En el año 2010 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley N.º 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar”, también conocida como “Ley de Glaciares”, la cual tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Hito ambiental importante en la historia argentina que hay que defender.
ACERO Y ROCA entrevistó a Agostina Rossi Serra, especialista de biodiversidad de «Greenpeace Argentina» para conocer la importancia de la Ley de Glaciares, su efectivo cumplimiento y la amenaza que genera la actividad minera sobre estos ecosistemas.

Por Luciana Vignoli

La Ley de Glaciares (Ley N°26.639) vigente desde 2010, constituye una herramienta importante para la protección del agua como recurso estratégico.

Su objetivo es preservar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas hídricas, priorizando el cuidado de estos ecosistemas frente al avance de la crisis climática. Su implementación ha implicado diversos desafíos, pero también avances concretos como la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA.

“La aplicación de la Ley de Glaciares se da en contextos muy diversos, ya que Argentina cuenta con una cordillera extensa y heterogénea, donde convergen realidades sociales, ambientales y económicas distintas en cada región” explica Agostina y agrega que “provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza actualmente cuentan con diferentes desarrollos de actividad minera.

Estas regiones también albergan importantes ecosistemas glaciares que cumplen un rol clave en la regulación hídrica y climática, que es importante sean preservados”.

Inventario Nacional de Glaciares la herramienta para conocer mejor nuestros glaciares

El Inventario Nacional de Glaciares (ING) fue publicado en 2018 por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la actual Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Este documento constituye una herramienta científica clave para conocer la ubicación, superficie y características de los glaciares del país. Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo provee una estimación de las reservas hídricas en estado sólido que existen en las diferentes cuencas andinas e información básica para conocer la capacidad reguladora de esos cuerpos sobre los caudales de nuestros ríos en condiciones climáticas extremas.

El ING se organiza en tres niveles de monitoreo de glaciares y crioformas de Argentina. No son consecutivos, sino que se desarrollan en paralelo.

• El primero busca determinar la cantidad, ubicación y superficie de los distintos cuerpos. El primer nivel es un relevamiento del estado general que se actualiza cada 5 años.
• El segundo consiste en un análisis de cuál ha sido la dinámica y cómo han variado su tamaño y desplazamiento en un plazo reciente. Este nivel se apoya en un modelo matemático.
• El tercero responde a los parámetros físicos que rigen el comportamiento de los cuerpos de hielo. Se estudia y determina el volumen de agua que contienen, cómo es la topografía bajo ellos, cuál es su aporte a la escorrentía de los ríos, cómo reaccionan frente a las condiciones meteorológicas actuales o cómo lo harían frente a los escenarios climáticos futuros.
  Para ello se estudia en detalle, renovando y actualizando de manera continua la información de un total de ocho cuerpos glaciarios y periglaciarios.

“Esta información permite orientar la toma de decisiones en relación al uso del territorio y la conservación de fuentes estratégicas de agua” remarca Agostina y agrega que “actualmente, el inventario se encuentra en proceso de actualización, tal como establece la propia Ley de Glaciares, que indica que debe ser revisado cada cinco años como máximo. En ese marco, ya fue publicada la actualización 2024 correspondiente a la región de los Andes desérticos”.

Dado que los glaciares y el ambiente periglacial brindan servicios ambientales a toda la sociedad, excediendo los límites jurisdiccionales, su conservación debe estar garantizada por una norma de mayor jerarquía, que atienda a los intereses de toda la nación.

Control para garantizar el cumplimiento de la Ley de Glaciares

Agostina explica que “los organismos de control estatal son los garantes fundamentales de que la Ley de Glaciares se cumpla en todo el territorio nacional. Tienen la responsabilidad de aplicar la normativa, evaluar los proyectos que pudieran afectar a glaciares o al ambiente periglacial, y asegurar que no se desarrollen actividades prohibidas en zonas protegidas”.

“Su rol no es sólo técnico, sino también estratégico: son quienes tienen el poder y la autoridad legal para proteger reservas hídricas clave para el presente y el futuro del país. Esto incluye desde la validación ambiental de proyectos hasta la fiscalización en territorio, pasando por la articulación con las provincias y la sociedad civil” explica la especialista.

Cuando estos organismos actúan con compromiso y cuentan con los recursos necesarios, pueden ser un pilar central en la defensa del agua y de los ecosistemas de montaña frente al avance de la crisis climática y otras presiones.

 El impacto de la actividad minera sobre los glaciares

Agostina detalla que “entre los posibles impactos se encuentra el uso intensivo de agua y energía en entornos frágiles, lo que puede afectar la estabilidad de estos ecosistemas y su función como reservas hídricas” y agrega que “en ciertos casos, puede existir el riesgo potencial de contaminación por metales pesados si no se manejan correctamente los residuos y efluentes. Estos impactos, en conjunto, pueden agravar la vulnerabilidad de las fuentes de agua frente al avance de la crisis climática”.

“La deposición de carbono negro, partículas de hollín generadas por la quema incompleta de combustibles fósiles y biomasa, sobre la superficie de los glaciares reduce su albedo, es decir, su capacidad para reflejar la radiación solar” advierte la profesional y señala que “esto incrementa la absorción de calor y acelera su derretimiento, exacerbando la pérdida de masa glaciar y afectando la disponibilidad de agua en las regiones que dependen de estos ecosistemas».

En 2016, Greenpeace denunció la existencia de al menos 44 proyectos mineros superpuestos con áreas protegidas por la Ley de Glaciares, según un informe oficial del entonces Ministerio de Ambiente. Uno de los casos emblemáticos es Veladero, operado por Barrick Gold en San Juan.

“Veladero es una mina que se encuentra sobre ambiente periglacial, por lo tanto, protegido por ley, y dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo. Además, entre 2015 y 2017 sufrió tres derrames de cianuro».
«El más grave contaminó fuentes de agua cercanas y derivó en cargos contra funcionarios públicos y aún no hay juicio” explica Agostina y remarca que “este caso ilustra cómo la falta de aplicación efectiva de la ley puede tener consecuencias ambientales y sociales graves”.

Sin embargo, hay provincias donde la ley se aplica para proteger a los glaciares de los proyectos mineros. Agostina comenta que “en Mendoza, la autoridad ambiental rechazó dos proyectos mineros presentados en el marco del Mapa de Desarrollo Minero Orientado (MDMO) por ubicarse en zonas con glaciares, reafirmando que la ley puede ser efectiva si se aplica con firmeza”.

Estos casos expuestos resaltan la importancia de una implementación efectiva de la Ley de Glaciares para garantizar la protección de estos ecosistemas. 

Consecuencias ambientales por la falta de cumplimiento de la ley

“Los glaciares y el ambiente periglacial desempeñan un papel fundamental en el equilibrio hídrico y climático de las regiones andinas y en todo el mundo. Su degradación podría afectar la disponibilidad de agua y la resiliencia de los ecosistemas frente a la crisis climática” advierte Agostina y remarca que “la pérdida de glaciares puede alterar el microclima local, afectando la biodiversidad y las actividades productivas que dependen de estos ecosistemas”.

La Ley de Glaciares establece medidas para preservar estos ambientes, y su cumplimiento es esencial para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

“Es fundamental fortalecer la implementación efectiva de la Ley de Glaciares. Esto implica asegurar que las disposiciones existentes se apliquen rigurosamente y que los organismos responsables cuenten con los recursos necesarios para su cumplimiento” señala Agostina.

Para que la Ley de Glaciares se implemente efectivamente es necesario garantizar la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares y reforzar los mecanismos de fiscalización y control para prevenir actividades que puedan afectar los glaciares y el ambiente periglacial, lo cual incluye la realización de auditorías ambientales independientes y la aplicación de sanciones en caso de incumplimientos.

“Es importante promover la transparencia y el acceso a la información, facilitando que la ciudadanía y las comunidades locales participen activamente en la protección de estos ecosistemas. El diálogo multisectorial y la educación ambiental son herramientas clave para fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los glaciares” destaca Agostina y agrega que “es necesario asegurar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para implementar estrategias integrales de conservación”.

A través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá garantizar la protección de los glaciares, que son vitales para la disponibilidad de agua y la resiliencia frente a la crisis climática.

“Creemos que es fundamental que la sociedad comprenda la importancia de estos ecosistemas únicos, no sólo como reservas estratégicas de agua dulce, sino también como pilares fundamentales para el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades” comenta la especialista, y remarca que “el verdadero desarrollo no puede construirse a costa de la destrucción de la naturaleza.

¡Los glaciares no se tocan!, y desde Greenpeace estaremos ahí para defenderlos siempre que sea necesario”.