Ley de Glaciares y retenciones: el reclamo urgente que define el futuro minero
La CAEM, Cámara Argentina de Empresas Mineras, habla alto y claro y exige de manera urgente, reformar la Ley de Glaciares y bajar retenciones para un 2025 récord.
Por Alma Martínez
La Cordillera de los Andes, epicentro del debate sobre el futuro de la minería.
Desde las oficinas centrales de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), se ha lanzado un mensaje contundente: para sostener el crecimiento del sector y asegurar la seguridad jurídica, el país necesita cambios urgentes. Las empresas del rubro exigen que se cambien ciertos artículos clave de la Ley de Glaciares, y piden que algunas actividades queden exentas de retenciones impositivas. El objetivo, dicen, es darle aire al modelo de desarrollo exportador y atraer inversiones extranjeras directas (IED) con vistas a 2025, cuando proyectan un récord nominal en ventas externas.
Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, exigió «reglas claras» para atraer inversiones mineras.
Pero el discurso no es solamente económico: toca fibras sensibles en provincias cordilleranas como San Juan, Catamarca y Salta, donde el agua y el discurso sobre el desarrollo sostenible tienen un enorme peso social y cultural. En este escenario, el reclamo minero ya no es un pedido sectorial aislado: está colocado en el centro de un debate político más amplio sobre el futuro de los recursos naturales en Argentina.
Ley 26.639: ¿Escudo del agua o freno a la transición energética?
La Ley 26.639, sancionada en 2010, fija presupuestos mínimos para proteger glaciares y el ambiente periglaciar. Prohíbe explícitamente las explotaciones industriales y contaminantes en esas zonas, así como la liberación de sustancias tóxicas, buscando proteger las reservas hídricas estratégicas.
Para los defensores del cambio, esa normativa es rígida y poco clara en su aplicación territorial. Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, sostiene que gran parte de los proyectos de cobre, claves para la transición energética global, están trabados porque las definiciones sobre lo que constituye “zona glacial” o “ambientalmente sensible” no se precisan adecuadamente.
Desde el frente ambientalista y científico advierten que sobre modificar la ley recae un riesgo enorme: abrir la puerta a explotaciones mineras a gran escala en zonas que resguardan las principales fuentes de agua dulce del país. En un contexto global de cambio climático donde los glaciares retroceden aceleradamente, y si bien algunos proponen redefinir términos técnicos, no pocos temen que la presión minera logre lo que la normativa intentó evitar.
El impacto de las retenciones en la competitividad minera
Otro eje del reclamo sectorial tiene que ver con las retenciones (derechos de exportación). En agosto de 2025, el Gobierno dictó el decreto 563/2025, que fijó al 0% las retenciones para ciertos productos mineros, como la cal; aunque dejó al litio y la plata con una alícuota del 4,5 %. También, las retenciones al oro ya habían sido eliminadas en 2023.
La industria argumenta que sin esa exención es casi imposible competir frente a otros países mineros. Los costos logísticos locales, la volatilidad de los precios de los commodities y las demoras en infraestructura agregan presión al margen de rentabilidad. Para las empresas en etapa de exploración o desarrollo de proyectos, cada punto de retención puede marcar la diferencia entre avanzar o desistir.
Sin embargo, desde el oficialismo también se advierte que la medida tiene límites: algunos minerales siguen gravados, y la baja de retenciones debe convivir con las obligaciones fiscales del Estado. La tensión es clara: ¿Cómo sostener el entramado público sin sacrificar la competitividad internacional del sector?
La competitividad del sector minero argentino depende de factores como los costos logísticos y los derechos de exportación (retenciones).
Incertidumbre 2025: ¿Por qué se frenan las inversiones en cobre y litio?
Aun así, la CAEM proyecta que las exportaciones mineras argentinas alcanzarán los 5.088 millones de dólares en 2025, un salto del 14 % respecto a 2024. Pero ese “récord nominal” esconde un dato no menor: la producción física del sector en general disminuyó, y buena parte del crecimiento previsto responde a precios internacionales más altos.
El caso del litio, el «oro blanco», ilustra bien la tensión: crecimiento de producción, pero derrumbe del precio por exceso de oferta y costos locales crecientes. Algunos proyectos ya están demorando inversiones por falta de seguridad.
Además, hay otro factor que condiciona el clima de negocios: las elecciones legislativas de octubre de 2025. Las empresas e inversores miran como se reconfigura el mapa político, saben que después del 27 de octubre, muchos de los planteos de hoy podrían cambiar de rumbo. Por eso, las voces del sector reclaman reglas claras y estabilidad macroeconómica antes de que cualquier decisión se vuelva irreversible.
Varios proyectos de exploración, especialmente de cobre, han demorado sus decisiones de inversión a la espera de un panorama fiscal y normativo más claro para 2025.
El llamado a un pacto federal minero: ¿Es posible el consenso?
Un eje repetido por Cacciola es que la solución no debe venir de una imposición unilateral: pide que Nación y provincias dialoguen. Al fin y al cabo, las jurisdicciones provinciales son dueñas de las licencias mineras y del territorio. En sus palabras: “no podemos seguir escondiendo este tema entre definiciones que no concluyen en nada”.
Desde el ámbito técnico, algunos proponen modificar la reglamentación sin tocar el espíritu de la ley, definiendo con precisión geocientífica qué zonas pueden ser objeto de explotación con controles ambientales estrictos. En cambio, otros alertan que cualquier rebaja normativa “por decreto” convierte en letra muerta lo que se votó en el Congreso.
Por su parte, las comunidades locales y los pueblos originarios, afectados por el uso del agua, la minería en cordillera y los impactos socioambientales, serán protagonistas silenciosos pero determinantes: sus reacciones políticas, judiciales y sociales podrían definir quién gana el duelo entre desarrollo económico y conservación ambiental.
Un futuro entre la oportunidad económica y la sustentabilidad ambiental
El reclamo minero actual plantea una pregunta no trivial: ¿Puede construir Argentina una matriz exportadora basada en minerales estratégicos sin sacrificar su patrimonio hídrico y ambiental?
La industria asegura que sí, que la minería sustentable es posible con reglas claras, estabilidad fiscal y regulaciones ágiles. Sus representantes señalan que muchas oportunidades quedaron truncas por inseguridad jurídica, altos costos y falta de mecanismos de diálogo y licencia social. Pero para quienes defienden la protección de glaciares, el riesgo es que el país entregue a cambio de crecimiento lo que no puede recuperar: agua, ecosistemas, comunidades y credibilidad ambiental.
Buscar un equilibrio entre la defensa de los glaciares y la posible reforma de la Ley será tarea complicada si no se argumenta debidamente y siempre a a través del dialogo y el consenso.
En resumen, en este momento de tensión política, la Argentina enfrenta una encrucijada: legislar ensayo tras ensayo o lograr consensos que integren justicia ambiental, desarrollo regional y protección de bienes comunes para las futuras generaciones.