismos para fomentar el desarrollo de capacidades locales ni la contratación de mano de obra o proveedores sanjuaninos. Por el contrario, prohíbe expresamente que las provincias impongan regulaciones que prioricen el «compre local», lo que limita de forma significativa la posibilidad de articular un crecimiento económico genuino y sostenido.

Además, no existen en la normativa, exigencias vinculadas a la transferencia de tecnología, la capacitación de trabajadores locales ni el fortalecimiento de PyMEs regionales, aspectos clave para que la minería actúe como motor de transformación económica y no sólo como generadora de riqueza pasajera.

¿Existen ejemplos de otros países que hayan implementado regímenes similares al RIGI? ¿Qué lecciones podrían tomarse de sus experiencias?

Muchos países en diferentes regiones del mundo han implementado regímenes de promoción de inversiones, similares al RIGI, sin embargo, el verdadero debate no está en si se deben otorgar incentivos, sino en cuáles son esos beneficios, cómo se aplican, por cuánto tiempo y qué se exige a cambio.

En América Latina, por ejemplo, Perú ha establecido regímenes con estabilidad tributaria por 15 años para promover la actividad minera, mientras que en República Dominicana se han aplicado reducciones parciales de impuestos para el turismo. Es decir, existen distintos modelos en todo el mundo para fomentar sectores estratégicos mediante ventajas fiscales. No obstante, cuando se analizan las condiciones del RIGI, su alcance en materia fiscal, cambiaria, arancelaria y de estabilidad legal resulta excepcionalmente amplio.

No son muchos los países que ofrecen un paquete tan generoso de beneficios a los inversores, sin exigir condiciones mínimas a cambio.

En general, los países que implementan este tipo de regímenes sí exigen contrapartidas. Entre las más comunes se encuentran: la contratación de mano de obra local, la transferencia de tecnología, el desarrollo de proveedores locales.

El caso de Argentina

En Argentina el RIGI otorga una gran cantidad de beneficios sin requerir compromisos claros en esas áreas. De hecho, algunos expertos señalan que sólo en países como Angola o Nigeria se encuentran marcos regulatorios tan favorables para el capital extranjero como el que plantea el RIGI.

En China, donde se impulsaron zonas económicas especiales para atraer inversiones, se otorgaron beneficios fiscales, sí, pero con fuertes exigencias de contenido local, empleo y transferencia tecnológica, lo que permitió el surgimiento de una industria nacional robusta y competitiva. El resultado fue un crecimiento acelerado, pero también un desarrollo con bases propias.

En cambio, países como Nigeria y Angola, que durante años otorgaron beneficios impositivos y aduaneros sin grandes exigencias, no han visto traducidas esas políticas en desarrollo sostenible ni mejoras sociales significativas. El crecimiento de sectores extractivos en esos países no logró impulsar otras áreas de la economía ni generar empleo de calidad a gran escala.

La importancia de la «letra chica»

La evidencia internacional demuestra que no es lo mismo atraer inversiones que construir desarrollo.

En este sentido, el RIGI argentino plantea una preocupación clave: se otorgan numerosos beneficios por 30 años, pero sin exigir al inversor extranjero compromisos concretos con el desarrollo local.

Por eso, resulta fundamental mirar la letra chica. Dar muchos beneficios a cambio de nada o de muy poco, puede generar inversión a corto plazo, pero no garantiza progreso ni sostenibilidad a largo plazo.

Lo que diferencia a los modelos exitosos, es cómo equilibran los incentivos con las exigencias, para que las inversiones también se traduzcan en empleo, conocimiento y oportunidades para la población local.

En su opinión, ¿Cómo cree que evolucionará el RIGI en el futuro, teniendo en cuenta las tendencias económicas globales y los desafíos internos del país?

En los últimos meses, y particularmente en estas semanas, hemos visto cómo las reglas del juego económico internacional están cambiando aceleradamente, impulsadas sobre todo por modificaciones en la política económica de Estados Unidos, aún la principal economía del mundo, aunque con China pisándole los talones.

La economía internacional se mueve en un terreno cada vez más inestable, donde incluso decisiones que parecían firmes, como la imposición de aranceles, pueden reverse en 48 horas, según el humor político del momento.

A esa incertidumbre externa se suma la inestabilidad política e institucional interna, que quedó evidenciada con la derrota del Gobierno Nacional en el Senado, la controversia por los nombramientos unilaterales en la Corte Suprema o el levantamiento del Cepo.

En un contexto así, incluso leyes como el RIGI, que en teoría buscan atraer inversiones con beneficios impositivos, cambiarios y legales excepcionales, pierden fuerza frente a un clima de desconfianza estructural.

Recordemos que el RIGI fue aprobado por un margen muy ajustado, con el voto decisivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Entre los votos afirmativos, incluso se encontraba un senador actualmente detenido en Paraguay, acusado de corrupción y lavado de dinero. Si avanza esa investigación y se comprueba que participó indebidamente en el proceso legislativo, podría abrirse la puerta para impugnar la validez de la votación y, por tanto, de la ley misma.

Las leyes no alcanzan

Aunque hoy el RIGI esté vigente, una ley por sí sola no garantiza estabilidad ni cumplimiento efectivo, especialmente en un país donde las reglas pueden cambiar según la coyuntura política. La letra escrita no reemplaza a la confianza, y la desconfianza, interna y externa, es un activo que se pierde mucho más rápido de lo que se construye.

Ya pasó un año desde la aprobación del RIGI, y las grandes inversiones prometidas aún no se materializan. El régimen incluso permite prórrogas para su aplicación, pero no hemos visto señales claras de un despegue.

En provincias como San Juan, con enorme potencial minero, está claro que hay espacio para el crecimiento. Pero ese crecimiento no depende exclusivamente del RIGI.

La provincia ya ha llevado adelante desarrollos mineros relevantes sin necesidad de un régimen tan permisivo como el actual.
Por eso, el debate debe ir más allá de la existencia o no del RIGI, y concentrarse en las condiciones reales que necesita la inversión para transformar recursos naturales en desarrollo sostenible.

Las leyes pueden ser necesarias, pero no son suficientes. Mientras no se resuelva el ruido político, la fragilidad institucional y la incertidumbre macroeconómica, difícilmente una ley, por más generosa que sea con el capital, podrá encender el motor de un crecimiento duradero.

Perfil personal. Hugo Berozzi

Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Cuyo y MSc in Global Development de la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Es Analista de Riesgo y Operaciones en el fondo de garantía público provincial Garantía San Juan, y profesor de Teoría Económica I en la Universidad Católica de Cuyo.
Trabajó como director de Competitividad y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de San Juan. Además, se ha perfeccionado y trabajado en Dinamarca, Alemania, México y Argentina y realizado tareas de voluntariado en India e Italia.