suA fines del siglo pasado, San Juan no era una potencia minera. El potencial del subsuelo andino era más promesa que realidad, y el capital nacional insuficiente para impulsarlo. Bajo ese escenario, en 1997 se firmó el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, una herramienta pionera para facilitar proyectos binacionales en zonas fronterizas, promoviendo inversiones y simplificando normas tributarias, aduaneras, laborales y ambientales.

Por Sergio Álvarez

Firmado hace más de dos décadas, este acuerdo establece una base jurídica y operativa para facilitar la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos ubicados en la extensa frontera que ambos países comparten. (Pulsa para leer el Tratado completo)

Si bien es cierto que este tratado impulsó a la Argentina y a San Juan, en un momento donde apenas existía un desarrollo de la minería en la zona, hoy todo ha cambiado y el traje hecho a medida se queda pequeño para San Juan y para Argentina.

Hoy por hoy, en el meridiano del año 2025, nadie puede discutir que San Juan, es una de las provincias líderes en minería metalífera a nivel mundial, con experiencia, proveedores competitivos y mano de obra calificada. Un tratado que en su momento abrió puertas, hoy impone barreras al desarrollo argentino.

En pocas palabras, según explica Rolando Dávila, especialista con más de una década de experiencia en proyectos bajo este marco, el tratado “Es una herramienta jurídica y económica que crea las bases jurídicas y abre las zonas limítrofes entre Chile y Argentina para la exploración y la operación de proyectos mineros». 

Proyectos que se benefician del tratado 

Como comenta Dávila los proyectos actualmente enmarcados en el tratado son:

• Filo del Sol.
• Josemaría.
• Los Azules.
• El Alta.
• Pascua Lama.
• El Pachón.
• Los Helados (Chile).

Muchos de estos proyectos ya cuentan con protocolos firmados, mientras que otros están en proceso de actualización o evaluación, como el caso de Los Pelambres en Chile.

A su vez Dávila anticipó que “en el segundo semestre de este año podría haber novedades importantes sobre varios proyectos binacionales porque hay interés en aplicar el tratado para superar desafíos logísticos, ambientales y de infraestructura”.

Cómo funciona el Tratado

Dávila comenta que el acuerdo opera a través de una Comisión Administradora en cada país, integrada por organismos como las subsecretarías de Minería y de Relaciones Exteriores, junto a una Secretaría Ejecutiva y grupos de trabajo multisectoriales.

Estas instancias se reúnen dos veces al año, una en Chile y otra en Argentina, para coordinar la aplicación del Tratado, facilitar negociaciones entre empresas y agencias públicas, armonizar regulaciones y asegurar el desarrollo eficiente de los proyectos.

“La comisión administradora es un órgano de coordinación, administración y evaluación del tratado, su protocolo complementario, protocolos adicionales específicos y otros instrumentos” detalló Dávila y remarcó que “el Tratado requiere planificación, coordinación y dedicación. Poner en marcha un proyecto bajo los auspicios del Tratado requiere un enfoque de gestión de proyectos y conocimiento de los códigos políticos y empresariales de ambos países”.

El Tratado en otras provincias

Desde ACERO Y ROCA hemos recabado más información al respecto y hay otros puntos que comparten Argentina y Chile en la cordillera, donde también son imprescindibles los acuerdos, como por ejemplo en Salta el proyecto Taca Taca y otros  con mucho potencial de cobre y litio, que podrían evaluar la utilidad del tratado.

Actualmente Mendoza tiene un potencial muy importante en el Distrito Minero Malargüe Occidental, que tiene una importante cantidad de prospectos de cobre en la cordillera y muy cercanos a la frontera con Chile.

Estos proyectos seguramente deberán evaluar los beneficios del tratado para su desarrollo y alternativas de pasos fronterizos con Chile, que faciliten acceso a los puertos de la región de Valparaíso.

Con toda la información consultada desde nuestro Magazine, podríamos concluir que en Argentina hay alrededor de 20 proyectos en estado inicial o avanzado, que dependiendo de sus necesidades y ubicación geográfica, podrían calificar para solicitar un protocolo al amparo del Tratado Minero.

Un marco jurídico desactualizado que perjudica a mano de obra y proveedores locales

Uno de los principales problemas del tratado es su enfoque supranacional. Al priorizar los intereses del “negocio minero” por sobre las legislaciones particulares de cada país, se desdibuja la obligación de contratar proveedores locales, lo que favorece a prestadores chilenos o transnacionales.

El Artículo 4 garantiza “trato nacional” a los inversionistas de ambas partes. En la práctica, esto habilita a que una empresa chilena opere en San Juan como si fuera argentina, accediendo a beneficios impositivos, evitando aduanas, e incluso eludiendo obligaciones de contratación local, bajo la figura de actividad transfronteriza.

¿Infraestructura, logística y energía?

El Tratado también contempla el desarrollo de infraestructura productiva y logística, como rutas, pasos fronterizos y ferrocarriles. Para ejemplificar este tema, Rolando Dávila analizó la situación de Salta con el aprovechamiento del ramal C-14 del ferrocarril Belgrano, que conecta con los puertos de Antofagasta. En San Juan y Mendoza, también se analizan alternativas de transporte para facilitar el acceso a los puertos del Pacífico.

“Todo lo que facilite el transporte de insumos, servicios y minerales está contemplado por el Tratado” aseguró el profesional.

En este punto es aun más cuestionable el pendiente y acordado Paso de Agua Negra y el paso La Chapetona.

Pérdida de impacto económico en Argentina

El Artículo 7 del Tratado impone un esquema tributario y aduanero que diluye los beneficios fiscales de la minería en el país receptor de la inversión. Se permite la libre circulación de bienes dentro del área de operaciones, sin que se compute como importación o exportación.

Resultado: gran parte del valor agregado y la recaudación fiscal se fuga hacia Chile, y Argentina queda reducida a territorio extractivo.

Menor generación de empleo local

La normativa laboral del tratado (Art. 10) habilita la contratación de personal chileno bajo legislación chilena, incluso si trabajan en suelo sanjuanino. Esto debilita las oportunidades laborales para técnicos, operarios y profesionales argentinos, en un sector que podría generar miles de empleos formales.

Las empresas argentinas dejan de ser competitivas para las cuentas de resultados de las operadoras y amparándose en el Tratado binacional,  se contratan empresas chilenas para obtener mejores precios, desplazándose a la mano de obra local, que queda reducida para tareas de limpieza, alimentación y vigilancia.

 Maximizar beneficios de operadoras a costa de San Juan

Gracias al Tratado de 1997, las empresas pueden si lo desean:

• Centralizar contrataciones, logística y decisiones operativas en Chile, pese a que el recurso y la infraestructura principal están en San Juan.
• Realizar traslados internos de maquinaria y personal sin pagar aranceles ni tributos argentinos.Declarar servicios prestados desde Chile como si fueran locales, minimizando el impacto tributario en Argentina.
• Bonificar a sus gerentes por reducción de costos fiscales, gracias al marco del tratado, lo que se traduce en bonus millonarios a costa de proveedores locales que quedan fuera del circuito.

Una fuente interna que pidió reserva, explicó: “En vez de abrir oficinas, contratar profesionales argentinos y desarrollar proveedores locales de San Juan, Vicuña terceriza todo desde Santiago. Es legal gracias al tratado, pero va contra el desarrollo productivo de la provincia y de la licencia social que tanto publicitan.”

Una oportunidad perdida para la industria nacional

Argentina ha desarrollado en los últimos 15 años un ecosistema de pymes mineras, constructoras, metalmecánicas, proveedoras de servicios y tecnología, especialmente en provincias como San Juan. Pero el marco del tratado:

• No prioriza la cadena de valor local.
• No obliga a realizar licitaciones abiertas ni transparentes.
• No contempla cuotas de contenido local mínimo, como sí lo exigen otros países mineros (Canadá, Perú, Australia).

Una norma que no se condice con la nueva realidad.

Tratado y colaboración con Chile, SÍ, pero con igualdad de condiciones

Cuando se firmó el tratado, Argentina era un actor menor en la minería internacional y necesitaba atraer inversión extranjera, a cualquier costo. Hoy, ese paradigma cambió, San Juan es reconocida como una jurisdicción minera segura y competitiva, con capital humano de nivel internacional y empresas altamente competitivas.

Si bien el alcance del tratado beneficia a un grupo de operadoras, hay algunas más cuestionadas que otras por la contratación de servicios y personal foráneos, como es el caso de Vicuña. 

Son muchas las voces de los distintos sectores sociales que se alzan en este contexto actual, manifestando que el tratado debe actualizarse entre Argentina y Chile, y se debe continuar trabajando en conjunto aprovechando la experiencia y la integración entre ambos países, tanto desde el sector público como privado para hacer un solo eje minero binacional ante el mundo, pero en igualdad de condiciones.

Desafíos y recomendaciones

Para que el Tratado funcione plenamente, Dávila recomendó fortalecer las comisiones administradoras y empoderar a las Secretarías Ejecutivas, para que puedan actuar con celeridad ante las necesidades de los proyectos. También resaltó la «necesidad de difundir, estudiar y aplicar el Tratado con mayor profundidad, no solo en el ámbito técnico, sino también entre comunidades, gobiernos locales y sectores interesados». En cualquier caso el gobierno debe velar por que las implicaciones del tratado no beneficien a las compañías, en desmedro de las comunidades, los recursos y las pymes locales y los profesionales y la mano de obra sanjuaninas.

“Sin retroalimentación entre los proyectos, las secretarías y los organismos públicos, es imposible avanzar. La clave está en la comunicación, la planificación anticipada y el compromiso del sector minero con el desarrollo sustentable”, concluyó el profesional.

Tratado visionario, hoy viciado

El Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile fue visionario en su época, pero hoy representa una camisa de fuerza para el desarrollo soberano de la minería argentina.

Mientras el mundo avanza hacia una minería más justa, sustentable e inclusiva, Argentina no puede seguir atada a un modelo que beneficia más a las multinacionales que a su propio pueblo.

La minería debe ser un motor de desarrollo federal, productivo y tecnológico. Para eso, es imprescindible tener un marco jurídico acorde a la realidad actual. El tiempo de las concesiones ya pasó: ahora es momento de negociar desde la fortaleza y desde la igualdad.

Chile y Argentina pueden formar un eje común en minería sin perder su identidad, mostrándose ante el mundo como un motor de la economía mundial, y un ejemplo de trabajo en equipo, consensuando a todos los actores y dándoles participación.

San Juan ya adquirió su mayoría de edad minera en este nuevo siglo, por tal motivo ya debe ser tratada y considerada como lo que es, y no haciéndola sentir constantemente como que no esta a la altura de lo que se viene, y que lo de fuera es mejor que lo de aquí.