En minería, tener los permisos legales al día no es sinónimo de tener la aceptación social. Ese es el gran dilema que atraviesa la actividad en el mundo y en Argentina. Los proyectos pueden cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con las leyes provinciales y con el Código de Minería nacional, pero sin licencia social, esa aceptación tácita de la comunidad, no hay maquinaria que se mueva.

Por Sergio Álvarez

¿Qué es la licencia social en minería?

La licencia social es un concepto no escrito, pero con más peso que cualquier decreto. No se obtiene en un escritorio ni con un sello oficial: se construye en la confianza diaria, en la capacidad de cumplir lo prometido, en la transparencia de la información y en la forma en la que el Estado y las operadoras mineras acompañan a la población en el proceso.

Componentes clave de la licencia social

• El impacto ambiental, puesto que las operaciones mineras deben minimizar su impacto en el medio ambiente, incluyendo la restauración de áreas degradadas y la gestión responsable de desechos.
• El impacto social, ya que las empresas mineras deben contribuir positivamente a las comunidades locales, proporcionando empleo, infraestructura y oportunidades económicas.
• La transparencia y la comunicación abierta con las partes interesadas, especialmente las comunidades locales, es fundamental para construir y mantener la licencia social.
• La responsabilidad empresarial, conformada por la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa, elementos esenciales para ganarse la confianza de la sociedad.

La obtención y el mantenimiento de la licencia social son cruciales para las empresas mineras por varias razones.

Por una parte, es relevante para permitir operaciones continuas: Sin la aceptación de la comunidad local, las empresas pueden enfrentar obstáculos significativos que dificultan o impiden sus operaciones, sin olvidarnos de la reducción de riesgos, ya que gestionar la licencia social de manera efectiva ayuda a reducir los riesgos de conflictos, sanciones legales y daños a la reputación.

Igualmente importante es el acceso a los mercados y la financiación, puesto que, cada vez más, los inversionistas y los mercados exigen que las empresas cumplan con estándares de sostenibilidad y licencia social para obtener financiamiento y acceder a oportunidades de mercado, así como la contribución al desarrollo sostenible.

La licencia social es fundamental para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental y social.

Proyectos mineros frenados en Argentina por falta de licencia social

La historia reciente lo demuestra con crudeza:

• Esquel (Chubut, 2003): la consulta popular con un 81 % de votos en contra sepultó el proyecto minero, pese a que tenía aval técnico.
• Loncopué (Neuquén, 2012): un caso similar, con el 82 % de rechazo ciudadano en una votación vinculante.
• San Jorge (Mendoza, 2011): aprobado técnicamente por la provincia, pero rechazado casi por unanimidad en la Legislatura tras fuerte presión social.
• Famatina, (La Rioja,2012): la oposición comunitaria, protestas masivas y denuncias ambientales llevaron a la pérdida de licencia social, forzando el cierre del proyecto minero.
• Pascua-Lama (Atacama Chile 2013):  Proyecto binacional Argentina Chile.

Se perdió la licencia social por:

• – Protestas indígenas y ambientales.
  – Denuncias de contaminación y sequía.
  – Fallos judiciales y multas.

Estos episodios dejaron una enseñanza clara: la licencia social no es negociable. Y si no está, el proyecto no avanza.

El caso San Juan: ¿Cómo reconstruir la confianza?

San Juan, provincia minera por excelencia, parece haber aprendido la lección y hoy busca blindar la licencia social desde tres frentes:

 1. Modernización normativa: el Decreto 007/2024

El Ministerio de Minería, bajo la conducción de Juan Pablo Perea, aprobó en diciembre de 2024 el Decreto Reglamentario 007/2024, que unifica y moderniza los procesos de evaluación ambiental. La meta es clara: más agilidad, más transparencia y menos burocracia en los Informes de Impacto Ambiental (IIAs).

2. Transparencia digital: el padrón y canon minero

En junio de 2025, la provincia lanzó una plataforma digital que permite a cualquier ciudadano consultar concesiones mineras, cánones pagados y trámites vigentes. Una medida inédita en Argentina, que apunta a derribar la opacidad histórica de la minería.

Aún hay grises en esa transparencia, y en la publicación de todos los datos que deberían ser públicos.

3. Presencia en el territorio

“El trabajo de la licencia social se hace todos los días, en el territorio, hablando con los vecinos”, repite el ministro Perea. El discurso oficial entiende que la aceptación no se decreta: se conversa, se explica, se construye en contacto humano.

Pero aún dista mucho camino entre las palabras del ministro y la realidad que se vive en las comunidades mineras donde las infraestructuras brillan por su ausencia y donde la mano de obra local no termina de ser prioridad para muchas operadoras.

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La licencia social es un contrato emocional entre empresa, comunidad y Estado, pero es la voz que tiene el pueblo.

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El caso Veladero: una lección aprendida

San Juan conoce de primera mano lo que significa perder la confianza social. En 2015, 2016 y 2017, la mina Veladero, operada por Barrick Gold, sufrió sucesivos derrames de solución cianurada en la cordillera. La noticia se expandió con velocidad, generando un rechazo social inmediato y protestas en las calles de Jáchal y en la capital provincial.

Por primera vez, la licencia social estuvo en jaque: se cuestionó la falta de controles, la complicidad política y la forma en que se comunicaron los hechos. La desconfianza hacia la minería alcanzó niveles críticos, y hubo quienes creyeron que San Juan seguiría el camino de Esquel o Mendoza, donde la oposición social frenó proyectos.

Sin embargo, el proceso fue distinto. Con sanciones a la empresa, nuevas exigencias ambientales, auditorías externas y un discurso político que defendió la minería pero reconoció errores, la provincia logró recomponer en parte la confianza.

Reconstrucción de la licencia social en San Juan

Hoy, a pesar de aquel episodio, San Juan se presenta como un ejemplo de licencia social reconstruida: la minería sigue siendo pilar de la economía provincial y mantiene un nivel de aceptación ciudadana que otras provincias no han logrado sostener.

Ese antecedente refuerza una verdad incómoda: la licencia social es frágil y puede quebrarse con un solo accidente, pero también demuestra que con gestión, controles, buena comunicación, sanciones claras y un compromiso sostenido, puede restablecerse.

Los desafíos actuales y el futuro de la licencia social

El aprendizaje de Veladero debería servir de guía. Sin embargo, el Ministerio de Minería enfrenta cuestionamientos concretos que, de repetirse, podrían erosionar nuevamente la confianza social:

• Dilatar la Ley de Proveedores Locales: un proyecto clave para garantizar que las comunidades participen de manera real en la cadena de valor minera sigue sin avances. La demora erosiona la credibilidad y alimenta el malestar de empresarios y trabajadores locales.
• Dejar que las multinacionales marquen la cancha: el caso de Vicuña es paradigmático. La contratación de empresas extranjeras, o de fuera de la provincia, en lugar de priorizar proveedores locales, deja a la provincia como simple espectadora de decisiones estratégicas.
• Falta de transparencia en la comunicación: mientras los discursos oficiales hablan de diálogo, muchas veces la información sobre negociaciones, inversiones o impactos ambientales llega tarde, fragmentada o maquillada. Y en un ecosistema donde la percepción es tan importante como el hecho, la opacidad cuesta caro.

La fragilidad de la confianza: ¿alcanza con estas medidas?

La pregunta que queda abierta es si la modernización legal y la «transparencia digital» son suficientes para sostener la confianza en el largo plazo. Las comunidades suelen exigir algo más:

• Participación real en la toma de decisiones.
• Cumplimiento estricto de las promesas de empleo y proveedores locales.
• Control ciudadano independiente de los compromisos ambientales.

La experiencia internacional muestra que la licencia social puede perderse rápidamente si se perciben incumplimientos. El caso de Quellaveco (Perú, Anglo American) es ilustrativo: empezó con buena aceptación, pero la perdió al ser acusado de no cumplir con compromisos de compras locales.

La licencia social como contrato emocional

La licencia social es el talón de Aquiles de la minería, y su fragilidad ha quedado demostrada en episodios pasados.

Si bien las acciones recientes en San Juan, como la modernización legal y la transparencia digital, son pasos en la dirección correcta, no son suficientes por sí solas. La experiencia internacional y la historia local enseñan que la confianza de la comunidad se gana con el tiempo, a través de acciones concretas: el cumplimiento de promesas, la participación real en la toma de decisiones y una gestión que priorice el beneficio local.

El desafío para el gobierno y las operadoras mineras en San Juan es enorme: deben demostrar con hechos que el crecimiento del sector se traducirá en un desarrollo genuino y sostenible para la provincia. Solo así podrán asegurar que la licencia social, ese contrato invisible pero vital, se mantenga fuerte en el largo plazo y evite que la riqueza mineral se convierta en una fuente de conflicto en lugar de prosperidad.