Cierre de minas: la ley que protegería a San Juan y duerme en la Legislatura
Cierre de minas: El proyecto que duerme en la Legislatura mientras crece el riesgo de pasivos ambientales
Aunque fue presentado en 2024, el proyecto de ley provincial para regular el cierre de minas en San Juan continúa sin tratamiento en la Cámara de Diputados. Desde el equipo que redactó la norma advierten que, de no aprobarse antes de fin de año, deberá volver a presentarse desde cero. Qué implica esta ley y por qué su parálisis compromete al Estado y a las comunidades.
Por Lucas Laciar
Cierre de minas: un proyecto estancado en la Legislatura
En junio del año pasado, el diputado provincial Franco Aranda (Frente Renovador) presentó un proyecto de ley para establecer una norma específica sobre el cierre y post cierre de minas en la provincia. A más de un año de su ingreso, el texto sigue estancado en la Comisión de Minería sin fecha cierta de tratamiento.
“Está en comisión y hasta fin de año tiene estado parlamentario. Si no se trata, veremos si lo presentamos de nuevo el año que viene. Estamos ahí en la expectativa”, explica Alejandra Cáneva, abogada especialista en derecho minero y una de las principales redactoras del proyecto.
El texto propone una reforma estructural al régimen ambiental minero de San Juan. En lugar de seguir atados a los lineamientos nacionales —a los que la provincia adhirió en 2021— la ley establecería un marco propio, vinculante y con obligaciones claras para todas las etapas del ciclo minero: prospección, exploración, explotación, cierre y post cierre.
El objetivo declarado es evitar que la provincia cargue con los costos de remediación en caso de que una empresa minera abandone el territorio sin cumplir con el cierre adecuado de sus operaciones. Un escenario que, como reconoce la propia Cáneva, no es hipotético:
“Si lamentablemente queda algún tipo de líquido o algo que está mal cerrado, porque obviamente se tiene que ir cerrando por etapas, de haber algún problema, a veces es una imponderable, la que se tiene que hacer cargo patrimonialmente de recuperar todo eso es la provincia”, advierte.
Alejandra Cáneva, abogada especialista en derecho minero y propulsora de la Ley de Cierre de Minas
Cierre responsable, garantías económicas y licencia social
La iniciativa busca que las empresas presenten un plan de cierre junto con su informe de impacto ambiental antes del inicio de la explotación, incluyendo un cronograma flexible para cierres parciales. El cierre definitivo, por su parte, obligará a dejar el sitio en condiciones físicas y geoquímicas similares a las originales, con prevención de riesgos como la inestabilidad de taludes o presencia de contaminantes.
“Las empresas no quedan liberadas tras el cierre. Hay obligaciones post cierre, se les exige dejar garantías económicas, cartas de crédito, seguros de caución, títulos públicos, y el Estado mantiene facultades de control y monitoreo”, detalla Cáneva.
Cierre responsable, garantías económicas y licencia social
Una parte sensible del proyecto son justamente esas garantías: dinero o instrumentos financieros que las compañías deben inmovilizar para asegurar el cumplimiento de sus compromisos ambientales. Según la abogada, “a veces el problema que tienen las empresas es que las garantías internacionales, porque ya pasó, no eran suficientes para la República Argentina”. Sin embargo, aclara que hoy existen herramientas modernas y variadas para dar cumplimiento a esas obligaciones sin frenar las inversiones:
“Hay muchas formas de garantizar y más ahora con los sistemas bancarios modernos. Pero bueno, es controvertido para las empresas”.
La comparación con otros países, y con las propias prácticas corporativas fuera del país, es inevitable. “Las empresas que están en Argentina también operan en Canadá, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Chile, en Perú. En todos esos países existe legislación específica para el cierre. No se trata de cambiar las reglas de juego, sino de ponernos a la altura”, plantea.
“Las empresas no quedan liberadas tras el cierre. Hay obligaciones post cierre, se les exige dejar garantías económicas, cartas de crédito, seguros de caución, títulos públicos, y el Estado mantiene facultades de control y monitoreo”.
¿Qué intereses frenan el debate?
El proyecto de ley está técnicamente listo, con consultas previas a cámaras empresarias y sectores de la minería. “Franco se reunió con la Cámara Minera, con la Cámara de Proveedores, y la verdad es que estaban todos muy a favor. ¿Quién estaría en contra de que protejamos a la provincia?”, señala Cáneva.
Aun así, el tratamiento parlamentario no avanza. Según explica la entrevistada, no ha habido una definición política para priorizar el tema. “Tenían muchos temas anteriores a tratar y todavía están siguiendo un orden. Ojalá lo puedan tratar este año”.
Consultado por Acero y Roca, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados no respondió a las solicitudes de entrevista. Tampoco lo hicieron referentes del bloque mayoritario del oficialismo, hoy alineado con el Ejecutivo provincial.
La falta de definiciones plantea preguntas incómodas: ¿Qué intereses frenan una ley que apunta a proteger el ambiente y las finanzas públicas? ¿Hay temor a espantar inversiones extranjeras en un contexto de presión para acelerar la explotación del cobre? ¿Quién carga con los costos del silencio?
Cierre de mina Pierina, en Perú. La finalización de los trabajos están previstos para el 2026
Una minería de montaña, con pasivos en el horizonte
El trasfondo es claro: con el impulso de proyectos de gran escala como Josemaría y Los Azules, la provincia se encamina a una nueva etapa minera, más intensa, más riesgosa, y con mayor exposición internacional. La ausencia de un marco legal específico para el cierre de minas, que contemple la escala y complejidad de estos nuevos proyectos, puede tener consecuencias económicas y ambientales de largo plazo.
“Nosotros estamos a favor de la minería, por supuesto, porque el 80% de nuestro territorio es montaña. Pero queremos una minería responsable, que no afecte después con un pasivo ambiental. Porque si eso pasa, la que la tiene que recuperar hoy es la provincia. Y es un gasto enorme”, sostiene Cáneva.
Hacia una minería responsable: la urgencia de legislar
Desde el año 2021, los lineamientos nacionales exigen que el cierre se planifique desde el inicio del proyecto, involucrando a las comunidades afectadas y garantizando el resguardo de la salud, el ambiente y la seguridad. Pero esos lineamientos, sin ley provincial que los respalde, no son suficientes para forzar el cumplimiento ni para activar mecanismos locales de control y ejecución.
El texto presentado por Aranda, según su equipo, busca llenar ese vacío. Pero mientras la Legislatura dilata el debate, la responsabilidad ambiental sigue siendo una deuda pendiente. Y, como en muchos temas mineros, cuando nadie habla, el costo siempre termina recayendo en el Estado.