La cruda alerta de AOMA: ¿Agua chilena a cambio de soberanía laboral en San Juan?
La unificación de los proyectos Josemaría y Filo del Sol en el complejo binacional Vicuña ha destapado una caja de Pandora laboral y geopolítica en San Juan. Mientras el gremio minero AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) presiona para que todos los trabajadores se rijan bajo el convenio argentino, el secretario general de la seccional San Juan, Iván Malla, lanzó una advertencia: la provincia podría verse forzada a ceder beneficios para asegurar recursos vitales.
Por Sergio Álvarez
Iván Malla, secretario general de la seccional AOMA San Juan
De hecho, la declaración de Malla realizada al periodista Víctor García, ocurre en un contexto de profunda crisis de empleo local, con mineros desocupados organizándose para exigir oportunidades, y con la Ley 90:10 de Santa Cruz funcionando como un espejo de la demanda de mano de obra local.
«Tenemos un grave problema con el agua. Para no tener inconvenientes, va a tener que venir de Chile. Y al venir de Chile, se van a tener que ceder algunas cosas también con ellos», comentó el líder sindical. «Va a ser un lindo desafío para todos».
La reacción de AOMA surge a posterior del análisis que este medio hizo sobre las implicancias negativas del Tratado Binacional, que hacían posible la entrada y salida de proveedores, profesionales y trabajadores a los proyectos argentinos, amparándose en este tratado.
El agua como moneda de cambio
El corazón del conflicto en Vicuña (proyecto de Lundin y BHP) es la necesidad hídrica, vital para las operaciones en altura. La escasez de agua en la cordillera sanjuanina ha llevado a Iván Malla a plantear un escenario de intercambio binacional con una fuerte carga política y económica.
Aunque el dirigente de AOMA no detalló qué debería ceder San Juan (si es porcentaje de empleo sanjuanino, número de proveedores locales o beneficios fiscales), la mera mención de una cesión a cambio de recursos hídricos puede resultar inquietante. El hermetismo y la falta de información acerca de las negociaciones y los acuerdos dentro de las condiciones del Tratado Minero Binacional agrava la incertidumbre.
La Agrupación Cordillera de Los Andes exige oportunidades
Las declaraciones de Malla cobran una dimensión aún mayor ante la creciente crisis de desempleo en el sector. La Agrupación Minera Cordillera de Los Andes, conformada por más de 200 extrabajadores de la minería de San Juan, se ha organizado como un actor gremial clave para exigir oportunidades de empleo en los proyectos que se desarrollan en su propia provincia.
La agrupación visibiliza un problema latente: «A pesar del boom de la inversión minera, muchos profesionales y obreros calificados de San Juan siguen fuera de la nómina de proyectos clave, no por falta de preparación sino por falta de oportunidades, ya que resulta más beneficioso para las empresas contratar bajo el marco del tratado binacional trabajadores de fuera del país que argentinos», comenta Patricio Páez presidente de la Agrupación Minera
El conflicto Vicuña
Desde este medio hemos denunciado la creciente presencia de empresas y trabajadores chilenos (estimados en más de 200), que trabajan en el proyecto Vicuña, que incluye a Josemaría y Filo del Sol, y se rigen por convenios del país vecino, lo que significa que tributan y aportan fuera de Argentina, un golpe doble a la economía sanjuanina.
Respecto a esto Malla expresó que «Estamos comenzando a elaborar un proyecto para Vicuña, específicamente, que abarcaría a Filo del Sol». El propósito es incluir a los trabajadores que traen las prestadoras de servicios chilenos, que hoy operan del lado argentino, bajo el paraguas de AOMA.
«Denunciamos que en Filo del Sol estaban trayendo servicios desde Chile con su propia mano de obra. Ahora esa gente pasará con nosotros, dentro del convenio colectivo argentino», afirmó.
¿Integrarlos dentro de AOMA es la solución?
Este paso que propone Malla tiene muchas aristas, ya que en primer lugar blanquearía la presencia de chilenos en la operadora, algo que incluso el presidente de la Cámara Minera y gerente de Relaciones Institucionales de Vicuña, Iván Grgic reconoció, cuando expresó en un medio: «Hay algunos hermanos chilenos trabajando con nosotros», pero aclaró que esta participación respondía a necesidades técnicas puntuales.
Hoy sabemos que hay empresas perforadoras, de transporte y logísticas operando en los proyectos locales, siendo éstas necesidades técnicas que podrían cubrir trabajadores y proveedores locales.
Paralelamente, Grgic cuestionó la falta de, efectividad del Registro Único de Proveedores de Empresas (RUPE), expresando: “La realidad muestra que desde que surgió la ley del RUPE, nunca se cumplió”, y destacando que todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) exigen un porcentaje mínimo de contratación de proveedores locales.
Iván Iván Grgic, presidente de la Cámara Minera de San Juan y gerente de Relaciones Institucionales de Vicuña
El espejo de Santa Cruz: La Ley 90:10 como referente de empleo local
El debate sobre la mano de obra local en San Juan se mira en el espejo de la Ley 90:10 de Santa Cruz, una normativa que exige a las empresas mineras contratar un 90% de empleados residentes locales frente a un 10% de foráneos.
Contexto: Si bien el empresariado minero de Santa Cruz ha criticado la dificultad de aplicar el 90% en puestos altamente especializados por falta de formación local, el espíritu de la ley es el que inspira el reclamo sanjuanino.
La Demanda: La Agrupación Cordillera de Los Andes y AOMA exigen que se fortalezcan los mecanismos de control y capacitación para que la mano de obra sanjuanina pueda ocupar la mayoría de los puestos, evitando que la Ley 90:10 solo sea un número y se garantice el empleo genuino para quienes construyen la reputación minera de la provincia.
Controles realizados en Santa Cruz durante la semana pasada
El Desafío binacional de la deuda laboral
El proyecto Vicuña expone las zonas grises del Tratado Binacional y los desafíos del empleo en una industria que opera sin fronteras. La urgencia de AOMA por cerrar un convenio colectivo unificado que obligue a los contratistas chilenos a tributar en Argentina es un intento contrarreloj para defender los intereses laborales y fiscales de la provincia.
La pregunta que queda flotando es: ¿Qué tan lejos puede llegar San Juan a ceder para que los megaproyectos sigan operando? La respuesta definirá el futuro económico y laboral de la provincia.