Ley 90/10: El modelo de Santa Cruz que agita el reclamo minero en San Juan
La Ley 90/10, vigente en Santa Cruz, exige que el 90 % de los puestos laborales en minería, petróleo y represas sean ocupados por residentes locales. Mientras esa provincia refuerza los controles para garantizar el empleo santacruceño, en San Juan —a las puertas de la era del cobre— los mineros desocupados analizan la medida y reclaman una política similar que proteja la mano de obra sanjuanina.
Por Lucas Laciar
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este lunes el inicio formal de los operativos de control y registro para asegurar el cumplimiento de la Ley 90/10 en el acceso norte de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional 3.
¿Qué es la Ley 90/10 y cómo se aplica en Santa Cruz?
La Ley 90/10 es una norma provincial sancionada en Santa Cruz que regula la contratación laboral en sectores estratégicos como minería, petróleo y obras de infraestructura. Su objetivo es garantizar que al menos el 90 % de los trabajadores sean residentes con domicilio comprobado en la provincia, fortaleciendo el empleo local y evitando la simulación de domicilios por parte de las empresas.
El gobernador Claudio Vidal encabezó personalmente los primeros operativos de control, realizados en el acceso norte de Caleta Olivia, con la presencia del ministro de Seguridad Pedro Pródromos y equipos de los ministerios de Trabajo, Producción y Transporte.
En la primera jornada de inspecciones, se detectaron 569 trabajadores de otras provincias que habían ingresado desde Chubut, lo que marcó un antes y un después en la fiscalización laboral santacruceña.
Vidal fue enfático al asegurar que la ley no será simbólica:
“Durante mucho tiempo se permitió que algunas empresas simularan domicilios o presentaran registros falsos para evadir sus obligaciones con nuestra gente. Eso se terminó. Miles de trabajadores vienen de afuera, y está bien si quieren venir, pero que se radiquen, que vivan en nuestra tierra y dejen su salario en Santa Cruz, porque el recurso es de los santacruceños.”
El Gobernador de Santa Cruz se hizo presente durante el control en la ruta de Caleta Olivia
El operativo, que se extenderá durante más de 30 días, incluye controles en rutas, terminales, yacimientos, represas y aeropuertos, y se complementa con un Sistema Único de Información Laboral, que obliga a las empresas a actualizar sus datos cada 15 días. Video de los controles.
Esta contundente acción en la Patagonia no ha pasado desapercibida y ya genera eco a más de 1.800 kilómetros de distancia, en el corazón minero de Cuyo.
La reacción en San Juan: El reclamo de los mineros desocupados
Mientras Santa Cruz afianza su modelo de control laboral, en San Juan, una provincia clave para la nueva era del cobre argentino, los mineros desocupados observan con atención y reclaman políticas concretas de protección.
Uno de los referentes más activos es Patricio Páez, presidente de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, un colectivo que reúne a más de 200 trabajadores desempleados. La agrupación nació tras las protestas en Vicuña y se consolidó como una voz representativa de quienes quedaron fuera de la actividad minera.
Desde ACERO Y ROCA, Páez expresó una mirada crítica sobre la Ley 90/10, pero también una propuesta clara para San Juan.
Patricio Páez, presidente de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes
“El 90/10 es discriminatorio, pero deja una enseñanza”
Para Páez, la ley santacruceña tiene un aspecto positivo —la defensa del trabajo local—, pero también genera tensiones con la legislación nacional.
“El 90/10 es muy discriminatorio porque contradice lo que dice la Constitución Nacional, que cualquiera libremente puede ejercer y trabajar en cualquier parte de la República Argentina, pero esto está causando un perjuicio a la mano de obra local.”
El dirigente advierte que la minería es hoy la única actividad en crecimiento tras la caída de la producción petrolera, por lo que el control del empleo será un tema cada vez más sensible en las provincias mineras.
“La actividad petrolera está prácticamente parada, y es obvio que lo único que le queda al gobierno es la minería. Los gremios ya son muy fuertes y van a exigir que se cumpla.”
San Juan necesita su propia ley de protección laboral
Páez afirma que impulsa junto al doctor Correa Esbry un proyecto de ley provincial que tome como referencia la norma santacruceña.
“Nosotros vamos a hacer el caso análogo de la ley. Queremos que los diputados provinciales apliquen algo similar, que proteja la fuente de trabajo y la soberanía de la provincia de San Juan, el pilar fundamental de la minería.”
El dirigente aclara que no basta con sancionar una ley: hace falta garantizar su cumplimiento efectivo.
“No solo hay que hacer una ley, sino aplicarla. La cartera de trabajo no está cumpliendo con el control de los extranjeros, ni Migración ni ningún contralor.”
Denuncian competencia desleal y falta de control en la cordillera
En San Juan, camionetas chilenas trabajando en Vicuña generaron revuelo en el mundo minero.
Desde la agrupación denuncian un “éxodo masivo de trabajadores chilenos y peruanos” que ingresan a la cordillera sanjuanina sin fiscalización.
Páez sostiene que muchas empresas los alojan en zonas alejadas o incluso los hacen cruzar diariamente desde Chile para trabajar sin residencia. “Los alojan en lugares donde no los puedes detectar, o directamente los hacen venir de Chile, desarrollan toda la jornada laboral y después se retiran. Las empresas también traen repuestos y maquinaria, mientras los controles brillan por su ausencia”, asegura.
Según el dirigente, la falta de regulación está desplazando a trabajadores locales calificados, generando frustración y organización social: “Las condiciones las tiene que poner el gobierno, no una operadora. La mesa acá está dada vuelta, las patas para arriba.”
Así es la contracara en Santa Cruz, donde su gobernador posteaba en la red social Instagram un video, con el siguiente mensaje «CON LA LEY 90/10, LA PRIORIDAD ES PARA QUIENES VIVEN, TRABAJAN E INVIERTEN EN SANTA CRUZ. BASTA DE LLEVARSE NUESTRA ECONOMÍA A OTRAS PROVINCIAS».
Propuestas concretas: Una ley provincial y una jubilación especial
Algunos miembros de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes.
La Agrupación Minera Cordillera de los Andes no solo reclama, también propone. Páez impulsa la creación de una ley jubilatoria “dos por uno”, que contemple el desgaste físico y el riesgo de la actividad minera.
“Queremos ser los primeros impulsores de esa ley porque está demostrado que el minero tiene una vejez prematura y problemas de salud”
Duras críticas a la representatividad gremial y funcional
Páez apunta a la falta de representatividad de algunos dirigentes y funcionarios del sector.
“Hay personas que trabajan en la minería y representan a mineros que nunca durmieron en un campamento. No tienen idea de la actividad minera. No saben la necesidad del minero, ni están en su piel.”
El líder minero insiste en que su agrupación nace para defender la identidad y la dignidad de quienes trabajaron en la cordillera:
“Nosotros, como guardianes de la minería, tenemos que tomar la bandera y denunciar que se proteja la mano de obra local calificada.”
Un debate abierto para la futura era del cobre en San Juan
La aplicación de la Ley 90/10 en Santa Cruz abrió un debate nacional sobre empleo local, control estatal y soberanía laboral.
Mientras esa provincia avanza con fiscalización y sanciones, San Juan —que se prepara para ingresar en la era del cobre— enfrenta el desafío de diseñar sus propias reglas para garantizar oportunidades a sus trabajadores. Mientras tanto, todo el sector minero local espera por la ley de proveedores locales, que fue prometida por el gobernador Orrego en abril y que debería enviarse a la legislatura y ser tratada antes de fin de año.
Patricio Páez y la Agrupación Minera Cordillera de los Andes representan la voz de un sector que pide participación, control y políticas activas. Su mensaje es claro:
“La fuente de laburo hay que protegerla, y más en San Juan, que es el pilar fundamental de los proyectos más grandes que tiene Argentina.”