Gramajo: “Sin nuevos proyectos, no hay política que sostenga a los proveedores locales”
La minería sanjuanina atraviesa una etapa de transición. Distintas voces comienzan a reclamar una revisión profunda de la política minera local. Una de esas voces es la de Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas, excandidato a vicegobernador por la lista de José Luis Gioja y actual referente del Partido Justicialista, hoy en la oposición.
Por Yenhy Navas
Fabián Gramajo, exintendente de Chimbas
En diálogo con ACERO Y ROCA, Gramajo expuso su mirada sobre el rol del Ministerio de Minería, cuestionó el estancamiento legislativo en torno a la tan prometida Ley de Proveedores Mineros, y puso sobre la mesa una preocupación central: la falta de nuevos proyectos y la creciente pérdida de oportunidades para las empresas sanjuaninas.
Una ley clave que sigue sin llegar
Uno de los puntos más sensibles del debate minero actual es la ausencia de una Ley de Proveedores Mineros, herramienta fundamental para garantizar que las empresas locales participen activamente de la cadena de valor. Pese a haber sido anunciada en múltiples ocasiones, el proyecto aún no logra avances significativos.
“San Juan tiene recursos naturales que bien gestionados han sido y deben seguir siendo un motor enorme para nuestra economía. Pero para eso se necesitan políticas activas, decisiones claras, que beneficien directamente a los proveedores locales”, advirtió Gramajo.
Según el dirigente peronista, la falta de una legislación específica que regule la participación de proveedores locales evidencia una falta de voluntad política. “Lo importante es que haya decisión política real, que se priorice lo que es nuestro y se genere el marco legal para dar la seguridad jurídica necesaria”, subrayó.
Obras adjudicadas a foráneos: ¿Una oportunidad perdida?
Uno de los episodios que encendió las alarmas fue la reciente adjudicación de obras de infraestructura del proyecto Vicuña a empresas de otras provincias. Para Gramajo, este hecho es una señal preocupante.
“Por supuesto que uno quisiera que fueran empresas sanjuaninas las que trabajen en estos proyectos, porque los recursos naturales están en nuestra provincia, y lo lógico es que se maximicen las oportunidades para el desarrollo local”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que es necesario evaluar si hubo participación efectiva de firmas locales en el proceso licitatorio: “Esa evaluación es necesaria para poder opinar con responsabilidad”.
El mensaje de fondo es claro: la minería debe servir como plataforma para el crecimiento económico provincial, y cada adjudicación que excluye a los proveedores locales representa una oportunidad que se esfuma.
¿Falta de compromiso o falta de visión?
Consultado sobre si estos episodios reflejan una falta de compromiso del Ministerio de Minería con el desarrollo de proveedores sanjuaninos, Gramajo fue cauto, pero no menos crítico. “No me corresponde juzgar si hay compromiso o no, pero sí creo que sería muy importante que en San Juan nos concentremos en generar nuevos proyectos mineros”, sostuvo, marcando un punto crucial en el diagnóstico actual.
En su visión, la caída o estancamiento de proyectos como Veladero, Gualcamayo y Casposo deja un vacío que no ha sido cubierto. Y sin nuevos motores productivos, es inviable sostener una red de proveedores fuertes y sostenibles.
“Lo que necesitamos son nuevos motores de desarrollo. Sin nuevos proyectos, no hay política que pueda sostener a los proveedores locales”, sentenció.
“Podemos tener todo el potencial geológico del país, pero si no hay planificación, inversión y reglas claras, no sirve de nada. Hay que poner en marcha nuevos proyectos, garantizar que las empresas sanjuaninas puedan competir, y generar una verdadera articulación entre Estado, privados y comunidad”
Transparencia y control: los grandes pendientes
La gestión del Ministerio de Minería, hoy a cargo de Juan Pablo Perea, también fue cuestionada por su falta de transparencia y eficiencia en el manejo de concesiones y proyectos. Para Gramajo, los mecanismos de control existen, pero no se cumplen.
“Lo que necesitamos es asegurarnos de que se cumplan, que no queden solo en los papeles. Los controles están, incluso dentro del ámbito judicial. Pero si no se aplican, todo lo demás se convierte en relato”, opinó.
La advertencia apunta a una creciente preocupación en el sector: la sensación de discrecionalidad en la toma de decisiones y la falta de información pública clara sobre las licencias y procesos adjudicatarios.
Un llamado a reorientar la política minera
Lejos de cerrar filas con el oficialismo, Gramajo planteó una postura crítica, aunque constructiva. Pidió retomar el rumbo y pensar en una política minera con eje en la producción local, la generación de empleo y la transparencia institucional.
“Podemos tener todo el potencial geológico del país, pero si no hay planificación, inversión y reglas claras, no sirve de nada. Hay que poner en marcha nuevos proyectos, garantizar que las empresas sanjuaninas puedan competir, y generar una verdadera articulación entre Estado, privados y comunidad”, concluyó.