Modificación de la Ley de Glaciares y el futuro de la minería en Argentina
El gobierno nacional se encuentra ultimando los detalles del decreto que modificará la Ley de Glaciares, una ley clave en la protección de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes hídricas del país. La medida busca reducir las zonas protegidas para permitir la exploración minera e hidrocarburífera, la liberación de productos químicos o residuos, y la construcción de infraestructura no relacionada con la investigación científica.
Por Luciana Vignoli
Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA. «Modificar la Ley de Glaciares es entregar nuestro territorio a un puñado de corporaciones»
¿Quién es Guillemo Folguera?
Guillermo Folguera, es biólogo, filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA. En diálogo con ACERO Y ROCA, comenta que modificar la Ley de Glaciares existente «es una noticia preocupante que se suma sobre otras tantas, no sólo por lo que significa ambientalmente y el rol que tienen los glaciares entre los ecosistemas en nuestro país, sino porque de alguna manera le entrega nuestro territorio a un puñado de corporaciones”.
Entregar nuestros recursos por decreto
Para Guillermo Folguera esta medida no puede ser analizada de manera aislada, ya que forma parte de una serie de reformas legislativas que, junto con la Ley Bases y la debilitación de políticas ambientales, como la desprotección ante incendios forestales, configuran un nuevo marco jurídico que permite el avance de capitales corporativos en el territorio.
“Esto no empezó con Milei, pero su gobierno lo ha acelerado y agravado. Hay una política sistemática que entrega el país al extractivismo: megaminería, fracking, minería de litio, pesca industrial, plantaciones forestales, todo en nombre del desarrollo y bajo la promesa vacía del progreso” explica el profesional y agrega que “son situaciones reiteradas en nuestro país que es importante que reconozcamos y sobre todo sublevemos a ellos”.
El RIGI
«El RIGI, una de las piezas centrales del nuevo régimen económico impulsado por el oficialismo, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios a grandes inversores extranjeros, consolidando un modelo de crecimiento que prioriza el saqueo de recursos naturales por sobre la soberanía ambiental y social».
La importancia de la Ley de Glaciares en Argentina
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras una fuerte presión de organizaciones socioambientales
“La ley de glaciares es una ley que permite proteger no sólo los glaciares sino ambientes periglaciares fundamentales para ecosistemas y poblaciones locales que ahora se van a ver sin lugar a duda vulneradas y abiertas al despojo que significa el extractivismo corporativo” explica Folguera.
Los glaciares y sus entornos cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica del país, especialmente en zonas áridas y semiáridas.
La degradación de los glaciares podría generar un agravamiento de fenómenos climáticos como sequías e inundaciones, además de afectar la producción agrícola y la vida de las comunidades andinas.
Retroceso ambiental y social
Guillermo Folguera advierte que “avanzar sobre esta ley va a ser un retroceso ambiental y social notable que se va a expresar por la degradación de los ambientes, por la pérdida de un montón de curso de agua como así también por la expulsión de comunidades locales que hoy al pie de los glaciares pueden tener una vida digna en sus territorios”.
“El avance por decreto expresa la naturaleza de este gobierno y habla de la degradación de nuestra democracia, es una democracia de cartón donde el presidente pueda avanzar con elementos absolutamente antidemocráticos para decidir sobre temas tan sensibles como el ambiente y como vive un pueblo” analiza Folguera y denuncia que “hay una complicidad del arco político que permite que se gobierne de esta manera”.
Estudios de impacto ambiental bajo sospecha
El Gobierno Nacional justifica la reforma de la Ley de Glaciares asegurando que los proyectos extractivos estarán sujetos a estudios de impacto ambiental. Sin embargo, Guillermo Folguera pone en duda esa garantía.
“No conozco en nuestro país proyectos que se hayan caído por estudios de impacto ambiental, es la situación más evidente que quieren un carácter formal” afirma el profesional y denuncia que “algunos proyectos ni siquiera tienen estudios de impacto ambiental, hay una connivencia absoluta entre las empresas, las corporaciones y los órganos de control estatal que sin lugar a duda el gobierno de Milei ha profundizado”.
Respuesta social organizada frente al avance del extractivismo corporativo
En este contexto, el investigador del CONICET remarca que “así como ocurrió con el “Chubutazo”, el “Mendozazo”, el “Jujeñazo”, protestas masivas en torno al tema del agua, y así como pudieron organizarse las comunidades frente a varios saqueos socioambientales, espero que surja la reacción social correspondiente para ponerle limite a este proyecto de despojo empresarial para entregarle el territorio a un puñado de corporaciones”
“La lucha por el agua es también una lucha por la democracia y cuando los gobiernos abandonan su deber de proteger a su pueblo y su territorio, el pueblo encuentra formas de defenderse”, concluye Guillermo Folguera.
Otras opiniones
Enrique Viale
Abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental. Consultor y especialista en Política y Legislación Ambiental. Fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental. Paralelamente es autor de libros y artículos especializados en desarrollo, política, derecho y justicia ambiental que han sido publicados en el país y en el extranjero.
Viale expresó su preocupación por el decreto que busca modificar la Ley de Glaciares, calificándolo como una «regresión ambiental que abre la puerta al avance de la megaminería sobre áreas protegidas».
Destacó que los glaciares son «fábricas de agua» esenciales para el abastecimiento hídrico en una Argentina mayormente árida y semiárida, y advirtió que las transnacionales mineras han estado presionando desde la sanción de la ley en 2010 para acceder a los minerales bajo los glaciares.
Asimismo, denuncia que la modificación de la ley fue redactada por abogados mineros, lo que implica que se han priorizado los intereses de las empresas, por encima de la conservación ambiental. Viale advierte que la crisis climática ya está provocando el retroceso de los glaciares, lo que hace que su protección sea mucho más urgente.
En Chile, el proyecto Pascua Lama fue prohibido por la Corte Suprema, lo que demuestra la gravedad de los riesgos ambientales que implica la minería en zonas glaciares.
Finalmente el ambientalista, subrayó que el daño que podría generar esta modificación sería permanente.