Josemaría en Disputa: La Rioja demanda territorio clave a San Juan ante la Corte
Ricardo Quintela anunció acciones judiciales para recuperar territorio “sustraído” que hoy ocupa parte del yacimiento Josemaría. Orrego respondió: “El fundamento está totalmente desvanecido” y recordó que el límite fue fijado por una ley nacional.
Por Lucas Laciar
El gobernador Ricardo Quintela (La Rioja) impulsa una ofensiva judicial ante la Corte Suprema para revisar el límite con San Juan, afectando el yacimiento Josemaría.
La tensión política entre San Juan y La Rioja volvió a encender los ánimos. El gobernador riojano Ricardo Quintela anunció una ofensiva judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando revisar el convenio limítrofe histórico que fijó la frontera entre ambas provincias. Según el mandatario, parte del territorio que hoy integra el departamento de Iglesia, donde se ubica el yacimiento Josemaría, “fue sustraído ilegítimamente».
Según el mandatario, parte del territorio que hoy integra el departamento de Iglesia, donde se ubica el yacimiento Josemaría, alguien sustrajo ilegítimamente«. Sin embargo, la respuesta desde San Juan fue inmediata y categórica. El gobernador Marcelo Orrego aseguró que “el fundamento está totalmente desvanecido”, y recordó que el límite fue ratificado por una ley nacional en 1968, por lo que no existe margen jurídico para revisar aquel acuerdo.
“Evidentemente eso es un convenio resuelto hace mucho tiempo, por dos gobernadores y una ley representada por el Congreso de la Nación”, afirmó Orrego, refiriéndose al acuerdo firmado entre Carlos Enrique Gómez Centurión (San Juan) y Guillermo Domingo Iribarren (La Rioja), que dio origen a la Ley N.º 18.004.
El argumento riojano: soberanía, regalías y asfixia fiscal
En este contexto, el reclamo de Quintela no se limita a una cuestión geográfica. Detrás de la narrativa sobre “límites históricos”, se esconde un interés económico: acceder a las regalías y beneficios del proyecto minero Josemaría, uno de los yacimientos de cobre y oro más grandes del país, que ahora se encuentra enmarcado en el proyecto Vicuña, que une la mina Filo del Sol con Josemaría.
El gobernador riojano afirmó que busca “compartir con la hermana provincia de San Juan el espacio que nos fue sustraído”, lo que implicaría, en los hechos, una redistribución de la renta minera. En entrevistas con medios de su provincia, insistió en que el territorio “otrora fue riojano” y que el convenio firmado hace décadas fue “ilegal e ilegítimo”, agitando así el debate sobre la soberanía territorial.
La Rioja, que atraviesa un complejo escenario financiero, denuncia una fuerte “asfixia fiscal” por parte del Gobierno Nacional y busca, urgentemente, nuevas fuentes de ingreso. Es en este contexto que Josemaría aparece como una tabla de salvación simbólica y económica. No obstante, desde San Juan replican que la jurisdicción es inobjetable y que la provincia riojana no tiene derechos ni administrativos ni legales sobre el área en cuestión.
Una disputa que ya tiene historia
La controversia, vale destacar, no es nueva. En 2021, Quintela ya había acusado al entonces gobernador sanjuanino Sergio Uñac de “querer llevarse bajo el poncho” los beneficios del megaproyecto, aunque con el tiempo la tensión se había moderado. Sin embargo, ahora, con un clima político más polarizado y en medio de acuciantes dificultades fiscales, el tema resurge con renovada fuerza y vuelve a poner a prueba los límites del federalismo argentino.
El propio Alberto Hensel, exsecretario de Minería de la Nación y referente del peronismo sanjuanino, había advertido entonces que la postura de Quintela “altera el orden jurídico minero” y recordó que San Juan desarrolló íntegramente el proyecto, desde la exploración hasta la planificación de infraestructura.
Josemaría: un motor de desarrollo y un punto de inflexión
El proyecto Josemaría, operado por Lundin Mining, prevé una inversión inicial de más de US$ 4.000 millones y una vida útil estimada en 30 años. Durante su fase de construcción se espera que genere unos 4.000 puestos de trabajo directos, sumados a 1.200 empleos permanentes durante la operación. Adermás, por su proyección se considera que será la punta de lanza del “boom del cobre” sanjuanino, junto con otros gigantes como Los Azules, Pachón y Altar.
Es por ello que la reaparición de un reclamo limítrofe genera profunda inquietud en el sector minero y entre los inversores internacionales, quienes observan con lupa el clima político y la seguridad jurídica de las provincias cordilleranas.
La base legal: la Ley 18.004 como punto final
La Ley 18.004 de 1968, ratificada por el Congreso Nacional, establece el límite entre San Juan y La Rioja, base del argumento de la provincia cuyana.
Los entonces gobernadores Gómez Centurión e Iribarren firmaron el convenio limítrofe de 1968, y el Congreso Nacional lo ratificó a través de la Ley 18.004, que definió con precisión el límite entre ambas provincias. Esa ley se publicó en el Boletín Oficial y nadie la objetó judicialmente en más de medio siglo.
En consecuencia, desde el gobierno sanjuanino aseguran que no existe ninguna duda jurídica ni administrativa sobre la pertenencia territorial de Josemaría a San Juan.
En términos técnicos, una modificación de límites entre provincias sólo puede aprobarse mediante una nueva ley nacional, con el consentimiento de ambas jurisdicciones, algo que hoy no parece políticamente viable.
Alejandro Martín: “La Rioja ¿es minero o no es minero?”
El Ing. Alejandro Martín (San Juan) cuestiona la coherencia del reclamo riojano, contrastando su postura con la política minera provincial.
En diálogo con ACERO Y ROCA, el secretario de Políticas Económicas de San Juan, Ing. Alejandro Martín, fue más allá del aspecto jurídico y apuntó directamente a la contradicción del planteo riojano:
“La Rioja es minero o no es minero. O sea, quiere participar parte de un proyecto que no está ahí. Pero sin embargo ellos tienen leyes restrictivas a la minería, entonces bueno, no se entiende un poco”.
La frase del funcionario refleja el sentir de buena parte del sector minero sanjuanino, que considera que el reclamo de Quintela carece de coherencia política y técnica. De hecho, mientras San Juan lleva más de dos décadas consolidando un marco normativo favorable al desarrollo extractivo, La Rioja mantiene restricciones ambientales que impiden la explotación metalífera a gran escala, evidenciando así una marcada disparidad de enfoques.
La posición oficial de Vicuña: cautela ante la disputa
La empresa minera Vicuña (Lundin Mining), operadora de Josemaría, mantiene una postura de cautela ante la disputa limítrofe.
Frente a la controversia, y consultada por este medio, la empresa Vicuña, que forma parte del grupo de proyectos cordilleranos Josemaría y Filo del Sol, evitó pronunciarse sobre el conflicto: “Entendemos que es un tema de índole político y jurídico que nos excede totalmente, por lo tanto, hacer declaraciones en este momento no sería acertado”.
La postura, aunque prudente, marca una distancia clara entre las empresas y la tensión política, intentando preservar la estabilidad institucional necesaria para avanzar con los proyectos en marcha.
Más que una frontera: el cobre en el centro de la política
En definitiva, el episodio revela mucho más que una simple diferencia geográfica: refleja cómo la minería del cobre se ha convertido en el nuevo eje de poder y disputa en el oeste argentino. San Juan avanza firmemente con un modelo consolidado de atracción de inversiones y obras de infraestructura, mientras que La Rioja busca reposicionarse estratégicamente para no quedar al margen del reparto de beneficios que genera el boom minero.
En este escenario, la gran pregunta que muchos en el sector se hacen es si este tipo de iniciativas ahuyenta o, por el contrario, preocupa a los inversores foráneos, quienes miran con lupa al país y exigen, antes que nada, reglas del juego claras y una seguridad jurídica inquebrantable.