Después de estar gran parte de su carrera profesional en Caserones, el ingeniero chileno Gonzalo Araujo está aprovechando toda la experiencia adquirida para brindar asesoría al proyecto binacional Vicuña, en manos de Lundin Mining y BHP.

Por Sergio Álvarez

Hijo de un marino mercante, nacido en Valparaíso en 1958, Gonzalo Araujo estudió Ingeniería Química en la Universidad Técnica Federico Santa María. Hizo prácticas en María Elena (caliche, entonces Soquimich, hoy SQM) y luego en Chuquicamata.

Realizó el doctorado en la Universidad de Pittsburgh acercándolo a la industria del carbón. De regreso en Chile, trabajó en el CIMM y, ya en Codelco Norte (Chuquicamata), ocupó cargos durante casi 11 años, desde metalurgista jefe de la Concentradora hasta superintendente de planificación de procesos metalúrgicos.

Tras un paso por Idesol (luego Arcadis), en 2006 llegó al proyecto Regalito/Caserones, donde estuvo 17 años en roles que fueron desde ingeniero ambiental y gerente de Ingeniería, hasta gerente general. Con la adquisición por Lundin Mining, pasó al equipo corporativo y en marzo de 2025 inició su etapa como consultor independiente.

Profesional independiente y consultor

Hoy es socio de una asociación gremial independiente, formada y financiada exclusivamente por profesionales con una vasta trayectoria en minería, que trabaja por difundir el valioso aporte de esta actividad al país, promoviendo una industria sustentable en el largo plazo, llamada Voces Mineras, y paralelamente asesora a Vicuña Corp en el proyecto binacional Vicuña (Lundin Mining–BHP).

ACERO Y ROCA ha accedido a una entrevista donde Gonzalo da su visión acerca de lo que será Vicuña y como se van a ir dando los pasos según su información y conocimientos

¿A qué proyectos del distrito Vicuña les ve mayor proyección?

Gonzalo Araujo (GA): Vicuña es en sí un proyecto gigantesco. Será una inversión probablemente sobre US$15 mil millones. Sólo el desarrollo hasta que alcance full producción involucrará unos 10 años. En muchos aspectos está en etapas tempranas de ingeniería, todavía se está haciendo actividad geológica, pero se está avanzando bastante rápido en implementar todos los procesos para empezar a construir pronto y ojalá empezar a producir en 2030.

Es un proyecto que en el largo plazo va a ser emblemático, porque reúne condiciones no habituales, como el ser binacional, va a producir concentrados y cátodos, va a utilizar agua desalada proveniente desde Chile que se llevará a una altura sobre 4000 metros, con una planta que estará entre los 170.000 y 300.000 toneladas por día, es decir, un proyecto gigantesco, con una vida útil que, de acuerdo a los planes mineros, tiene para 100 años y puede que sea más. Va a estar entre las top 10 o incluso top 5 minas en el mundo.

Se ha dado cierto debate sobre dónde van a quedar los ingresos de este desarrollo…

(GA)– Eso fue parte de la discusión cuando el tratado binacional se aplicó a Pascua Lama y si bien Pascua Lama no funcionó, hubo un acuerdo que establece que los impuestos se pagan sobre el origen del mineral, lo que en este caso significa que entre el 80% y el 90% va a estar en Argentina. Son dos yacimientos: Josemaría, que es ciento por ciento argentino y Filo del Sol, que es más grande y es aproximadamente 80-90% argentino y el resto, chileno.

– ¿Cómo se va a manejar el suministro de insumos y la contratación de proveedores?

(GA)– Eso está en conversaciones, porque como es un proyecto argentino, que debe tener aprobaciones ambientales y todos los demás permisos en Argentina, el gobierno, tanto federal como de la provincia, tienen interés en que todas las cosas o la mayoría vengan desde Argentina.

Puede que haya insumos que provengan del lado chileno, pero será probablemente una parte menor. Excepto el agua, que en el largo plazo tendrá que venir de Chile.

En el lado argentino, en la Provincia de San Juan hay aguas subterráneas, pero no son suficientes para la magnitud del proyecto, y además hay que usar agua desalada. De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuya última actualización se presentó hace algunas semanas, después de 10 años de iniciado el proyecto, o después de 7 años de operación, el agua se va a reemplazar por agua desalada.

– Según la experiencia que han tenido en Argentina con los permisos, ¿cómo está funcionando ese proceso allá, similar o distinto a Chile?

(GA)– Hay diferencias importantes. En Argentina lo que sería al equivalente del EIA en Chile, es más simple que el chileno. Las aprobaciones son más rápidas, el nivel de información que se exige no es tan detallado y tiene un proceso previo y prolongado de conversación, reuniones e intercambio de información con la autoridad; entonces cuando se presenta el estudio, la autoridad ya tiene un alto nivel de conocimiento del proyecto.

En el caso chileno, en cambio, cuando uno va a conversar le dicen “mire, mientras no presente el proyecto no le podemos decir nada”.

Lo que sí pasa en Argentina es que los permisos que serían equivalentes a los permisos sectoriales de Chile, que son generalmente a nivel provincial, implican un proceso más complejo. Ahí es donde intervienen mucho más las autoridades locales y organismos técnicos de la provincia y hay que presentar mucha más información.

– ¿Qué pasa con la licencia social para operar, es un desafío importante también en Argentina?

(GA)– Vicuña tiene una ventaja que, como es un proyecto que está prácticamente al lado de la frontera con Chile, no está cerca de comunidades. Diría que no es un tema tan complejo como es en el lado chileno. Dado que en nuestro caso somos un país angosto, las comunidades siempre están cerca de los proyectos.

En Argentina, en cambio, los proyectos mineros cercanos a la frontera con Chile están en lugares donde prácticamente no vive nadie. Además, la zona de San Juan donde está el proyecto tampoco es agrícola, por lo que no hay una competencia económica significativa por el recurso agua. El problema es que hay poca agua, pero ese es otro tema.

– ¿Existe en Argentina, así como ha pasado en Chile, el riesgo de que un proyecto se judicialice?

(GA)– Como estamos en etapas tempranas, no he detectado ese riesgo entre los colegas que están involucrados en esto. Hoy Argentina tiene la ley RIGI, que sacó el Presidente Milei hace poco y que favorece la inversión. Es una suerte de DL600, que disminuye el impuesto a la renta y genera una serie de otros beneficios tributarios. Este proyecto se va a acoger a eso.

Y a diferencia de la gran mayoría de las provincias argentinas, San Juan es una buena provincia para la minería. Hay una buena relación con las autoridades, ha habido un trabajo extenso de relacionamiento en distintos niveles, así es que por ese lado diría que hay pocas probabilidades de que esto se judicialice.

Hay más riesgo ambiental en el lado chileno, porque el proyecto tiene que construir una desaladora en Chile, una tubería de más de 300 kilómetros para llevar más de 2000 litros por segundo de agua hasta Argentina; hay que construir un concentraducto que transporte los concentrados, los filtre en Chile y los exporte por Chile.

Esas obras, que involucran una gran inversión, requieren un Estudio de Impacto Ambiental y, por la extensión, vamos a encontrar de todo: comunidades indígenas, comunidades en general, sitios arqueológicos, flora, fauna, y va a haber que administrar toda la permisología necesaria para un proyecto de esa magnitud, y todos sabemos que un proyecto de esta envergadura no tiene menos de 500 permisos.

– ¿Ya tienen las pertenencias para construir ese trazado?

(GA)– Existen algunas, pero el proyecto todavía está en una etapa muy temprana, a nivel de lo que se llama scoping, antes incluso de la ingeniería conceptual. Ya este segundo semestre debiéramos empezar a trabajar en la prefactibilidad y con esa prefactibilidad se comenzarán a definir con más precisión las áreas que se van a requerir, y habrá que pedir las servidumbres o comprar tierras.

– ¿Qué puerto se espera usar?

(GA)– El ideal sería un puerto cercano al proyecto, es decir, en la Región de Atacama, lo más probable entre Huasco y Caldera, una vez que esté el concentraducto y la planta de filtro. En el corto plazo a lo mejor se busca una solución preliminar.

Para Gonzalo Araujo, Vicuña es un proyecto llamado a marcar época: escala mundial, binacionalidad, inversión récord, agua desalada, licencia social manejable del lado argentino y un desafío regulatorio mayor del lado chileno por la infraestructura necesaria. Un desarrollo que, si cumple sus hitos de ingeniería y permisos, cambiará el mapa de la minería en San Juan y en la macroregión andina.

Agradecimiento a la Asociación gremial independiente Voces Mineras