Regalías mineras en San Juan: claves y debates desde la mirada de un exministro

El régimen de regalías mineras ha sido, desde la llegada de la gran minería metalífera a San Juan, un punto central en la discusión sobre cómo se distribuyen los beneficios de la actividad extractiva. Para comprender en detalle cómo funcionan estos mecanismos, ACERO Y ROCA dialogó con Carlos Astudillo, exministro de Minería de la provincia, quien repasó aspectos técnicos, legales y políticos vinculados a este instrumento clave.

Por Yenhy Navas

¿Qué significa regalías en “boca mina”?

La legislación argentina establece que las provincias productoras pueden cobrar hasta un 3% del valor del mineral en boca mina. Esa expresión, explicó Astudillo, refiere al mineral tal como sale de la mina, antes de atravesar los procesos de concentración o refinación.

“Cuando hablamos de boca mina, no significa que se pague por todos los minerales presentes en una mina. Hay minerales que, al mezclarse, restan valor. Por ejemplo, en el hierro de Sierra Grande, el fósforo actúa como veneno para el hierro porque lo hace quebradizo. Por lo tanto, no todo lo que se extrae termina generando regalías: solo el mineral efectivamente utilizable”, detalló el ex funcionario.

Sin embargo, San Juan modificó ese esquema. Durante la gestión de José Luis Gioja, se negoció con las empresas mineras un cambio importante: del 3% sobre boca mina al 3% sobre venta. “Eso no es lo mismo”, aclaró Astudillo. “Sobre venta implica calcularlo ya sobre el metal comercializado, lo que representa un ingreso mayor para la provincia. Fue un acuerdo alcanzado con proyectos como Veladero, Casposo y Gualcamayo, y significó un avance clave”. Según la normativa vigente en la provincia de San Juan (Ley 7281), las regalías mineras se establecen actualmente en un 3 % sobre el valor en “boca mina” del mineral extraído. Aunque la legislación nacional en el marco del RIGI permite elevar ese porcentaje hasta un máximo del 5 % para proyectos nuevos, San Juan no ha adoptado ese aumento y mantiene el esquema actual del 3 % para su minería en actividad.

¿Cómo se pagan y quién controla?

El exministro explicó que las regalías se manejan en dólares porque la moneda nacional no es utilizada en el comercio internacional de minerales. “La venta se controla a través de la ex AFIP (hoy ARCA), que registra cuánto se vende y a qué precio. Luego se convierte a pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación, y sobre esa base se calcula lo que corresponde a la provincia”. Además del organismo nacional, en San Juan existe la Dirección de Fiscalización de Ingresos Mineros, dependiente del Ministerio de Minería, que audita los montos declarados y verifica que se cumplan los procesos aprobados. “El Estado autorizó a la empresa a trabajar de determinada manera, y debe asegurarse de que ese proceso se cumpla. Si hay desvíos, el Estado interviene y corrige”, indicó.

Respecto al tiempo entre la notificación y el pago, el ex funcionario señaló que el mecanismo depende de la declaración de ventas de la empresa, siempre bajo control fiscal. “No hay una obligación de vender en una fecha específica, pero una vez realizada la venta, la empresa declara y se calcula la regalía sobre ese monto”, puntualizó.

¿Y los minerales no contabilizados?

Otro interrogante recurrente es qué ocurre con los minerales presentes en una mena que no se comercializan. Astudillo explicó que esas impurezas o minerales acompañantes se analizan en laboratorio y forman parte de los testigos que viajan a las refinerías, pero no necesariamente generan regalías si no tienen un mercado específico. «Si el mineral no está valorizado en el proceso, no se cobra regalía por él. Todo queda certificado, con análisis y muestras, pero la regalía se calcula sobre lo que efectivamente se comercializa”, aclaró.

El ingeniero Carlos Astudillo, exministro de Minería de San Juan, en un diálogo exclusivo sobre las regalías mineras

Distribución de regalías: del gasto corriente a la obra pública

En cuanto a la distribución interna de lo recaudado, Astudillo recordó que en los primeros años la ley provincial asignaba un 55% a la provincia, un 33% a los municipios y un 12% al Ministerio de Minería. Esa distribución generó críticas porque, en muchos casos, los fondos municipales se usaban para gastos corrientes. “Con el Acuerdo San Juan, se modificó la ley para que la provincia pasara a recibir el 70%, mientras que los municipios y el Ministerio de Minería redujeron su participación. Además, se estableció que los municipios solo podían destinar su parte a obras de infraestructura. Queríamos que la sociedad viera que las regalías mineras se transformaban en caminos, hospitales o viviendas, y no en gastos diarios de funcionamiento”, relató el exministro.

A esa reforma se sumó otra innovación: la creación de un fondo específico para ciencia y tecnología. Según Astudillo, fue una manera de vincular la minería con el desarrollo. “Siempre entendimos que si a la minería no le incorporás tecnología, queda en mero movimiento de roca. Y mover roca no deja ganancia; lo que genera desarrollo es la industria, la innovación, el conocimiento”, afirmó. Un ejemplo fue el acuerdo con Veladero, que incluyó la obligación de desarrollar un proyecto piloto de hidrógeno en Iglesia. “Era una mirada hacia la transición energética. Pensábamos en camiones mineros impulsados con hidrógeno y en la necesidad de descarbonizar, no solo de cuidar glaciares o agua, sino de reducir la huella de carbono”, agregó.

El debate de fondo: ¿extractivismo o desarrollo?

Más allá de lo técnico, Astudillo destacó que el verdadero desafío está en transformar la minería en motor de desarrollo y no en un simple esquema extractivo. “Yo no quiero que Argentina sea el Congo. Tenemos universidades, hospitales y sectores medios. Tenemos que vender otra cosa además de minerales: educación, salud, infraestructura. Por eso invertimos tanto de los recursos mineros en caminos, hospitales y escuelas en zonas cordilleranas”, remarcó.

Para el ex ministro, el objetivo siempre fue sumar valor: “No es lo mismo exportar concentrados de cobre que producir placas de cobre electrolítico en el país. En el primer caso dependemos de fundiciones en el exterior; en el segundo, podemos generar industria nacional y empleo calificado”.