Nueva ley de inversiones mineras: SJB Finanzas Expertas analiza cada punto

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La reciente modificación de la Ley de Inversiones Mineras y del Banco Nacional de Información Geológica, anunciada por el gobierno nacional a través del Decreto 449/2025, busca dinamizar la llegada de capitales al sector y reducir la burocracia que ha condicionado durante años el desarrollo de proyectos estratégicos en Argentina. El cambio no es menor: redefine la forma en que se accede a la estabilidad fiscal, simplifica la verificación de inversiones y transfiere la gestión del sistema de información geológica al SEGEMAR.

Por Yenhy Navas

Principales reformas introducidas

Aspecto Antes del Decreto 449/25 Después del Decreto 449/25
Certificación fiscal Solo se otorgaba luego de relevamientos tributos Se emite desde el estudio de factibilidad
Verificación de inversiones Formulario de +1000 campos, demoras de hasta 1 año Se reemplaza por informe técnico independiente
Banco Nacional de Información Geológica Bajo gestión político-administrativa Transferido al SEGEMAR (ente técnico)
Acceso a datos geológicos Limitado y poco transparente Público, libre y accesible para empresas y universidades
Impacto en indicadores financieros TIR y VAN limitados por carga impositiva Payback más corto, mayor TIR y VAN

En San Juan, donde se concentra gran parte del potencial cuprífero del país, la noticia fue bien recibida. Analistas y actores del mercado consideran que podría acelerar la maduración de proyectos como Vicuña, Filo del Sol, Los Azules y Altar, todos ubicados en zonas cordilleranas con alto grado de avance técnico.

“La reforma es muy positiva para San Juan, ha sido interpretada como una señal de estabilidad y competitividad por parte de los inversores extranjeros”, explicó a ACERO Y ROCA Anabel Recabarren, contadora pública y asesora de inversiones bursátiles en SJB SA, firma especializada en análisis financiero.

Anabel Recabarren, contadora pública y asesora de inversiones bursátiles en SJB SA

Anabel Recabarren, contadora pública y asesora de inversiones bursátiles en SJB SA

Desde su perspectiva, la reforma representa “una mejora clara en competitividad a corto y mediano plazo”, no sólo por la reducción de la carga burocrática sino también porque “al flexibilizar los procesos de verificación de inversiones realizadas y proyectadas, reduce tiempos y facilita el cumplimiento”.

Certificados que llegan antes que el capital

Uno de los cambios centrales del decreto es la eliminación del Artículo 10 de la Ley 24.196, lo cual permite que el certificado de estabilidad fiscal, una herramienta clave para cualquier empresa que invierte en minería, pueda emitirse desde el momento de presentación del estudio de factibilidad.

“La emisión inmediata del certificado de estabilidad fiscal reduce la incertidumbre clave en un momento crítico del proyecto: la transición entre estudios técnicos y decisiones de inversión”, sostuvo Recabarren. Y añadió: “Se hace más sólido y financiable el modelo financiero, mejora el perfil crediticio del proyecto, acelera el tiempo hasta el inicio de obras y permite potenciar la llegada de inversión extranjera directa”.

La emisión de este certificado, que bajo el régimen anterior podía demorar hasta un año, se convierte ahora en un instrumento de respaldo anticipado, reduciendo riesgos y tiempos en la estructuración financiera de grandes iniciativas cupríferas.

Verificación técnica con luces y sombras

Otra novedad introducida por la reforma es la eliminación del extenso formulario de verificación de inversiones, compuesto por más de mil campos. En su lugar, ahora bastará con la presentación de un informe técnico independiente.

“El principal beneficio está dado por la celeridad para completar la información, hablamos de reducir ese año a un par de meses o incluso semanas”, explicó Recabarren. Sin embargo, advirtió que esa misma rapidez puede implicar riesgos: “Podemos encontrar informes tendenciados o ‘facilitadores’. Queda pendiente por parte de la legislación regular adecuadamente este punto para garantizar transparencia absoluta”.

En ese sentido, la especialista sostiene que la reforma es un paso necesario, pero que debe complementarse con un marco de control adecuado que no debilite la credibilidad institucional del régimen.


La reforma representa “una mejora clara en competitividad a corto y mediano plazo”, no sólo por la reducción de la carga burocrática sino también porque “al flexibilizar los procesos de verificación de inversiones realizadas y proyectadas, reduce tiempos y facilita el cumplimiento.


SEGEMAR: un cambio con sello técnico

La modificación también implicó el traspaso del Banco Nacional de Información Geológica al SEGEMAR, eliminando el rol político en la gestión de datos sobre el subsuelo argentino.

“SEGEMAR es un ente técnico y no político, se elimina así cualquier duda sobre quién controla la información geológica crítica”, expresó Recabarren. Además, valoró el acceso público a estos datos: “El acceso libre permite a consultoras, universidades, organismos multilaterales y empresas conocer el potencial minero de una zona, evitando además campañas exploratorias duplicadas o innecesarias”.

El cambio busca facilitar la transparencia, evitar asimetrías de información y fomentar una minería más eficiente y abierta al escrutinio técnico-académico.

Impacto sobre el cobre sanjuanino

En un contexto donde los precios del cobre superan los 4,6 dólares la libra y las proyecciones lo ubican por encima de los 5 dólares hacia 2030, la nueva ley representa una mejora concreta para los proyectos que operan o se encuentran en evaluación en la provincia.

“Sí, esta reforma complementa al RIGI, da el marco de optimización a sus ventajas jurídicas e impositivas”, respondió Recabarren cuando se le consultó sobre su posible efecto en iniciativas como Vicuña, Filo del Sol o Los Azules. No obstante, aclaró: “Más allá de ello, es necesaria aún la inversión en infraestructura para que veamos la realización de estos proyectos”.

La llegada de capitales no depende únicamente del entorno fiscal, sino también de la capacidad logística, vial y energética que San Juan pueda ofrecer a operadores de gran escala.

Geopolítica, estrategia y realismo fiscal

La reforma se da en un escenario global de fuerte demanda de metales críticos. “Estamos frente al momento óptimo. Para el periodo 2030–2050 se elevará significativamente la demanda global de cobre, necesario por ejemplo en autos eléctricos, redes eléctricas o energías renovables”, sostuvo Recabarren.

Y agregó: “Esto vuelve atractivo a cualquier país con reservas de cobre. Sumado a la nueva legislación en Argentina tendiente a facilitar las inversiones mineras, San Juan se vuelve más atractivo para cualquier empresa con proyección de largo plazo”.

Sin embargo, también hay advertencias. El riesgo mayor es político. Estamos hablando de mantener claras las reglas del juego durante 30 años, pero no sería la primera vez en Argentina que una nueva gestión decida desandar el camino avanzado”, remarcó.

Resultados financieros más potentes

Las nuevas condiciones también impactan directamente en los indicadores financieros clave de los proyectos mineros: payback, tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto (VAN).

Pensando en payback, podemos reducir hasta un tercio el tiempo de recupero”, estimó Recabarren. Y continuó: “Respecto a la TIR, vamos a ver un aumento dada la menor carga impositiva (por ejemplo, impuesto a las ganancias fijo del 25%), exenciones o reducciones en derechos de exportación, aranceles de importación y tasas provinciales. Y respecto al VAN, la baja carga tributaria incrementa también el flujo del proyecto”.

Estos cambios vuelven más atractivos los proyectos en etapas de desarrollo y facilitan la llegada de financiamiento internacional.

 

Una legislación para transformar el territorio

“Estoy convencida de que esta reforma es parte de una estrategia más amplia para reposicionar a Argentina como destino minero competitivo”, concluyó Recabarren. “El territorio sanjuanino es 83% montañas. ¿Qué mejor que una legislación que nos permita optimizar los recursos y crecer económicamente a partir de nuestra ubicación estratégica?”.

Para la especialista, la clave está en “leer el momento” y sumar acuerdos locales que maximicen el impacto de la ley: “Desde el gobierno, deberían promoverse acuerdos complementarios de desarrollo local, como infraestructura conjunta con las empresas, capacitaciones, centros de formación, y parques industriales que den soporte al sector minero. Las posibilidades son prácticamente infinitas”.

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