Alfredo Omar Vitaller, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera Vicuña, se está convirtiendo en una figura controvertida en la provincia de San Juan. Actualmente Vitaller lidera la comunicación y gestión corporativa de una iniciativa que podría transformar la minería local con una inversión superior a los 5.000 millones de dólares y una vida útil estimada de 80 años.

Por Redacción ACERO Y ROCA

La gestión de Vitaller como vicepresidente de Vicuña ha generado y continúa haciéndolo, ciertas tensiones en San Juan, ya que según alegan algunos proveedores locales, se prioriza a los foráneos sobre las empresas sanjuaninas.

En recientes declaraciones que realizó a la agencia internacional de noticias especializadas en economía, finanzas y mercados «Bloomberg«, Vitaller afirmó que «para determinadas áreas hay proveedores que pueden cumplir con las necesidades. Hay un montón de cuestiones que son tan sofisticadas que aquí en Argentina no están. Lo que no encontremos en San Juan vamos a tener que salir a buscar en Argentina, y lo que no encontremos en Argentina, afuera»

Los hechos contradicen el discurso

Según se ha conocido a través de la misma Vicuña, la minera licitó recientemente obras clave que fueron adjudicadas a la empresa SEMISA, con sede en San Luis, en una UTE (Unión Transitoria de Empresas) junto a la sanjuanina TERUSI.

La licitación generó grandes expectativas en el tejido empresarial de San Juan que veía con ilusión la posibilidad de comenzar a trabajar en un gran proyecto, tras la parálisis de la obra pública en la provincia, pero Vitaller, aparentemente olvidó la declaración hecha a Bloomberg y dejó afuera a empresas locales altamente cualificadas, con personal cien por ciento sanjuanino y eligió la opción foránea, argumentando que era una UTE con una empresa local.

Pero lo que no se comunicó públicamente es que la participación de la empresa local es claramente minoritaria. El grueso del negocio, y por lo tanto de los ingresos, del empleo calificado y de la rentabilidad, se va de San Juan.

Esto no sólo contradice el compromiso público de priorizar lo local, sino que deja en evidencia que las decisiones no se basan en una estrategia de desarrollo regional, sino en una lógica de reducción de costos a cualquier precio.

Vitaller rompe el espíritu de Josemaría

Vitaller lleva años al frente del proyecto Josemaría, (hoy Vicuña por la fusión de BHP y Lundin), cuyo nombre se debe al fundador del Opus Dei José Maria Escrivá de Balaguer.

Su mano derecha desde el inicio Ivan Grgic, exsacerdote, hoy es el Gerente de Relaciones Institucionales del proyecto minero Josemaría, gran conocedor de la sociedad sanjuanina, por su ejercicio como párroco en Calingasta.

Durante años Grgic ha asesorado personalmente a Vitaller, liderando las relaciones institucionales del proyecto Josemaría, y ha sido y es, una figura clave en la articulación entre la empresa, las comunidades locales y las instituciones gubernamentales.

El papel de Ivan Grgic

Grgic, es Licenciado en Comunicación Social y hasta ahora ha sido la cara amable del proyecto minero ante la sociedad, por lo que es un ejecutivo aceptado en todos los estratos.

Se trata de una persona que sabe cómo manejar la información, conoce a la sociedad sanjuanina, y siempre ha enfatizado «la relevancia de trabajar conjuntamente con los proveedores locales, considerando su desarrollo como un aspecto central del proyecto, según sus palabras.
En esta ocasión está frente a un dilema moral y ético, ya que el espíritu localista de Josemaría se ha roto con esta adjudicación, priorizando intereses ajenos al pueblo de San Juan, que el tanto ha defendido hasta ahora.

Lo que Vicuña no dice: Pierde San Juan 

La inversión estimada para la obra adjudicada por Minera Vicuña a la UTE conformada por Terusi Construcciones S.A. y Semisa Infraestructura S.A., que abarca la construcción de 50 kilómetros del Corredor Norte en San Juan, nunca fue informada, pero podemos hacer un cálculo estimativo, utilizando costos promedio de construcción de caminos en Argentina.

Estimación de inversión

Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el costo promedio de construcción de caminos rurales en Argentina se sitúa alrededor de USD 1 millón por kilómetro.
Aplicando este valor a los 50 kilómetros proyectados, la inversión total estimada ascendería a USD 50 millones. 

Detalles adicionales del proyecto

• Duración estimada de la obra: 16 meses.
• Empleo generado: Aproximadamente 120 puestos de trabajo directos e indirectos.

Es importante destacar que estos valores son aproximados y pueden variar según las especificaciones técnicas del proyecto, las condiciones del terreno y otros factores inherentes a la obra.

Elección polémica

¿En San Juan existen empresas con capacidad técnica para realizar las obras sin necesidad de recurrir a firmas externas? Sí, sin embargo, la decisión de priorizar el precio por sobre el desarrollo de proveedores locales ha sido interpretada como una estrategia para reducir costos y maximizar resultados financieros, en detrimento de la licencia social y el fortalecimiento económico regional.

Vitaller, según voces cercanas al sector, prefiere cerrar contratos al menor precio posible, sin importar si eso implica excluir a empresas locales con capacidad técnica comprobada.

El objetivo final: mejorar la cuenta de resultados anual y garantizarse un bono millonario a fin de año. Todo, a costa de debilitar el tejido económico sanjuanino.

¿Por qué se permite esto?

El actual gobierno provincial ha sido cuestionado en privado por permitir que a empresas fuera de San Juan se les adjudiquen obras y licitaciones, facilitando la salida de recursos económicos de la provincia sin generar riqueza local significativa.

Según un empresario de la construcción local, que prefiere no identificarse públicamente «Las empresas de afuera llegan, arreglan un contrato conveniente, les tiran a los proveedores las sobras o el -menudeo- y con eso ya duermen tranquilos porque -están dando trabajo a San Juan-«, y añade «El principal problema de esto es que cuando queramos reaccionar ya va a ser tarde y vamos a tener todas las empresas de Argentina y del mundo haciendo lo que los sanjuaninos deberíamos estar haciendo. La diferencia es que nosotros pagamos impuestos acá, contratamos gente de acá y dejamos la plata acá», expresa.

Discrepancias políticas

En el gabinete de Orrego hay discrepancias internas entre los ministros, unos están a favor de las prácticas de Vitaller calificando de “faltos de iniciativa” a los empresarios locales, e instando a evitar el “club de amigos” de proveedores.
Esta posición sugiere que las empresas deben ser proactivas y buscar oportunidades y no pretender protección automática.

Mientras tanto, otros ministros ven que esta visión contrasta con el reclamo generalizado de pequeños y medianos proveedores, que demandan mayor contención institucional para poder competir y salir de una crisis que ellos no han generado.

Esta discrepancia interna ha provocado incertidumbre y descontento en el sector empresarial regional, que reclama mayor control y políticas que incentiven la contratación local, ya que algunos ministros hasta antes de ser funcionarios estaban del lado de los empresarios, y ahora no entienden este comportamiento y esta manera de pensar y actuar.

La ley de proveedores que no llega 

La aprobación de la ley de proveedores mineros locales en San Juan enfrenta múltiples obstáculos que han frenado su avance. Uno de los principales es la falta de consenso entre las cámaras empresariales.

Desde CAPRIMSA, se señala que las obligaciones hacia proveedores locales ya están contempladas en las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos mineros, pero está claro que esto no se cumple, y hoy SEMISA empresa de San Luis, ya es socia de esta cámara.

Otro punto de conflicto es la falta de una definición clara de “proveedor local”, lo que ha generado debates sobre cómo debería aplicarse la normativa.

También existe una falsa preocupación en el sector privado, instaurada por los lobbies mineros, con intereses específicos, por el carácter proteccionista de la ley, que podría interpretarse como una barrera a la inversión extranjera en minería.

A esto se suma el malestar por la falta de participación de algunas cámaras en la redacción del proyecto.

Lo cierto es que mientras las discusiones bizantinas se producen, y la pelea interna desgasta a los actores locales, las inversiones se alejan de la provincia y una vez más la astucia de los de afuera, hace que San Juan pierda en todos los sentidos.

San Juan no rechaza la competencia 

Las empresas del sector consultadas por ACERO Y ROCA, en este sentido dejaron clara su postura: «No se trata de cerrar la provincia al capital externo. San Juan no le teme a la competencia. Pero competir en condiciones desiguales, sabiendo que los procesos de adjudicación favorecen lo externo por decisión deliberada de un ejecutivo como Vitaller, es simplemente injusto».

Una vez más, el miedo a represalias hace que el silencio y la sumisión actúe en algunos empresarios que han tenido que irse a otras provincias para poder subsistir cuando levantaron la voz, pero los directorios de algunas de estas empresas tradicionales hoy están en manos de jóvenes que no están dispuestos a callar y conformarse con lo que «le sobre a Vicuña o cubrir las urgencias», y van a defender la localía desde el lugar que les corresponde.

Preguntas clave que surgen

Preguntas sin respuesta que merecen una explicación:

• • ¿Por qué el gobierno de San Juan permite que empresas de fuera se impongan sistemáticamente sobre las locales?
• • ¿Cuáles son los verdaderos criterios que utiliza la minera para adjudicar obras y servicios?
• • ¿Qué rol juega el Ministerio de Minería y su titular ante esta situación?
• • ¿Se han realizado auditorías o seguimientos de cumplimiento del compromiso de “compras locales” firmado por Vicuña por parte del gobierno de San juan?
• • ¿Cómo se justifican los bonos millonarios de gerentes como Vitaller en un contexto de reclamos por exclusión de empresas regionales?
• • ¿Se beneficia Vitaller y los directivos cercanos a él con este tipo de adjudicaciones?
• • ¿Por qué no se exige mayor transparencia en la composición real de las UTE?
• • ¿Por qué no se incentiva la formación y fortalecimiento de proveedores locales desde la propia empresa minera?
• • ¿Qué consecuencias sociales tendrá a largo plazo este modelo extractivo sin raíces en el territorio?
• • ¿Qué rol juegan las autoridades provinciales en la supervisión y fiscalización de estas contrataciones?

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Reflexión

San Juan merece algo más que ser una cantera de la que extraen riqueza. Merece ser parte activa de un modelo que genere valor, empleo, conocimiento y futuro. La licencia social no es sólo un trámite, es un pacto. Y Vitaller, hoy, parece más interesado en los balances que en el bienestar de la comunidad.

Si se le permite a Vicuña este tipo de acciones, se puede sentar un peligroso precedente para San Juan y para el futuro de la minería en la provincia.
Y más grave todavía, nos estaremos condenando a ser un pueblo usado, explotado en sus recursos naturales, con regalías hipotecadas a futuro, empobrecido y que se conforma con migajas.

Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla 

Ya hemos aprendido que No vale todo en minería.
Si bien somos una provincia minera, queremos que las riquezas que nos regala nuestra tierra redunden en beneficios para su gente, sus comunidades y cada uno de los habitantes de nuestro San Juan.

Las comunidades no pueden conformarse con cursos para hacer mermeladas o macramé, o con la creación de UTEs, donde las empresas locales sean sólo acompañantes.

Debemos exigir desarrollos reales de empresas sanjuaninas, la creación de una «Bolsa de Empleo» para contrataciones de las obras y futuros proyectos.

Es momento de unir fuerzas, creando la «Liga de proveedores locales» y de pedirle al gobierno que exija transparencia y se ponga la camiseta de San Juan. Hoy más que nunca primero San Juan.