Guerra por cenizas: la demanda de una pyme que acorrala a Barrick en San Juan
La firma BioCordillerana, dirigida por el empresario y candidato a diputado nacional Sergio Vallejos Mini, inició acciones legales contra Minera Andina del Sol (Veladero) por más de mil millones. El reclamo surge tras años de conflicto por el acopio de cenizas industriales provenientes del yacimiento minero que, según la empresa, nunca fueron retiradas ni tratadas como exige la ley ambiental. De prosperar, sería la primera vez que una minera de gran escala debería indemnizar a un privado en San Juan.
Por Lucas Laciar
Para comprender la magnitud del reclamo, es necesario retroceder casi una década, cuando BioCordillerana adquirió las instalaciones y, con ellas, un pasivo ambiental inesperado.
La tensión entre BioCordillerana S.R.L. y Barrick (Minera Andina del Sol) lleva años latente, pero en las últimas semanas escaló a un punto sin retorno.
La empresa sanjuanina formalizó una demanda civil por daños, perjuicios y lucro cesante, luego de intimar sin éxito a la minera para que retire las cenizas Y-18, residuos resultantes de la incineración de basura industrial del complejo Veladero–Lama.
Según explicó a ACERO Y ROCA su titular, Sergio Vallejos Mini, el reclamo no sólo tiene fundamento económico, sino también ambiental y jurídico.
«Intimamos a Barrick, le avisamos mediante carta documento que podía retirar las cenizas cuando quisiera, lo cual se negaron sistemáticamente. Pasaron los años y la situación se volvió cada vez más complicada. Barrick nunca quiso hacerse cargo de este tema», expresó.
Vallejos Mini, titular de BioCordillerana, lidera el reclamo millonario contra Barrick.
El origen del conflicto: una herencia ambiental
Todo comenzó cuando Bio Cordillerana S.R.L. adquirió los activos de Dayfe S.A., la histórica empresa radicada en el Parque Industrial de Chimbas, las cenizas ya se encontraban almacenadas en el predio. Dayfe, dedicada al tratamiento de residuos industriales y peligrosos desde 2003, había operado durante años como una de las plantas habilitadas para procesar desechos provenientes de la minería. Al asumir el control de esas instalaciones, Sergio Vallejos heredó también los pasivos ambientales, comprometiéndose con el Estado provincial a custodiar los residuos hasta que Barrick —responsable de su generación— cumpliera con el retiro definitivo. Según recuerda Vallejos, esto fue hace 8 o 9 años.
Los contenedores de Dayfe con Contenedores con las cenizas Y-18, originadas en Veladero, acopiados en la planta industrial de Chimbas.
El empresario aseguró que la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable autorizó en su momento a BioCordillerana para custodiar temporalmente los residuos, pero que la obligación del retiro final es de la minera.
«La ley del medio ambiente es muy clara: el responsable es el generador de los residuos, y el generador es justamente la empresa Barrick. Las cenizas son producto de esos residuos», afirmó.
La ofensiva legal: denuncias y una cautelar en la mira
El 14 de octubre pasado, BioCordillerana presentó una carta notarial ante la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable para dejar constancia de la intimación a la minera que maneja Veladero.
En paralelo, denunció a Minera Andina del Sol ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación por presunta violación de las leyes 25.675 (General del Ambiente) y 24.051 (Residuos Peligrosos).
La presentación incluyó una solicitud de medida cautelar que podría, según el texto, “suspender la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental y por ende la operación del yacimiento Veladero”.
Hasta el momento, la minera no emitió respuesta pública.
Un horno paralizado y pérdidas millonarias
El conflicto no es simbólico. BioCordillerana asegura que el acopio ocupa casi un tercio de su planta industrial y le impide avanzar con nuevas inversiones.
«Llevo años cuidando 500 m³ de Barrick. Hay más de 200 contenedores que se han perdido a un costo de tres millones de pesos cada uno. Tenemos que cubrir y mantener las cenizas con plásticos y membranas. Ocupan el 30% de mi planta. No pagan alquiler ni colaboran en proteger las cenizas del agua», denunció Vallejos Mini.
Aunque aclara que el material “no es tóxico”, sostiene que proviene de residuos peligrosos y debe ser trasladado a un sitio de disposición final.
«No podemos entender la negativa de Barrick. Esto atenta directamente contra las buenas prácticas. Las fallas en el cuidado ambiental en minería ahuyentan inmediatamente a los inversores. Este tema es muy delicado para la minería de San Juan», advirtió.
Pérdidas millonarias y un proyecto paralizado
Las instalaciones de BioCordillerana, donde el acopio de cenizas impide la instalación de nueva maquinaria.
Vallejos aseguró que La acumulación de cenizas no solo afecta al espacio físico, sino también a la producción y los compromisos financieros de la empresa sanjuanina.
«No podemos instalar un horno pirolítico horizontal para el tratamiento de tierras contaminadas que compramos hace un año y lo tenemos en Buenos Aires. Tenemos los créditos tomados, pero no podemos hacerlo trabajar porque el lugar está ocupado con contenedores de Barrick«, explicó.
La firma calcula pérdidas por lucro cesante y daños que superarían los mil millones, cifra que será eje central de la demanda presentada en la justicia civil.
«Vamos a ir por daños y perjuicios, por la cantidad de trabajo que hemos perdido y por el daño que nos ha causado la falta de responsabilidad de Barrick», confirmó Vallejos Mini.
Vallejos desmiente las acusaciones de vertidos, explicando que el aceite recuperado se reutiliza como combustible en sus hornos.
Acusaciones cruzadas y un presunto sabotaje
El caso tomó aún más relevancia tras la denuncia pública del 25 de septiembre, cuando la Secretaría de Ambiente acusó a BioCordillerana de arrojar residuos industriales a la red cloacal del Parque Industrial de Chimbas.
El organismo calificó la acción como “una práctica inadecuada e ilegal”, mientras que Obras Sanitarias confirmó la presencia de hidrocarburos en los efluentes.
Vallejos Mini rechazó enérgicamente las acusaciones y vinculó el episodio con el conflicto por las cenizas.
«Yo relaciono todo con todo, porque inmediatamente la gente de Medio Ambiente se presentó en mi empresa y nos labró un acta. Salió el subsecretario a hablar en todos los medios diciendo que habíamos sido nosotros, cuando todavía no presentábamos el descargo. Hemos hecho una denuncia penal. Somos cuatro las empresas que trabajamos en el parque industrial, pero la culpa se la echan a Biocordillerana«, aseguró.
El empresario, además, sugirió que detrás del episodio podría haber motivaciones políticas.
«Esto tiene mucha pinta de sabotaje. Me llama la atención que en Medio Ambiente se hayan quedado callados y ahora van a tener que dar, explicaciones de por qué nos acusaron sin haber investigado a fondo», afirmó.
«Sería como tirar la nafta de tu propio auto»
Un dato de color, es que según Vallejos, lo que encontraron en las cloacas, sería aceite y asegura que eso en su empresa no se tira, porque lo usan como combustible para los hornos que tienen en funcionamiento. “Sería como si vos tenés un auto y te acusan de tirar nafta, cuando te sirve para andar”, agrega.
Un precedente inédito para la minería en San Juan
Las cenizas mineras también fueron un problema en la planta de Tecma, otra empresa del parque industrial.
Más allá del enfrentamiento puntual, el caso plantea una discusión inédita en el esquema minero sanjuanino: la responsabilidad final sobre los residuos industriales y los derechos de los prestadores locales.
Si la demanda prospera, sería la primera vez que una minera de gran escala es condenada a pagar una indemnización millonaria a una empresa sanjuanina por daños ambientales y contractuales.
El propio Vallejos Mini lo sintetiza así: «Si la justicia acepta esta demanda, sería la primera vez que Barrick debe pagarle a un privado por daños y perjuicios en San Juan.»
El resultado de esta causa podría marcar un precedente jurídico clave para el futuro de la minería en la provincia, donde los conflictos entre proveedores, contratistas y grandes operadoras suelen resolverse fuera del ámbito judicial.