¿Quién controla el litio en Argentina? Crecen las denuncias por evasión y descontrol estatal
Argentina se prepara para convertirse en uno de los principales exportadores de litio del mundo, con un crecimiento proyectado del 75% en su producción durante 2025. Sin embargo, detrás del llamado “oro blanco” comienza a instalarse una sombra: denuncias por subfacturación, contrabando y evasión fiscal que ponen en tela de juicio la transparencia del modelo extractivo.
Por Sergio Álvarez

El litio se ha convertido en un minería necesario pero a la vez polémico
Según datos de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en 2024 se produjeron 74.600 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), y se espera que esa cifra ascienda a 131.800 toneladas en 2025.
Los principales proyectos se concentran en Jujuy, Salta y Catamarca, dentro del denominado “Triángulo del litio”.
A pesar de ese crecimiento, las exportaciones de litio registraron una caída del 24% en dólares durante 2024, totalizando 631 millones.
El Gobierno nacional lo atribuye a la baja del precio internacional del litio, que perdió el 80% de su valor desde 2021. Pero no todos aceptan esa explicación.
La denuncia: subfacturación y contrabando por USD 683 millones
La Cámara Latinoamericana del Litio, presidida por el economista y especialista en mercados Pablo Rutigliano, presentó una denuncia penal ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y la Policía Federal.
Acusa a empresas mineras, funcionarios públicos y organismos regulatorios por prácticas sistemáticas de evasión fiscal y contrabando.
Pablo Rutigliano presidente de la cámara latinoamericana de litio, presentó una denuncia penal con final abierto
Según los documentos aportados, entre enero y julio de 2023 se exportaron 16.759 toneladas de litio desde Salta y Catamarca a USD 444 millones. Pero, de acuerdo con el valor real del mercado internacional, esas exportaciones debieron haberse facturado por al menos USD 1.127 millones.
La diferencia, de USD 683 millones, representa una pérdida millonaria para el país en concepto de impuestos y regalías provinciales.
Las principales empresas señaladas son Minera del Altiplano S.A. (subsidiaria de Livent) y otras compañías que, según la denuncia, estarían triangulando exportaciones mediante precios de transferencia o declaraciones manipuladas en aduanas.
Comunidades sin consulta y territorios en tensión
Mientras las ganancias reales del litio se debaten, las comunidades originarias del norte argentino denuncian ser excluidas de las decisiones que afectan su territorio y recursos hídricos.
En Jujuy, Salinas Grandes y otras zonas de la Puna, los pueblos reclaman que no se cumple el derecho a la consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT.
Las comunidades originarias se están agrupando en defensa de sus tierras
“Nos sacan el agua y no nos dejan nada”, declaró una autoridad comunitaria en recientes protestas por el avance de proyectos sin licencia social.
La falta de infraestructura, caminos, servicios y empleo directo agudiza el malestar en los territorios donde se instala la minería de litio.
La palabra del denunciante
Pablo Rutigliano, autor de la denuncia, sostiene que “el modelo actual de explotación del litio está plagado de opacidad, extractivismo y concentración de ganancias en manos extranjeras”.
Además, remarcó la necesidad de crear una «Bolsa del Litio Nacional» para transparentar precios y exportaciones, y fomentar una cadena de valor con mayor participación argentina.
Denuncian subfacturación en exportaciones de litio: advierten pérdidas millonarias
¿Quién se beneficia del boom del litio?
Mientras los proyectos se multiplican y las cifras de producción baten récords, la pregunta persiste: ¿Cuánto de esa riqueza queda realmente en el país? ¿Quién controla el destino del litio argentino?
Las denuncias de evasión y descontrol abren una discusión urgente sobre soberanía, justicia fiscal y desarrollo equitativo, en una industria estratégica para la transición energética global.