“Con el agua no se juega”: el decreto que reaviva la batalla por los glaciares
Mientras el Gobierno nacional se prepara para modificar la Ley de Glaciares vía decreto, en San Juan referentes del arco político expresan un rechazo tajante y advierten por la inconstitucionalidad, el daño ambiental y la falta de aval social. El senador libertario Bruno Olivera se muestra cauto y reconoce que no tiene aún precisiones del contenido oficial.
Lucas Laciar
El decreto presidencial que busca lanzar Javier Milei buscaría reducir zonas protegidas del ambiente periglaciar para habilitar proyectos mineros. El argumento: “dar seguridad jurídica a las inversiones”. El problema: el método elegido y el contenido de fondo.
Mientras en Buenos Aires el tema genera tensión entre despachos legislativos y sectores ambientalistas, en San Juan, una de las provincias clave para el desarrollo de la minería metalífera, la discusión comienza a tomar temperatura política.
Desde ACERO Y ROCA consultamos a tres voces clave del escenario político provincial: Marcelo Arancibia, referente del GEN, Cristian Jurado, dirigente del Frente de Izquierda, y el senador nacional de La Libertad Avanza, Bruno Olivera. Todos coinciden en que el tema es delicado y de alto impacto. Aunque las posturas, claro, son bien distintas.
Arancibia: “Es un doble error. Es inconstitucional y genera más inseguridad jurídica”
El constitucionalista y referente del GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, rechaza de plano la posibilidad de modificar la Ley de Glaciares por decreto. Y lo hace por partida doble.
“Es un gran error desde dos puntos de vista. Primero, desde el Estado de Derecho: las leyes no pueden modificarse por decreto. En todo caso, el Ejecutivo puede reglamentar o definir conceptos con sustento científico, pero legislar es tarea del Congreso”, advierte con firmeza.
Arancibia remarca que la falta de consenso político y científico sólo traerá más incertidumbre: “Si el objetivo es mejorar el marco legal para atraer inversiones mineras, no lo va a lograr. Va a ocurrir lo contrario: inseguridad jurídica, judicialización y posible declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte”.
Además, pone el foco en el riesgo ambiental y social: “Las leyes ambientales requieren un nivel de consenso técnico que no se puede saltear. No se puede legislar sobre el ambiente periglaciar sin escuchar a la comunidad científica. Si se avanza sin eso, lo que va a crecer es el conflicto social”.
“La ley no impide la minería en San Juan”
Consultado sobre el impacto actual de la ley en la provincia, Arancibia es tajante: “No he visto que sea un impedimento para la minería en San Juan. Las inversiones proyectadas siguen su curso y lo que frena o demora no es la Ley de Glaciares, sino la situación económica, institucional y de infraestructura. Hay que dejar de demonizar normas que protegen recursos estratégicos como el agua”.
Jurado: “Es autoritarismo ambiental y ataque a los derechos conquistados”
Desde el Frente de Izquierda, Cristian Jurado también marca un rechazo categórico. “Estamos totalmente en contra. Rechazamos cualquier tipo de modificación a la Ley de Glaciares. Esto no es nuevo, ya lo venían pidiendo las cámaras mineras para habilitar el uso de agua de zonas más altas”, explica.
Pero su crítica va más allá de lo ambiental: “Esto lo va a hacer por decreto porque no tiene aval social. Es autoritario, como ya lo ha demostrado el gobierno nacional reprimiendo protestas y gobernando a fuerza de decretos”.
Jurado también enciende una alerta: “Esto va a aumentar la conflictividad social, sobre todo en departamentos donde ya hay tensión por el uso del agua, como Valle Fértil. Cada vez que hay problemas de agua, los vecinos salen a reclamar. Esto va a pasar de nuevo”.
“No es sólo ambiental: es un modelo que no genera desarrollo real”
En clave más estructural, Jurado plantea que la medida busca justificar una matriz extractiva sin beneficios reales para la provincia. “Más minería no significa más empleo ni más desarrollo. Significa más ganancias para un puñado de inversores extranjeros. Este decreto no es sólo un problema ambiental, es un problema de orientación económica. Le viene como anillo al dedo a este modelo”.
En el senado, no hay novedades todavía
Desde el oficialismo libertario sanjuanino, el senador Bruno Olivera reconoce no tener aún información formal sobre el decreto. “Sobre ese tema en particular, no me ha llegado nada oficialmente. Sé que lo que se busca es actualizar la definición de periglaciar, porque hay zonas que no tienen reserva de agua real”, señala.
El legislador sí reconoce que el tema estuvo en debate en el marco de la Ley de Bases, pero que el capítulo fue eliminado: “No hubo acuerdo, y eso se retiró. No creo que se avance por decreto, pero tampoco tengo confirmación. Habría que ver si lo incluye Modernización en alguna facultad delegada, pero cualquier decreto debe ser ratificado por el Congreso”.
Contexto: qué busca el Gobierno nacional con esta medida
Según trascendió esta semana a través de medios nacionales, el Gobierno nacional pretende reducir las áreas protegidas por la Ley de Glaciares (26.639) para permitir la instalación de infraestructura minera e hidrocarburífera.
La medida, impulsada desde el Ministerio de Economía y Energía, buscaría dar mayor autonomía a las provincias y facilitar la habilitación de áreas hoy vedadas por la ley. La intención es “actualizar el marco legal” para facilitar la llegada de inversiones extranjeras.
La noticia generó preocupación internacional, incluso en organismos como la ONU, que en 2024 ya habían advertido sobre “intentos regresivos” de modificar la ley.
Debate caliente, provincias en la mira
Mientras Nación afina un decreto que puede cambiar el mapa de la minería en zonas de alta montaña, en San Juan la oposición política ya marcó límites claros. Y aunque desde el oficialismo sanjuanino por ahora el tema se evita, el debate parece inevitable.
La preservación del ambiente periglaciar, el respeto al federalismo y el camino institucional para cambiar las reglas del juego están todos en juego. El desenlace está abierto. Pero el mensaje, al menos desde la oposición sanjuanina, ya es contundente: “Con el agua no se juega”.