PERU: La minería ilegal ya supera al narcotráfico y desafía al estado
Desde lo más profundo de la Amazonia hasta las alturas de Puno y La Libertad, la minería ilegal en Perú se ha convertido en la economía criminal más poderosa del país. Según confirmó el canciller Elmer Schialer «genera siete veces más ingresos que el narcotráfico». Una afirmación que, lejos de ser una exageración, refleja una realidad que el Estado parece no poder contener.
Por William Cortez
Hay puntos de la Amazonia peruana donde una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro al año usando mercurio
Mientras el mundo mira hacia el litio y el cobre, el oro ilegal fluye sin control, financiando bloqueos, estructuras armadas, y contaminando todo a su paso. No es casualidad que las protestas recientes en regiones clave como Arequipa o La Libertad estén marcadas por organización, logística y hasta sueldos.
“Nosotros vamos a reimponer el principio de autoridad, vamos a dialogar con quien quiera dialogar y vamos a aplicar todo el peso de la ley a todos estos dirigentes (que impulsan los reclamos), que ya están identificados”, aseguró el canciller peruano Elmer Schialer.
Los manifestantes reciben hasta 120 soles diarios para paralizar rutas estratégicas. Según investigaciones fiscales, estos pagos provienen de los bolsillos del oro ilegal, que ha encontrado en los bloqueos una herramienta de presión política y una pantalla de legitimidad.
Lo que se presenta como una “protesta social” muchas veces está financiado por intereses ocultos que protegen un negocio multimillonario detallo el canciller peruano Elmer Schialer
Un negocio que fluye con fuerza: más rentable que la cocaína
Quienes bloquean las carreteras están recibiendo unos 120 soles diarios (33 dólares o 29 euros), lo que evidencia un financiamiento no necesariamente legal, vinculado principalmente a la minería ilegal
Cada máquina que opera en zonas ilegales de extracción puede generar entre 18.000 y 33.000 soles al día. En dólares, eso se traduce en ganancias que superan los 9.000 diarios sin pagar impuestos ni controles ambientales.
El Canciller fue muy explicito y claro: «a esa gente que financia busca desestabilizar” no le interesa “la ley, ni la paz” y dijo que los bloqueos están afectando al transporte de alimentos y otros bienes esenciales.
El oro extraído va a parar, muchas veces, a cadenas de comercialización formales, fundiciones y exportadoras que no trazan su origen. Lo más alarmante es que nadie puede diferenciar un lingote legal de uno ilegal una vez que sale del país.
Crimen organizado, deforestación y un Estado en retirada
La Fiscalía Ambiental lo viene advirtiendo con crudeza: la minería ilegal ya no es un problema ambiental, sino un problema de seguridad nacional. En zonas como Madre de Dios y Pataz, bandas armadas controlan territorios, reclutan mano de obra vulnerable, y en algunos casos, ejecutan asesinatos por el control del territorio.
A la par, el impacto ecológico es devastador: ríos contaminados con mercurio, deforestación masiva y desplazamiento de comunidades indígenas.
Mientras tanto, el Estado aparece desbordado. Los programas de formalización como Reinfo sólo lograron regularizar al 2 % de los mineros inscritos en siete años. El resto opera en la sombra, con maquinaria ilegal, violencia y dinero sucio que se infiltra en todos los niveles de poder.
Expertos han vinculado la expansión de la minería ilegal en Perú con el aumento del precio del oro en el mercado nacional e internacional
Formalización o fracaso: la encrucijada que no admite demoras
Lo que ocurre en Perú ya no es un caso aislado, sino un espejo de lo que puede pasar en otros países ricos en minerales. Si la minería ilegal sigue ganando terreno, no solamente se perderán recursos, sino que se consolidará una economía paralela que rivaliza con el Estado mismo.
El Ejecutivo ya anunciado que se van a sancionar y “aplicar todo el peso de la ley contra los responsables”, pero agregó que también sigue abierta la puerta del diálogo.
La solución no puede ser represiva: se necesita un plan real de formalización, con incentivos, tecnología de trazabilidad y justicia ambiental. Sin eso, el oro seguirá saliendo del país… y con él, la autoridad, la legalidad y el futuro.