¿Quién se beneficia con la minería? AITURIC y los “anillos de justicia cercana»
¿Anillos para la Ley de Proveedores? La propuesta de Aituric
Proponen un modelo que se asemeje más al de Canadá, Australia y Noruega y no a “Kenia o el Congo”. Quieren que las comunidades más cercanas a la boca de mina sean las más beneficiadas.
Por Lucas Laciar
Víctor Alberto Grau, presidente de Aituric
¿Qué es la propuesta de “anillos mineros”?
La discusión sobre la futura Ley de Proveedores Locales vuelve a poner sobre la mesa un viejo reclamo de las comunidades más cercanas a los grandes proyectos mineros: que la cercanía geográfica sea un criterio prioritario y objetivo para la contratación.
Desde la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio. (AITURIC), su presidente, Víctor Alberto Grau, propone que la norma adopte un esquema claro de “anillos” como se aplica en países con larga trayectoria minera como Australia o Canadá.
“Es muy simple. El primer anillo es la comunidad más próxima a la bocamina, luego el segundo, tercero y así sucesivamente. No hay lugar a interpretaciones. Hoy la redacción que se plantea es confusa y termina diluyendo los beneficios para los que están más cerca del yacimiento”, remarca Grau.
La defensa del “primer anillo”
Para AITURIC, la definición numérica de prioridades resolvería una inequidad que, aseguran, arrastra más de dos décadas de minería en San Juan. “Durante 25 años de minería de Barrick, Iglesia ha sido muy poco beneficiada porque las empresas no se instalan en el departamento. Hay empresas que están en el parque industrial está en Albardón. Somos el primer anillo, los que ponemos los recursos no renovables, y sin embargo los menos beneficiados”, sostiene el dirigente, en clara referencia a que no hay un parque operativo en Iglesia de la magnitud que necesita al industria minera.
Grau considera que, tal como ocurre hoy, el término “proveedor local” es demasiado amplio: incluye a toda la provincia y confunde el objetivo. “Cuando ponés números, los números no se confunden. Si decís proximidad en kilómetros a la bocamina, la prioridad es clara. Es algo indiscutible”, afirma, citando como ejemplo a Angualasto, la localidad más cercana a uno de los principales proyectos en el departamento.
El primer anillo es la comunidad más próxima a la bocamina, luego el segundo, tercero y así sucesivamente. No hay lugar a interpretaciones
Infraestructura y desarrollo pendiente
El presidente de AITURIC vinculó la falta de un criterio de contratación basado en proximidad con otros problemas estructurales que frenan el desarrollo local, como la ausencia de un parque industrial operativo. “Iglesia tiene un 70% de sus 8.800 habitantes bajo la línea de pobreza. La situación es muy grave. Necesitamos que las empresas prestadoras de servicios mineros instalen oficinas y contraten gente aquí. No se trata solo de llevarlos a trabajar a la mina, sino de que el pueblo se desarrolle”, expresa.
Para Grau, la clave es crear condiciones para atraer y retener inversiones en el departamento. “Si no generamos las condiciones necesarias para que las empresas se asienten, promoverlo, persuadirlo, seducirlas, no vamos a salir del estancamiento económico que tenemos desde hace 20 años”, advierte.
Ley de proveedores mineros: el modelo de “anillos” que propone AITURIC
Una propuesta con antecedentes internacionales
El modelo de “anillos” defendido por AITURIC se inspira en prácticas aplicadas en jurisdicciones mineras líderes, según explica el empresario. “En Australia, Canadá o Noruega, cuanto más cerca está una comunidad de la mina, más desarrollada está. Es un cálculo lógico y matemático. Aquí en Argentina todo funciona al revés, de manera muy centralista”, cuestiona Grau.
El dirigente insistió en que la ley de proveedores locales debe tener definiciones simples y objetivas para garantizar que los beneficios de la minería lleguen primero a quienes conviven más de cerca con la actividad.
“Lo que no queremos es terminar como en Camerún, Kenia o el Congo, donde ves grandes fosas mineras rodeadas de villas miserias. Queremos un modelo que realmente deje desarrollo donde se extraen los recursos”, concluye.
La Licencia Social: de la reacción a los piquetes a un sistema de medición serio y transparente
Palabras de Grau
La Licencia Social figura en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de todas las empresas mineras. Sin embargo, en la práctica ha sido tratada como un concepto muy abstracto, vacío de indicadores claros. Durante años, en Iglesia se la midió de la forma más precaria posible: si no había piquete, había licencia social….
Este modelo fue instalado inconscientemente por la empresa Barrick y los gobiernos municipales de turno:
1. Aparecía un piquete.
2. Se creaba una cámara empresaria.
3. Se negociaban uno, dos o tres contratos.
4. El conflicto se apagaba… hasta el siguiente piquete.
Con el tiempo, este mecanismo derivó en un absurdo: seis cámaras empresarias en Iglesia , una por cada piquete. Los que no obtenían contratos, se enojaban, formaban otra cámara, reclamaban y conseguían lo suyo. Resultado: retraso estructural y un caos comunicacional que ha frenado el verdadero desarrollo del departamento.
Desde A.I.TUR.I.C. estamos trabajando en cambiar radicalmente este paradigma. Nuestro objetivo es diseñar y construir un sistema de medición y calificación digital de la Licencia Social, con criterios técnicos y objetivos, para registrar y evaluar el comportamiento de las empresas mineras sin recurrir a la herramienta arcaica de los piquetes…
Para nosotros, la comunicación y la transparencia son pilares fundamentales. Creemos que las empresas mineras deben comprometerse con buenas prácticas de comunicación, relaciones constructivas con la comunidad y acciones medibles en lo económico, lo social y lo ambiental.
La Licencia Social no puede seguir siendo un acuerdo tácito sobre una idea abstracta, basado en la ausencia de protesta: debe ser un indicador real, auditado y reconocido, que califique a las empresas y que garantice beneficios concretos y equitativos para toda la comunidad iglesiana.