En América Latina la minería se instala con el discurso de progreso, desarrollo y futuro. Sin embargo, en los territorios, la resistencia y la lucha crece. Impunidad de las empresas mineras, silencio por parte de los estados y la necesidad de defender la tierra y sus recursos naturales.
ACERO Y ROCA entrevistó a Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) para conocer cómo se impone el modelo extractivista en América Latina, la contaminación que genera y la criminalización hacia los defensores ambientales.

Por Luciana Vignoli

Conociendo el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) es una organización, que surge a principios de los años ’90 en Chile, acompañando a comunidades en conflicto socioambiental que, en condiciones de profunda asimetría, enfrentan un modelo económico depredador impuesto en los territorios.

Desde OLCA se promueve la participación y el protagonismo colectivo, la sistematización y el intercambio de experiencias y conocimientos, la articulación y el desarrollo de procesos de valoración identitaria, con una perspectiva de género y de derechos, para incidir en la construcción de alternativas al desarrollo, que estén al servicio de la vida, los ecosistemas, y las comunidades y pueblos que los habitan.

“Como parte del proceso que hace OLCA justamente es, tanto en Chile con una red de organizaciones en Latinoamérica, instalar una dimensión particular de los movimientos sociales, de la creación de un movimiento que se hace cargo de abordar la crisis ecológica como parte de la crisis política que vive la región y nuestro país, en particular en Chile” explica Lucio y agrega que “OLCA surge como un proyecto de trabajo con una definición del lado de los territorios y de las comunidades que estaban siendo afectadas por estas políticas extractivistas. En ese momento no se hablaba todavía de extractivismo, pero sí de altos impactos ambientales por ciertas actividades que estaban desplegándose a lo largo de Chile y de Latinoamérica y que estaban teniendo altas consecuencias sociales y ambientales”.

De esta manera se crean instrumentos para procesar y sistematizar la información, generando procesos de intercambio entre territorios, entre países, que permita ir conociendo y aprendiendo sobre las distintas situaciones que se estaban produciendo en cada uno de los países y en cada uno de los territorios.

Mapa latinoamericano de luchas y resistencias contra la actividad extractivista

“También nos interesa generar un movimiento social o un componente del movimiento social que se haga cargo de esta dimensión de la crisis política, la crisis ecológica, y que genere también un actor social que pueda levantar otro paradigma del abordaje de estas problemáticas políticas en nuestra sociedad y fortalecer por esa vía también el movimiento social” comenta Lucio y señala que “también nos ha interesado participar de los debates políticos ambientales, de tal manera de ir nutriendo este proceso de hacerse cargo de otro paradigma de sociedad finalmente”.

Concientizar a la sociedad

La actividad minera genera impactos ambientales que desencadenan conflictos por el uso o la contaminación de los recursos naturales como el agua, el aire, la tierra, así como también el desplazamiento de poblaciones o el uso de lugares con significado especial para los habitantes originarios de las localidades en cuestión. ¿La sociedad es consciente de esta situación?

“Creo que ha habido un avance en términos de tomar conciencia del riesgo que se está corriendo al profundizar una política económica extractivista. Eso no solamente tiene consecuencias a la naturaleza, sino que tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias para los sistemas democráticos de nuestros países, de la dependencia de los países del norte global” reconoce Lucio y advierte que “hay una serie de cuestiones que están vinculadas a este factor de fondo que produce y profundiza esta crisis, que es el sistema político y económico que ha imperado en Latinoamérica a lo largo de este tiempo”.

Los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general ha ido tomando más conciencia sobre la situación generada por la minería dando como resultado el surgimiento de movimientos que defienden la tierra y sus recursos naturales.

“Hoy en día hay muchos movimientos que surgen para defender territorios, para proponer alternativas distintas de modos de vida, de cómo vivir en un determinado territorio, distintos pueblos, comunidades” explica el profesional y afirma que “la misma expresión de resistencia o de oposición a la intervención en esos territorios es parte de esa conciencia también, es parte de esa mirada que está buscando superar este paradigma del crecimiento económico basado en la explotación infinita de la naturaleza”.

Orden de prioridades

Sin embargo, a pesar del avance como sociedad, Lucio Cuenca, Director de OLCA reconoce que “hay momentos en que retrocedemos, como es el momento que estamos viviendo hoy día en algunos países de Latinoamérica y en el mundo en realidad, donde se ponen más al centro algunas otras prioridades, porque empiezan a prevalecer discursos más conservadores, más pro-inversión, pro-capital, y van quedando en segundo orden las prioridades respecto del bien común, de mantener equilibrios con el entorno, con la naturaleza en que nos toca desenvolver nuestras vidas”.

Repitiendo el discurso minero

En América Latina, la minería se instala a través de un discurso cargado de promesas de desarrollo y futuro. Sin embargo, detrás de ese discurso aparecen intereses económicos, persecución y contaminación.

“Después de los años ’90, viene esto que se le ha denominado la “minería moderna”, con nuevas tecnologías, con nuevas estrategias de instalación en los territorios” advierte Lucio y denuncia que “de alguna manera los actores económicos interesados, ya sea el Estado o las propias empresas, se han dedicado a cultivar esto de que somos un país minero y que dependemos altamente de la minería. Esos son mitos que se siguen cultivando para fomentar el ingreso a gran escala de la minería transnacional, de la minería de capitales de países del norte, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Sudáfrica”.

“Todo esto se está dando a partir de este nuevo relato de que la minería puede salvar el planeta porque está ligado y es un pilar muy importante para la transición energética” remarca Lucio y agrega que “es una estrategia y es un discurso elaborado desde el norte global, desde los países industrializados, para aparentar que están enfrentando y están tomando medidas frente a la crisis climática, pero finalmente lo están haciendo a partir de las materias primas y de la energía y del trabajo de los países como los nuestros” explica Lucio y señala que “esto está incorporado incluso en los discursos de nuestros gobiernos”.

“Este discurso verde de la nueva minería, está generando nuevas preocupaciones, nuevas contradicciones porque están abriendo nuevos campos de conflictividad y de sobreexplotación de los territorios a partir de estas nuevas oleadas de extractivistas y de inversión extranjera que pone en duda los beneficios que puede traer para nuestro país y para el planeta”.

Toxicidad minera

“Las grandes corporaciones mineras hoy en día están en todos nuestros países y esta avalancha de inversiones y de nuevos proyectos tiene un efecto de que ya toda la región pasa a ser minera. Todos los países, incluidos los países centroamericanos pasan a estar en la mira de esta minería que usan tecnologías con sustancias químicas altamente tóxicas, como es el ácido sulfúrico o el cianuro, que son sustancias altamente peligrosas y con alto potencial contaminador, y que requiere también mover mucha cantidad de roca, mucha montaña, y eso obviamente va multiplicando los impactos, porque también estos proyectos necesitan mucha agua y mucha energía” explica Lucio.

“Toda esta configuración de minería moderna se transforman en grandes amenazas en los territorios donde se han instalado, son amenazas políticas, porque fomentan la corrupción política, porque violentan los derechos humanos en los territorios donde se instalan, porque empujan a los países a tomar decisiones respecto a facilitar, bajar las normas ambientales, las exigencias de estándares de seguridad, de condiciones laborales, para que finalmente las empresas encuentren más atractivo instalarse en nuestros países, y en eso hay una amplia complicidad también de nuestros gobernantes, de los sistemas políticos y de los distintos gobiernos que tenemos en Latinoamérica” denuncia el profesional.

Persecución y criminalización a quienes defienden la tierra

“Latinoamérica, de acuerdo a los registros internacionales, es la zona del mundo donde más persecución y criminalización hay de los defensores ambientales y las defensoras ambientales».

«Dentro de ese universo de personas criminalizadas o amenazadas o perseguidas, los defensores y defensoras relacionadas a la defensa de territorios frente a la minería son la mayoría” advierte Lucio Cuenca.

“Cada país tiene expresiones particulares, esta vulneración de los derechos en algunos lugares es más dura, incluso involucra a empresas directamente con el sicariato, con la muerte de campesinos, campesinas, de pueblos indígenas, en otros lugares las estrategias son un poco más sofisticadas” denuncia Lucio.

Reporte de derechos humanos

La organización de Derechos Humanos Global Witness publicó en el 2023 el reporte de la situación de personas defensoras del territorio y el medio ambiente, revelando que al menos 196 activistas y líderes comunitarios fueron asesinados, siendo Latinoamérica la región más violenta donde se concentraron el 85% de los casos.

Los asesinatos se han concentrado en cuatro países: Brasil con 25 casos, Colombia con 79, Honduras y México con 18 casos respectivamente.

De las personas asesinadas en 2023, el 43 % eran indígenas y el 12 % mujeres.

Vulneración de derechos

“Hay distintos niveles de exigencia también en nuestros países o en algunos hay más permisividad, en otros de alguna manera se vuelve bastante impresentable empujar una iniciativa económica que esté centrada en la vulneración de los derechos humanos, pero también las empresas han ido creando nuevas estrategias para hacer lo mismo cuidando su reputación respecto de la vulneración de los derechos humanos” señala el director de OLCA.

Estrategias de la responsabilidad social corporativa, estrategias de valor compartido, estrategias de las nuevas gobernanzas, es la forma en que la minería intenta cuidar su reputación.

“Es una serie de relatos que busca legitimar o relegitimar una actividad altamente cuestionada en nuestros países por los impactos ambientales y por el escaso beneficio social y económico que representa para nuestros países, entonces las empresas buscan atenuar el conflicto en los territorios a partir de estas nuevas estrategias que les permite de alguna manera obtener cierta licencia social para operar” explica el profesional.

“Son acuerdos o estrategias que tienen vigencia de muy corto plazo, porque cuando la comunidad se da cuenta que los impactos ambientales están afectando la salud, que están precarizando la vida en distintas dimensiones de la comunidad, la conflictividad vuelve a florecer porque la gente no está dispuesta a tolerar ese nivel de impacto en el territorio” denuncia Lucio y advierte que “el extractivismo minero está disponible a usar todos los instrumentos para llevar adelante sus iniciativas extractivas económicas en nuestros países”.