Ofensiva minera: Orrego lidera la presión de las provincias sobre Milei
El ajedrez político argentino ha trasladado su tablero a la Cordillera. Con el calendario electoral acechando, las provincias mineras de San Juan y Mendoza, han lanzado una ofensiva coordinada contra el Gobierno nacional. El mensaje es contundente: si el presidente Javier Milei busca consolidar su poder y reactivar la economía, debe ofrecer certezas jurídicas que destraben miles de millones de dólares en inversiones estratégicas.
Sergio Álvarez
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, lidera el reclamo de las provincias mineras por cambios en la Ley de Glaciares.
La estrategia de sumar aliados mineros del gobernador de San Juan Marcelo Orrego es clara. La agenda de el y posiblemente de algunos gobernadores gobernadores mas, de cara al día después de las elecciones es clara: necesitan infraestructura, estabilidad fiscal y, sobre todo, una revisión profunda de la normativa ambiental que hoy consideran obsoleta y paralizante.
La Ley de Glaciares, el principal punto de fricción
El principal punto de fricción es la Ley de Glaciares, una normativa que, según el sector, ha mutado de ser una herramienta de protección ambiental a un obstáculo infranqueable para la exploración y el desarrollo de proyectos de cobre y oro.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue directo al corazón del problema, en el Seminario Iniciativa Minera Sueca, señalando que los esfuerzos macroeconómicos del Gobierno se anulan con la inseguridad normativa:
«Tenemos la macro ordenada, el RIGI en marcha, el cepo eliminado; ahora falta resolver este tema, la Ley de Glaciares”, advirtió Orrego.
¿Decreto o nueva ley?: la estrategia en debate
La principal prioridad es modificar la Ley de Glaciares para clarificar su reglamentación que hoy es muy vaga y, en consecuencia, arroja el temor de poder suspender casi cualquier proyecto donde haya un manchón de nieve que pueda ser considerado un periglaciar.
«Espero que encontremos la forma para reglamentar esa ley, puede ser a través de un decreto, puede ser a través de un acuerdo, eso será parte de la estrategia del gobierno. Estamos en una etapa donde tenemos la macro ordenada, tenemos el RIGI, se eliminó el Cepo, todas las condiciones están dadas, ahora falta trabajar sobre ese tema», dijo el gobernador Marcelo Orrego en el seminario.
La Ley de Glaciares es señalada por el sector minero como un freno para proyectos de cobre y oro en la cordillera.
El mandatario sanjuanino subrayó que la ley hoy frena desarrollos en zonas donde la prohibición se aplica sobre «una mancha de nieve» o áreas periglaciares de dudosa clasificación, poniendo en pausa inversiones por miles de millones de dólares en todo el país.
Acá surge el interrogante de si un decreto tendrá la suficiente solidez como para que las empresas se arriesguen a invertir sumas que llegan hasta los 15.000 millones de dólares con la posibilidad de que un juez ambientalista dicte una medida cautelar que paralice las obras.
Costos políticos
La cuestión es que nadie quiere pagar el costo político de lo que implicaría aprobar una ley de un tema tan sensible. «Se puede enviar una ley al Congreso, puede ser detrás de un acuerdo federal que también debería pasar por el Congreso, el equipo del Presidente va a ser en definitiva quien determinará la decisión», afirmó Orrego que, como otros mandatarios, no quieren ser los protagonistas del asunto, aunque necesitan su resolución de manera urgente.
Paralelamente a esta traba legislativa, se suma otro factor que desalienta las inversiones a largo plazo.
Incertidumbre jurídica: la fuga silenciosa de capitales a Chile y Perú
La incertidumbre normativa y la superposición de competencias entre Nación y provincias son factores que aceleran la fuga silenciosa de capitales hacia Chile o Perú. La minería moderna exige reglas estables por 30 años, algo que Argentina aún no garantiza.
Desde Mendoza, la diputada nacional y ministra local, Jimena Latorre, insistió en la necesidad de un marco claro:
“La normativa vigente genera incertidumbre y superposición de competencias… es clave un acuerdo que preserve el ambiente sin frenar el desarrollo minero”,sostuvo Latorre.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Minería de Mendoza, pide reglas claras para el desarrollo de la actividad.
A pesar de que el primer proyecto que tienen para salir a ser de nuevo una provincia minera de primer nivel (San Jorge) se encuentra a baja altura y, en consecuencia, no está cerca de ningún área periglaciar.
«Sí comparto que hay un déficit normativo, porque si bien está la ley, hay autoridades de aplicación con competencias concurrentes. A partir del 94′, la autoridad de aplicación, la titularidad de los recursos, entre ellos el ambiente, también es de las provincias y eso ha quedado más que claro. Entonces creo que, en aras de la certidumbre, la seguridad jurídica, tendríamos que ponernos todos los actores de acuerdo en una reglamentación que permita la preservación del ambiente, pero a la vez el desarrollo de estas actividades«, coincidió Jimena Latorre, ministra de Energía y Minería
Infraestructura: por qué el RIGI no es suficiente
Más allá de las reformas legales, el bloque minero exige un compromiso firme con la infraestructura y la logística. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es visto como una herramienta positiva, pero insuficiente si no se resuelven los problemas estructurales de conectividad:
“El RIGI está bien, pero sin seguridad jurídica y sin rutas ni energía, el capital no llega”, sintetizó Latorre.
Los proyectos de gran escala requieren obras viales, energéticas y logísticas que conecten los yacimientos (muchos en la alta cordillera) con los puertos y corredores bioceánicos. Los recursos se tienen; la capacidad para moverlos eficientemente, no.
La prórroga del RIGI, otro pedido clave
La extensión de los plazos del RIGI por un año adicional que está previsto en la Ley Bases es otra de las cuestiones que solicitan desde las provincias para darle tiempo a muchos proyectos que todavía no llegaron a cumplir todos los pasos necesarios para presentarse.
«La autoridad de aplicación se dio cuenta que muchos de los proyectos, sobre todo los de minería y algunos también de hidrocarburos, tienen una complejidad tal que incluso para analizarlos desde la autoridad de aplicación, requieren un plazo de extensión y además justamente en aras a que esta estabilidad se sostenga y eso genere mayor atracción de inversiones, quizá sea buena una prórroga para que inversiones que aún no han aplicado», destacó Latorre.
El mensaje de Orrego: «Con la iniciativa privada no alcanza»
El Gobernador de San Juan esta en modo elecciones y dejó aparcadas las tibiezas para ser contundente en su mensaje: «Es toda una simbiosis entre lo público y lo privado. Tenemos que estar abiertos a poner sobre la mesa lo mejor que creamos y me parece que eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero habría que hacer un esquema que solamente con la iniciativa privada de obras no alcanza, que hay que hacer algo de la pública a cargo de la Nación. Lo que pasa es que va a ser una necesidad, son rutas nacionales, habrá rutas que por ahí se pueden concesionar, pero otras que no. Podrían ser adelantos de regalías, por ejemplo», propuso Orrego.
Presión política: «Sin certezas, no hay acompañamiento
Gobernadores de provincias mineras durante el encuentro sectorial Arminera 2025.
El escenario es de alta tensión política. Orrego y el resto de los gobernadores mineros son conscientes de que el Gobierno nacional necesita su apoyo para sostener mayorías en el Congreso. En los despachos provinciales, la frase que resuena es un ultimátum: “sin certezas, no hay acompañamiento.”
Si Milei no responde con hechos concretos, como reformas legislativas o la ejecución de obras, el bloque minero podría migrar de aliado a opositor, complicando el panorama para las reformas estructurales del Gobierno.
Hacia un nuevo Pacto Federal Minero
Las provincias discuten internamente la posibilidad de forjar un nuevo Pacto Federal Minero. Este consenso buscaría actualizar los criterios ambientales y fiscales, y redefinir el rol de cada jurisdicción para generar reglas de largo plazo.
Argentina tiene la ventana de oportunidad abierta: la transición energética global demanda litio y cobre. Sin embargo, el país aún no resuelve sus contradicciones internas.
CAEM y los empresarios se suman a la presión
Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), criticó el alcance actual de la ley con ironía, ilustrando el riesgo legal que perciben los inversores: “La Ley de Glaciares protege glaciares y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquiera”, expresó Cacciola.
Roberto Cacciola, presidente de CAEM, critica la ambigüedad de la normativa ambiental vigente.
“Tenemos el potencial para ser líderes, pero necesitamos que Nación y provincias hablen el mismo idioma.” sería la frase que resume todo en boca de todos los empresarios mineros
El tablero está en manos de Javier Milei. La respuesta del Gobierno nacional definirá si la minería argentina avanza hacia el liderazgo global o si permanece paralizada por los fantasmas de la inseguridad jurídica.
Los proyectos de litio, cobre y oro podrían movilizar más de USD 30.000 millones, pero el ritmo de los desembolsos será dictado por las señales políticas del Ejecutivo en materia de estabilidad legal.