Guillermo Godoy, presidente de la nueva Cámara de Servicios Mineros de Iglesia, advierte que los procesos comunicacionales de la empresa ponen en riesgo el consenso social necesario para la actividad extractiva.

Por Lucas Laciar

En el corazón del departamento Iglesia, donde la minería define el pulso económico y social de toda una comunidad, una nueva voz se alza para reclamar lo que considera un derecho básico: la participación efectiva de los proveedores locales en la cadena de valor minera. Guillermo Godoy, presidente de CAISMI (Cámara de Servicios Mineros de Iglesia), no esconde su preocupación por lo que describe como una situación límite que podría poner en jaque la continuidad de los proyectos extractivos en la zona. La advertencia es clara y contundente: «Si no hay licencia social, no hay minería. Eso pasa en todas partes del mundo», sentencia Godoy, quien lidera una organización que nuclea a 25 empresarios locales decididos a no quedarse al margen del desarrollo minero de su territorio.

Una cámara con propósito territorial

Esta nueva entidad, CAISMI nació de una realidad compleja, conformada por empresarios que “estaban en otras cámaras y se desprendieron de una cámara” junto a “otros socios que son nuevos, que anteriormente no estaban en ninguna otra cámara”. Esta composición diversa responde a una filosofía clara que Godoy define con precisión: la idea de la cámara es “poder ser insertado obviamente en la actividad minera, pero aportar para que el departamento pueda despegar, para que puedan crecer nuestros asociados, para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de su tierra y que tengan oportunidades acá en su tierra”.

Filosofía de CAISMI: Desarrollo local y cuidado ambiental

El enfoque territorial de CAISMI trasciende lo puramente económico. Godoy enfatiza que “hay que cuidar nuestro medio ambiente, nuestra mano de obra, nuestras culturas, nuestras cosas que son nuestras, nuestras tradiciones”, pero también reconoce que “nosotros le brindamos una licencia social a la minería” y que las empresas “tienen que cuidar la licencia social, la tienen que cuidar y todos los días lubricarla, para que esté mejor, para que ande todos los días un poco mejor”.

El problema Vicuña: comunicación lenta, resultados nulos

La crítica más dura de Godoy se dirige hacia Vicuña, la empresa que opera el proyecto aurífero más importante de la zona. El diagnóstico es lapidario: “La empresa Vicuña, a nuestro entender, tiene unos procesos muy lentos de comunicación”.

De hecho, para ilustrar esta problemática, el presidente de CAISMI ofrece un ejemplo concreto que resulta revelador: “En el mes de junio se le adjudicó la obra de mantenimiento desde La Majadita a la empresa Zlato, el 22 de agosto por parte de la empresa Vicuña mantuvimos una reunión con Zlato, Vicuña y las cámaras. Fíjese el tiempo que ha pasado”.

El impacto de la falta de previsibilidad

Este desfase temporal no es un detalle menor para Godoy, quien explica que “esas cosas tienen que ser, para poder trabajar bien, acordar, tener previsibilidad, etcétera, etcétera, tienen que ser comunicadas con tiempo para que nuestros asociados puedan inmediatamente decidir, a ver qué es lo que va a necesitar la empresa”.

Tres años de diálogo sin resultados

Tras años de espera, la paciencia de los empresarios iglesianos parece estar llegando a su límite. Godoy revela que “venimos conversando con mesas de trabajo de hace como tres años atrás. Resultado: resultado cero”. Esta situación genera una frustración creciente que el dirigente empresarial no oculta: “Se hacen mesas de trabajo, pero los resultados no están a la vista”.

El reclamo es específico y medible: “Tiene que ser que los resultados de las reuniones se puedan ver en el día a día, ¿me entiende? Que vayan sumando nuevos proveedores, que se vayan insertando gente laboralmente”.

La licencia social en riesgo

En este contexto, la evaluación que hace Godoy sobre el estado actual de la licencia social es preocupante. Su análisis es categórico: “Vicuña, si no cambia la forma de actuar inmediatamente o rápida acción, la licencia social veo que se va agotando, se va terminando y es algo que no quisiéramos los iglesianos”.

La expectativa de la comunidad es clara: “Los iglesianos lo que queremos es trabajar. El proveedor quiere ser insertado como proveedor. El chico que está esperando un trabajo quiere tener la oportunidad de trabajar”. Sin embargo, “ese desarrollo en la actividad minera por parte de Vicuña no se ve reflejado todavía. Y es lo que los iglesianos estamos esperando”.

La advertencia final es contundente: “Si esto no cambia, veo que va a tambalear mucho la licencia social y a corto plazo. A corto plazo”.

Cuando el diálogo se agota

CAISMI ha mantenido una postura dialoguista, pero Godoy reconoce que esta estrategia tiene sus límites. “Nosotros, siempre hemos ido por el camino del diálogo”, afirma, pero advierte que “llega un punto donde usted no ve resultado, ve que el diálogo se va agotando, por ahí la gente sí se pone mal y dice: ‘hay que tomar otras acciones’”.

El dirigente empresarial es explícito sobre las consecuencias de la falta de respuesta: “Es probable que los iglesianos tomen otras acciones porque, no los atienden y no los entienden”. Esta situación se ve agravada por lo que describe como “falta de voluntad, falta de decisión, falta de predisposición de la empresa Vicuña”.

Una diversidad de servicios sin oportunidades

Paradójicamente, la cámara que preside Godoy nuclea una amplia gama de servicios que podrían integrarse perfectamente a la cadena de valor minera. Entre sus 25 socios cuenta con empresas dedicadas a “viandas, hospedaje, alquiler de camionetas, alquiler de equipos pesados, venta de insumos”, así como “servicios médicos, lavandería” y “aserraderos, ferretería”.

Capacidades locales vs. preferencia por externos

Además, pueden ofrecer “servicio de aseo, servicio de limpieza” y “proveer, como decía, insumos, venta de todo tipo de las cosas que requieren las subcontratistas”. Esta diversidad de capacidades locales contrasta dramáticamente con la aparente preferencia de las mineras por contratar servicios externos.

El reclamo por la preferencia territorial

Godoy defiende un criterio de priorización que considera lógico y justo. Recuerda que “el proyecto Veladero estipula que la zona de influencia es Iglesia y Jáchal” y que “la gente de la empresa Vicuña también menciona esto, que el anillo es Iglesia y Jáchal”.

Su propuesta es clara: “Esos anillos, Iglesia y Jáchal, tienen que tener prioridad en las contrataciones. Prioridad y también la gente de San Juan, la provincia de San Juan. Pero primero la zona, las comunidades”. No descarta la colaboración con empresarios de otros lugares, sugiriendo que se “puede trabajar con el empresariado sanjuanino” e incluso “asociarse para brindar algún servicio más complejo”.

Diálogo pendiente con las autoridades

Las gestiones de CAISMI con el gobierno provincial han sido limitadas pero prometedoras. Godoy reconoce que “nos falta comunicación con el gobierno provincial”, aunque valora que “el gobierno está predispuesto, tiene que venir a hacer territorio también”.

La cámara ha mantenido contactos puntuales, incluyendo “una reunión muy rápida” el 6 de mayo y una audiencia previa con “el ministro de Producción, el señor Fernández” para “ponerlo en contexto de estas cosas que nos venían pasando, de que necesitamos mejor y mayor comunicación con respecto a la empresa Vicuña”.

Contactos con gobierno provincial y municipal

Con el municipio, el panorama es aún más incipiente. “Con el señor Intendente todavía no hemos tenido, no mantuvimos ningún contacto”, reconoce Godoy, aunque confía en que “el señor Intendente también quiere la minería, quiere que les vaya bien a los iglesianos”.

La expectativa de nuevos proveedores

Uno de los reclamos más enfáticos de Godoy se centra en la necesidad de abrir espacios para emprendedores que hasta ahora no han tenido oportunidades. “Tiene que haber posibilidades para los nuevos proveedores. Para los nuevos proveedores. Eso es muy, muy importante, que podamos desarrollar más y mejores nuevos proveedores”, insiste.

Esta demanda cobra particular relevancia cuando se contrasta con la realidad que describe: “Nos enteramos por los medios de que vienen empresas de afuera, vienen empresas de otro lado y nuestras empresas locales están todavía esperando”.

Un ultimátum con esperanza

A pesar de la crítica situación que describe, Godoy mantiene una cuota de optimismo condicionado. “Tengo fe que, con el señor Intendente, como así también seguramente el señor Secretario de Minería, vamos a llegar a poder trabajar en conjunto”, expresa, proyectando un escenario colaborativo “si hay buena predisposición de ellos, tanto como del gobierno departamental y del gobierno provincial”.

Mensaje final a la empresa Vicuña

Sin embargo, su mensaje final para Vicuña es categórico: “tienen que tomar acciones rápidas ante esto porque esto es un pedido de todas las cámaras y no cámaras, de todos los iglesianos, que tome una acción rápida en consecuencia de esto”.

La advertencia que cierra su planteo no admite interpretaciones: “Vicuña tiene que tomar cartas en el asunto inmediatamente y si no los iglesianos los van a obligar a tomar otras acciones”.

El futuro de la minería en juego

La visión de Godoy sobre el futuro de la actividad minera en Iglesia es clara: quiere “la minería que queremos nosotros”, definida como aquella donde “a los iglesianos les vaya bien, pero fundamentalmente que se den las cosas, que podamos estar insertados y fundamentalmente, yo reitero, que sea insertado el nuevo proveedor, que sean insertados los nuevos proveedores”.

El presidente de CAISMI no busca el conflicto, pero tampoco está dispuesto a aceptar indefinidamente una situación que considera injusta. Su mensaje es tanto una propuesta de colaboración como una advertencia sobre las consecuencias de mantener el status quo. En sus palabras se percibe la tensión de quien representa a una comunidad que ha apostado por la minería pero que exige ser parte real de los beneficios que esta actividad puede generar. La pelota, según Godoy, está en el campo de Vicuña. La respuesta que dé la empresa en las próximas semanas podría definir no solo el futuro de los proveedores locales, sino la propia viabilidad social de los proyectos mineros en una de las zonas más importantes para la actividad extractiva de San Juan.