El sector minero provincial aguarda la norma prometida por el gobernador. Tras meses de borradores circulando entre empresas y cámaras, el Gobierno anunció que el proyecto ingresará a la Legislatura después de las elecciones.
En entrevista con ACERO Y ROCA, el Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan explicó el corazón de la iniciativa. Esta se basa en la radicación, el registro y las obligaciones para operadoras, grandes proveedores y profesionales. La ambición es retener un mayor valor agregado en las comunidades productoras.

Por Lucas Laciar

A principios de año, durante la apertura de sesiones, el gobernador Marcelo Orrego prometió una nueva ley de proveedores. El objetivo era modernizar el marco local y reforzar la participación de las empresas sanjuaninas en la cadena minera. Desde entonces, el sector ha vivido entre versiones, conversaciones a puertas cerradas y múltiples borradores.

La expectativa es alta, ya que la minería es el motor económico de la provincia. La prometida norma se presenta como la herramienta que permitirá que “parte del valor agregado quede en las comunidades”, según el propio Ejecutivo. El Gobierno confirmó a este medio que el proyecto está casi listo. Se ingresará a la Legislatura después del proceso electoral para no mezclar la iniciativa con la agenda de campaña.

Una reforma fiscal y de radicación

En ese marco, Alfredo Aciar —Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan— detalló el trabajo detrás del texto y los puntos centrales que, según el Ejecutivo, transformarán la relación entre operadoras, grandes contratistas y los proveedores locales. Sus definiciones apuntan, sobre todo, a un cambio de régimen fiscal y de radicación: la ley buscará que todas las empresas vinculadas a la minería tributen en San Juan y que los proveedores locales tengan beneficios, pero también obligaciones concretas. Para entender a fondo la iniciativa, es clave analizar su eje principal.

El centro: radicación y tributación en San Juan

Si hubiera que resumir en una frase el núcleo de la reforma, sería esta: radicar para tributar. Aciar lo explicó sin ambages: “es una de las grandes cosas que introduciría esta nueva ley de ser sancionada. Necesitas estar radicado en San Juan. Hoy, por ejemplo, las que hacen exploración generalmente están radicadas en otra provincia. Ahora, tanto desde la prospección, exploración, explotación hasta cierre de mina, todas las empresas tienen que estar tributando en la provincia de San Juan, incluyendo los proveedores.”

¿Qué significa en la práctica esta exigencia?

Aunque el proyecto final aún no se presentó en la Legislatura y Aciar evitó adelantar artículos concretos —“Adelantarme sería en vano”—, su enunciado marca un cambio de paradigma:

• Registro y domicilio fiscal local: La empresa deberá tener domicilio y oficinas en la provincia para poder contratar, facturar y percibir beneficios como proveedor.
• Tributación local: Los tributos provinciales y tasas asociadas a la actividad pasarían a liquidarse en San Juan; esto implicaría que los ingresos derivados de contratos con operadoras queden gravados localmente.
• Condiciones de elegibilidad: Para ser contemplado como “proveedor local” y acceder a preferencias, la empresa deberá cumplir requisitos formales (registro, comprobantes de domicilio, nómina de empleados locales, capacitaciones realizadas, etc.).

La intención oficial es doble: captar recursos fiscales —que hoy en muchos casos terminan en otras provincias— y asegurar que la actividad genere empleo real, contratación de servicios y desarrollo de capacidades en el territorio. Como lo sintetizó Aciar: “necesitamos que del valor agregado que genera, que es muchísimo y muy bueno para la provincia, una parte importante quede en nuestros pobladores.”

Dos categorías de proveedores: local vs. proveedor de la comunidad

Además de este eje tributario, otro eje fuerte del proyecto es la diferenciación de estatus entre proveedores: proveedor local sanjuanino y proveedor de la comunidad, con este último recibiendo “estatus especial”. Aciar fue claro: “vamos a reconocer en la ley dos tipos de proveedor. El proveedor local sanjuanino, pero al proveedor local de la comunidad se le da un estatus especial. Ese proveedor de la comunidad es el principal beneficiario de la ley.”

La idea detrás de esta doble categoría es priorizar a empresas que además de residir en la provincia tengan arraigo en los municipios más afectados por la actividad minera: Jáchal, Iglesia, Calingasta, etc. El “proveedor de la comunidad” debería demostrar vinculación real con el territorio —empleo local, inversión en capacitación y aporte al entramado productivo— para acceder a ventajas preferenciales en la contratación pública y privada vinculada a proyectos mineros.

Programas obligatorios y evaluación permanente

La norma no se limita a enunciados: pretende exigir programas de desarrollo de proveedores y someter su cumplimiento a evaluación. Aciar anticipó que “las mineras, las operadoras y también los grandes proveedores de la minería… van a tener que cumplir con un programa de desarrollo de proveedores que van a tener que presentarlo y cumplirlo. Nosotros lo vamos a estar evaluando permanentemente.”

En términos prácticos, esto podría implicar

• Planes anuales con metas de contratación local y capacitación.
• Indicadores verificables (porcentaje de mano de obra local contratada, montos adjudicados a pymes locales, número de pasantías, etc.).
• Auditorías y reportes regulares del cumplimiento; sanciones o cláusulas contractuales si no se alcanzan metas.

El objetivo: transformar la promesa de “prioridad a lo local” en obligaciones contractuales exigibles y fiscalizables.

Competencia regional y protección para pymes

En la entrevista también emergió la preocupación por la competencia con provincias vecinas y la disparidad de escalas empresarias. Aciar lo explicó con realismo: “El mayor tamaño de las empresas está relacionado con el mayor tamaño de las poblaciones… Las de Mendoza pueden ser más grandes que las nuestras… Eso es parte del ecosistema del medio ambiente.”

De allí deriva la lógica de la norma: si San Juan no despliega mecanismos que protejan y fortalezcan a sus proveedores frente a rivales más grandes (por ejemplo, empresas radicadas en Mendoza o Córdoba), la mayor parte del valor generado por la minería terminará fuera de la provincia. La ley, según el funcionario, incorpora herramientas de protección “moderada”: preferencias y requisitos que no necesariamente cierren el mercado, pero que otorguen margen de maniobra a empresas locales para competir y crecer.

A quiénes alcanzará la ley: no solo proveedores, también profesionales

La iniciativa avalada por el Ejecutivo pretende extender beneficios (y obligaciones) más allá de las firmas proveedoras: “Proveedores, por supuesto que sí, necesitarían tener oficinas y, de alguna manera, también avanza sobre las gremiales profesionales, que también van a ser beneficiarias de esto, todos los profesionales que estén en la actividad: ingenieros de mina, geólogos, etcétera.”

Esto sugiere que la norma contempla incentivos para la radicación de profesionales en la provincia —un elemento clave para desarrollar capacidades técnicas locales— y que los colegios y asociaciones profesionales podrían integrar mecanismos de formación y certificación vinculados al registro de proveedores.

Aciar intentó despejar temores con un argumento político y social: “necesita licencia social… quienes vivimos acá… necesitamos que del valor agregado… una parte importante quede en nuestros pobladores.” En otras palabras: la ley busca equilibrar intereses económicos con la demanda social de redistribución.

Calendario y mecanismo de ingreso: después de las elecciones

Aciar confirmó el calendario político: el proyecto ingresará después del 26 de octubre para no mezclarlo con la campaña electoral. “Una vez que termine la elección del 26 de octubre, seguramente ingresará y estimo que saldrá sancionado, porque no creo que nadie pueda ver con malos ojos proteger a nuestros proveedores mineros.”

Ese cronograma busca darle a la iniciativa un trámite sereno en la Legislatura y evitar que su debate se politice en plena contienda. La expectativa oficial es que la ley salga sancionada con apoyo amplio, aunque mucho dependerá del diálogo con cámaras empresarias, gremios y municipios en las semanas previas.

¿Una política industrial nueva?

La propuesta que describe el Ejecutivo apunta a convertir la relación entre minería y territorio en algo más equilibrado: no basta con extraer y exportar; la provincia quiere retener renta, empleo y capacidades. Si la ley efectivamente obliga a radicar y tributar en San Juan, y si su implementación incluye registros rigurosos, programas verificables y sanciones, entonces podría cambiar el mapa económico de varias localidades.

Sin embargo, el éxito dependerá de la letra fina: cómo se definen los requisitos, qué controles se aplican, qué incentivos existen para las pymes y cómo se resuelven las fricciones con empresas ya establecidas en otras jurisdicciones. Aciar resumió la vocación del Ejecutivo con una mezcla de orgullo y realismo: “Yo soy un hombre de Jáchal… y es imperioso que parte del valor agregado quede en las comunidades.”

En las próximas semanas el sector observará el ingreso del proyecto con atención; para los proveedores, profesionales y municipios, la nueva ley puede ser una oportunidad histórica. Para las operadoras y grandes contratistas, una reconfiguración obligatoria del modo de operar en la provincia. Para San Juan, la promesa de que, por fin, la minería deje más trabajo y más empresas en casa.