Perú deberá pagar US$40 millones a Lupaka Gold por la pérdida del proyecto Invicta
junEl Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, emitió un fallo contundente contra la República del Perú, al considerar que el Estado incurrió en múltiples violaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá al no proteger la inversión minera de la compañía Lupaka Gold.
Por Mark Philips
El Estado peruano ha sido condenado a pagar a la minera Lupaka Gold US$40,4 millones de dólares
La disputa giró en torno al proyecto aurífero Invicta, ubicado en la región de Lima, cuya operación se vio severamente interrumpida por el accionar de la comunidad de Parán, que bloqueó accesos, ocupó la mina y tomó control del sitio.
El tribunal arbitral, integrado por el presidente John R. Crook, Oscar M. Garibaldi y Gavan Griffith KC, determinó por unanimidad que el Estado peruano no actuó con la diligencia necesaria para proteger la inversión canadiense.
El Estado, responsable por omisión ante bloqueos comunitarios
El fallo del CIADI responsabiliza directamente al Estado peruano por haber permitido, mediante su inacción, la pérdida de control de la mina por parte de Lupaka. Según el tribunal, las autoridades nacionales se refugiaron en una política de diálogo ineficaz, sin adoptar medidas concretas para restablecer el orden ni garantizar la seguridad jurídica y operativa del proyecto.
Esta omisión fue calificada como una violación del deber de trato justo y equitativo, así como de la obligación de brindar protección plena y seguridad a las inversiones extranjeras. El CIADI también consideró que la pérdida de Invicta constituyó una expropiación ilegal, al no haber mediado compensación alguna ni procedimiento adecuado.
Indemnización total: US$40,4 millones más intereses
Minera Lupaka Gold Corp inicio arbitraje contra el Estado peruano por más de US$ 100 millones acordándose un pago final de US$40,4 millones más intereses por unanimidad en el tribunal
El resultado es contundente: el tribunal le ordenó al Estado peruano a pagar a Lupaka Gold la suma de US$40,4 millones, equivalente al 100% del valor reclamado, más intereses. A esto se suma el reembolso de los costos legales de la compañía, que ascienden a US$4,2 millones, configurando una indemnización histórica en el contexto de disputas mineras latinoamericanas.
El monto corresponde al valor justo de mercado del proyecto Invicta en agosto de 2019, fecha en la que la empresa canadiense perdió el control operativo del yacimiento.
Defensa legal y financiamiento
La minera fue representada por el reconocido estudio suizo LALIVE, con un equipo liderado por el Dr. Marc Veit desde Londres y Jaime Gallego desde Ginebra. También participaron los abogados Luis Miguel Velarde Saffer, Stela Negran y Guillermina Huber. La financiación del arbitraje corrió por cuenta de Bench Walk Advisors, especializada en financiar litigios de alto perfil.
Por su parte, Perú fue representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, junto al bufete estadounidense Arnold & Porter.
Una advertencia para la región
Esta decisión deja en el camino una mina vacía, un desprestigio en el sector minero peruano y una advertencia a nivel internacional acerca de las malas decisiones adoptadas cuando existen acuerdos internacionales que respetar
El caso Lupaka Gold no sólo tiene repercusiones financieras, sino que pone en el centro del debate la gobernanza minera en América Latina, especialmente en zonas donde los conflictos sociales o territoriales se entrecruzan con proyectos estratégicos.
“Este resultado refleja años de esfuerzo y reafirma la importancia de la protección jurídica para los inversores en entornos complejos, así como la responsabilidad de los Estados frente a actos ilegales cometidos por sus comunidades”, declaró el Dr. Veit tras conocerse el fallo.
Perú, uno de los países líderes en producción de oro y cobre del continente, enfrenta un delicado equilibrio entre atraer inversiones y sostener la paz social. Pero este fallo del CIADI subraya que, en ese intento, el Estado no puede abdicar de su responsabilidad de garantizar un entorno seguro y previsible para quienes invierten bajo tratados internacionales.