Proyecto Altar: inversiones millonarias y un conflicto legal que podría complicar su desarrollo

Un representante del Campo Cortés Monroy advierte incumplimientos, presuntas violaciones a la Ley de Glaciares y amenaza con acciones judiciales y avisos a bolsas internacionales. Aldebaran Resources avanza con la PEA que estima un CAPEX superior a U$S 1.500 millones; el choque entre inversión y reclamos legales podría definir el futuro del proyecto.

Por Lucas Laciar

Altar: Un gigante de cobre con una inversión proyectada de U$S 1.500 millones

Altar es hoy uno de los proyectos cupríferos más relevantes en el norte de la provincia de San Juan. La compañía a cargo lo está moviendo hacia una Evaluación Económica Preliminar (PEA) prevista para 2025 y ha señalado escenarios de inversión que, según declaraciones del country manager citadas por medios internacionales, podrían superar los U$S 1.500 millones de CapEx, con una vida útil estimada en torno a 20–25 años y recursos declarados de decenas de miles de millones de libras de cobre y millones de onzas de oro.

Aldebaran, la firma canadiense que impulsa Altar, ha publicado actualizaciones sobre el avance del programa de campo y la preparación de la PEA, y en sus comunicados indica que trabaja en distintos escenarios técnicos y económicos que serán detallados en el estudio preliminar.

Antes de exponer el reclamo de Guevara, cabe destacar que este medio se contactó con Javier Robeto, country Director del proyecto, quien debido a que se encontraba de licencia no pudo atendernos, pero se comprometió a brindar una respuesta a su regreso.

El reclamo del superficiario: quién habla y qué denuncia

Gabriel Guevara, abogado, accionista y apoderado de la sociedad que representa al superficiario de Campo Cortés Monroy (identificado por Guevara como CSM S.A.), concedió a ACERO Y ROCA una entrevista en la que expuso un conjunto de denuncias contra las compañías que exploran y avanzan en el área donde se proyecta Altar. Guevara se presentó así: “Soy accionista. y apoderado de la sociedad denominada CCM S.A. que es propietaria del campo denominado Cortez Monroy ubicado en el departamento de Calingasta con una superficie de 203.000 hectáreas con títulos y escrituras perfectas”.

Incumplimiento de servidumbres y daños y perjuicios

Sobre sus principales quejas, Guevara afirmó textualmente: “No pagan la servidumbre de ocupación, de tránsito, y daños y perjuicios ocasionados al inmueble por su actividad minera desde el momento que se le otorgo la concesión minera hace más de 20 años al superficiario, al margen de violar en forma sistemática la Ley de Glaciares, circunstancia reconocida por ellos en forma expresa en una nota que han hecho en Ámbito Financiero».

La acusación central: Violación sistemática de la Ley de Glaciares

En la entrevista describió también que la empresa habría perforado por encima de la profundidad permitida, zona que identifica como afectada por permafrost y glaciar de roca, y dijo que esas labores constituyen una prohibición según la Ley de Glaciares. Guevara señaló: “Ellos con la Ley de Glaciares no pueden seguir trabajando porque están arriba de los 4.000–5.000 metros, y ellos siguen perforando y destruyendo montaña de hielo ”.

Más en profundidad, el abogado explica que: “ La Ley 26.639 de Glaciares establece en su Artículo 2° que son ambientes protegidos los glaciares y el ambiente periglacial, entendido este último como las áreas de alta montaña con suelos permanentemente congelados (permafrost) que actúan como reguladores y reservas estratégicas de agua para las cuencas hidrográficas”.

En la misma línea añade que :“En su Artículo 6°, la norma prohíbe en estos ambientes toda actividad que pueda afectar su estabilidad y funciones: la liberación de contaminantes, la construcción de obras e infraestructura (salvo las destinadas a investigación científica y prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la instalación de industrias u otras actividades que deterioren los glaciares o el permafrost”. Para sustentar estas afirmaciones, Guevara se basa en un documento clave que ha compilado durante años.

El «Informe Maestro»: la evidencia que sustenta la denuncia

En el informe que Guevara elaboró y puso a disposición de este medio, «Informe Maestro Altares 2013–2025″, se recopilan, según su autor, antecedentes y evidencias sobre actuaciones en campo que, a su juicio, configuran incumplimientos contractuales y daños ambientales acumulativos. Entre los puntos que el informe documenta están:

Puntos Clave del Informe (2013-2025)

• Alegados incumplimientos en el pago de servidumbres por parte de explotadores y ocupantes.
• Presuntas violaciones a la Ley Nacional de Glaciaresy normativas provinciales por obras y perforaciones en áreas de glaciares de roca y suelos congelados.
• Incremento de la superficie afectada con huellas de obras y zanjas desde 2013 hasta 2025.
• Registro de campañas de perforación acumuladas en los últimos años que, según el informe, incrementarían el riesgo ambiental.

El Informe Maestro es la pieza central del reclamo público de Guevara: sus conclusiones y anexos, según el propio autor, son la base para las denuncias penales y las notificaciones que ha remitido a entidades fuera del país.

Ver informe versiones español e inglés: Informe_Maestro_Altares_2013-2025. ESPAÑOL – Informe_Maestro_Altares_2013_2025 – INGLES

La estrategia de Guevara: denuncias locales y advertencias internacionales

Guevara aseguró haber iniciado una maniobra en tres frentes: judicial local, notificación a mercados internacionales y presión informativa. En sus palabras: “Yo he cursado 250 mails al Banco Mundial, a todos sus socios, a las Bolsas de Valores de Canadá, de  Nueva York y de Johannesburgo… es decir… o ellos se ajustan a derecho y cumplen con todo lo que tienen que cumplir, pago al superficiario y un montón de cosas más, o van a tener problemas serios, muy serios. Es más, tengo la denuncia penal lista para presentarla.”

Ese planteo explica por qué Guevara no sólo busca remedios locales sino también reputacionales: si las presuntas irregularidades llegaran a inversores internacionales o a bolsas donde cotizan los socios del proyecto, advertencias y denuncias podrían devenir en riesgos regulatorios y de mercado para las empresas implicadas. Es, en su diagnóstico, la palanca para forzar cumplimiento fuera del circuito local.

Riesgos jurídicos y el futuro del proyecto

La confluencia de tres elementos: un proyecto con dimensiones económicas relevantes, reclamos por presuntos incumplimientos y la presencia de inversores internacionales, explica el potencial impacto que podría tener un proceso judicial o una salida negativa en términos de permisos y licencia social:

Impacto judicial, bursátil y administrativo

• Desde la vía judicial, Guevara amenaza con denuncias penales y acciones que, si prosperaran, podrían activar medidas cautelares sobre actividades en campo.
• Desde la vía bursátil, las notificaciones a bolsas y organismos internacionales, según Guevara, buscarían que los socios y mercados revalúen la información disponible sobre riesgos legales y ambientales.
• Desde la vía administrativa, eventuales reproches por violaciones a la Ley de Glaciares u otros incumplimientos podrían traducirse en demoras, sanciones o condicionamientos al proceso de permisos.

En consecuencia, las ramificaciones del conflicto son complejas y dependen de múltiples factores. Es importante subrayar: las consecuencias jurídicas concretas dependerán de la verificación probatoria de lo que denuncia Guevara y de las decisiones que tomen los tribunales, autoridades regulatorias y las propias empresas y sus asesores legales. La existencia de un conflicto, sin embargo, ya coloca un elemento de incertidumbre que los mercados y los equipos técnicos de proyecto no podrán ignorar. Parte de esta tensión ya aparece en la cobertura y en los comunicados alrededor de la PEA. 

La postura de Aldebaran Resources y la incertidumbre del mercado

Aldebaran ha difundido públicamente información sobre el avance del Altar y sobre su intención de publicar una PEA en 2025; la empresa incluso ha señalado escenarios técnicos y la búsqueda de inversores para la etapa de desarrollo que sigue al estudio preliminar. En su web y comunicados oficiales la firma detalla el programa de campo, actualizaciones de recursos y próximos pasos técnicos.

Sin dudas, esta iniciativa generará un revuelo en el mundo de la minería a nivel internacional. Si no tiene respuesta, el abogado no descarta iniciar acciones legales y el envío de los mails que asegura que hizo podría generar un interrogante entre los inversores lo que generaría un problema complejo para el proyecto.

Hacer alusión a lo manifestado en el diario ámbito financio donde reconocen implícitamente que con la actual ley de Glaciares no se podrían continuar que debe ser modificada.