El abogado Armando Guevara, en representación de CCM S.A., ha emitido una advertencia sobre operaciones por US$15 millones entre las gigantes mineras Austral Gold y Fortescue, relacionadas con concesiones en el estratégico distrito de Rincones de Araya, San Juan. Según el informe, estas operaciones no registran obras ni desarrollo minero tangible en el terreno. Guevara asegura a ACERO Y ROCA que se configuró un “vacío económico y legal”, y acusa al Ministerio de Minería provincial de una grave omisión en sus funciones de control.

Por Lucas Laciar

El presunto circuito financiero: ¿Cómo se habrían movido US$15 millones sin obras?

El documento, titulado “El cobre, el oro y la plata invisibles de Rincones de Araya”, elaborado por el abogado Armando Gabriel Guevara  en representación del Campo Cortés Monroy (CCM S.A.), describe un complejo mecanismo de transferencia sucesiva de acciones. Estas transacciones se habrían dado entre empresas extranjeras y locales clave: Argentina Minera S.A. (cuyos accionistas eran el geólogo Ricardo Martínez y Patricio Jones), Austral Gold Limited y Fortescue Future Industries Pty Ltd., por un monto total que ascendería a USD 15 millones.

Las operaciones comprenden la transferencia del conjunto de concesiones mineras registradas originalmente a nombre de Argentina Minera S.A. (AMIN S.A.) y, en menor medida, de Desarrollo de Prospectos Mineros (DeproMin S.A.), que integran el bloque “Dorita” y áreas asociadas del mismo distrito minero.

Según el informe, los fondos circularon formalmente por el sistema bancario y registral, pero jamás se tradujeron en obras concretas, perforaciones ni infraestructura minera alguna en el terreno. El dinero habría sido declarado como inversión extranjera para respaldar adquisiciones accionarias, pero sin ejecución física real del proyecto minero.

Regalías futuras: ¿un esquema de simulación económica?

“El uso de regalías futuras como forma de pago difiere la materialización del precio y facilita la apariencia de flujo de capital en ausencia de actividad productiva. Este patrón es compatible con esquemas de simulación económica o lavado de activos,” sostiene el informe.

En diálogo con este medio, Guevara explicó la hipótesis: “Se tragaron 15 millones de dólares y no hay nada. No han hecho un pozo, no han hecho nada. El expediente miente en todo.”

El abogado profundizó, explicando que la segunda venta, de Austral Gold a Fortescue, se pactó en parte mediante regalías futuras, un esquema que, según él, “crea una ficción contable de inversión”, ya que el dinero no ingresa al país como capital operativo sino como promesa de cobro sobre una producción inexistente. “Si no hay producción, no hay regalías. Pero el contrato igual declara la operación. Eso dibuja inversión y genera trazabilidad bancaria, sin que haya minería real”, indicó Guevara.

Las dos operaciones cuestionadas: Austral Gold y Fortescue

El documento de Guevara detalla las dos transacciones principales:

Primera operación: Austral Gold Limited y los US$7.5 millones

• Argentina Minera S.A. —sociedad cuyos accionistas eran Ricardo Martínez y Patricio Jones— cedió el 50 % del paquete accionario del proyecto minero a favor de Austral Gold Limited por un monto total de USD 7,5 millones, pagados al momento de la firma.
• El informe indica que el pago fue recibido por los accionistas vendedores, quienes percibieron los fondos como beneficiarios directos de la transferencia.
• Guevara confirmó a este medio que el apellido Martínez mencionado en el informe corresponde a Ricardo Martínez, geólogo y ex Presidente de la Cámara Minera de San Juan.
• Dichos pagos fueron canalizados según los registros contables y bancarios anexos al contrato, en cumplimiento de la normativa de inversión extranjera vigente.
• La operación se instrumentó mediante escritura pública e inscripción en el Registro de Minas de la Provincia de San Juan, consolidando la participación de Austral Gold como socia del proyecto.

Segunda operación: Fortescue Future Industries y regalías futuras

• Austral Gold Limited transfirió su participación a una sociedad vinculada al grupo Fortescue Future Industries Pty Ltd., manteniendo el mismo valor de referencia (USD 7,5 millones).
• En esta segunda transacción, parte del precio se pactó mediante regalías futuras derivadas de la producción minera, otorgando a Austral Gold un derecho crediticio sobre ingresos futuros.
• De este modo, Austral Gold conservó una participación económica indirecta, no accionaria, garantizada por los flujos de regalías.

El informe resume así la estructura financiera y legal de las operaciones:

• Primera venta (Austral Gold): Pago íntegro y en efectivo a las familias Martínez y Jones.
• Segunda venta (Fortescue): Pago parcial en efectivo y saldo diferido en regalías futuras.
• Monto total comprometido: USD 15 millones (USD 7,5 millones por cada operación).
• Continuidad jurídica: Fortescue asumió las obligaciones contractuales previas, incluyendo las ambientales y societarias.

«La estructura contractual asegura la trazabilidad de los derechos mineros y la continuidad de las obligaciones ambientales, societarias y económicas de las partes”, concluye el documento. El informe subraya que esa “arquitectura negocial” permitió que los montos declarados como inversión nunca se materializaran en el campo. “No se constata inversión ejecutada en equipos, campamentos, caminos de acceso, ni informes geológicos. El contraste entre los USD 15 millones declarados y la ausencia de ejecución material es concluyente: el dinero no está en la mina”, enfatiza Guevara.

Informe Rincones Araya CCM

«Rincones de Araya»: ¿posibles delitos y falta de control estatal?

El informe jurídico de CCM S.A. no se limita a las transacciones, sino que cita artículos clave del Código Penal argentino: el 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), el 173 inciso 7 (administración fraudulenta) y el 303 (lavado de activos), junto con las leyes 24.769 (régimen penal tributario) y 25.246 (operaciones sospechosas ante la UIF).

“Existen indicios razonables de simulación de operaciones, evasión y lavado de activos. Corresponde la apertura de una investigación penal y fiscal,” sostiene el documento de manera categórica. Para el autor del informe, «el flujo financiero y las cesiones en cadena entre empresas extranjeras podrían haber sido utilizadas para legitimar dinero sin destino operativo, todo bajo la cobertura formal de un proyecto minero inactivo».
Hasta el momento, no se ha informado de ninguna investigación judicial abierta sobre el tema.

Omisiones del Ministerio de Minería

El documento también señala omisiones graves por parte de la autoridad minera provincial, que según CCM S.A. no realizó las inspecciones anuales obligatorias ni aplicó la caducidad de concesiones abandonadas, pese a los pedidos formales reiterados.

«Yo vengo insistiendo que la Policía Minera tiene que ir a controlar y no controla. No lo hicieron los otros y tampoco lo hacen estos. Tiene que ir, constatar y quitar la concesión,” dijo Guevara a este medio. “Vamos a intimar nuevamente, vamos a insistir con el tema de que la Policía Minera constate que no hay nada en la zona”, añadió.

Además, el abogado expresó que todo esto fue denunciado oportunamente ante ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), y paralelamente comentó haber realizado múltiples presentaciones del caso en el Ministerio de Minería de San Juan, sin obtener respuestas satisfactorias. Guevara señaló que «lleva varios años presentando escritos solicitando control, todos denegados o archivados».

El informe advierte que esta falta de idoneidad técnica en el control podría comprometer la validez de resoluciones y refuerza la hipótesis de una estructura institucional deficiente o cooptada.

Concesiones, familias y un presunto «negocio de compraventa»

Más allá de la falta de control, Guevara cuestionó duramente la concentración de concesiones en manos de pocas familias y estudios vinculados. “De los cientos de cateos mineros, apenas cinco o seis se van a transformar en minas. El resto es un negocio de compraventa,” sentenció. “Si fuera por los expedientes, el campo estaría lleno de perforaciones. No hay ni caminos de acceso».

¿Qué dice la Ley? El marco normativo 

El Código de Minería argentino es claro al respecto: prevé la caducidad de concesiones por abandono o falta de inversión (arts. 263 a 269) y otorga a la Policía Minera la función de inspeccionar periódicamente los yacimientos (art. 252).

El informe de CCM S.A. sostiene que el incumplimiento sistemático de estas funciones vulnera gravemente el deber de fiscalización y el principio de legalidad administrativa, dejando un flanco abierto a irregularidades.

Las claves del informe

• Monto total declarado: USD 15 millones.

• Empresas intervinientes: Argentina Minera S.A., Austral Gold Limited, Fortescue.

• Inversión real: Inexistente según el informe.

• Área: Rincones de Araya, campo Cortés Monroy (Calingasta).

• Presuntos delitos: Simulación económica, evasión, lavado de activos.

• Denunciante: Armando Guevara (CCM S.A.).

• Autoridad señalada: Ministerio de Minería de San Juan.
  

  Un vacío económico, institucional y ético que exige investigación

El informe concluye que los USD 15 millones declarados no se reflejan en ninguna obra minera, que la autoridad provincial omitió su deber de control, y que la falta de actividad erosiona la confianza pública y deja pasivos ambientales sin atender.

“Los metales existen en el subsuelo de Rincones de Araya, pero los fondos que debían transformarse en exploración y desarrollo se diluyeron entre cesiones, regalías futuras y omisiones estatales,” sostiene el documento. “El resultado no es producción, sino un vacío económico, institucional y ético que exige ser investigado con urgencia.”

Hasta la fecha de publicación de esta nota, el Ministerio de Minería de San Juan no ha emitido una respuesta pública a los señalamientos del informe ni a las nuevas intimaciones que Guevara adelantó a este medio. Mientras el proyecto en Rincones de Araya sigue inactivo, los 15 millones de dólares declarados por las empresas no tienen correlato tangible en el terreno.

Para CCM S.A., el caso de Rincones de Araya no solo revela un presunto fraude financiero, sino también una falla sistémica en el control minero provincial. “La inversión que nunca fue,” resume Guevara con amargura. “Se tragaron 15 millones de dólares y no hay nada. No han hecho un pozo, no han hecho nada”.

La versión de Fortescue: «Planteos sin fundamento»

Consultados por ACERO Y ROCA sobre el tema, representantes de Fortescue dieron su versión de los hechos: “La firma CCM, representada por el Doctor Gabriel Guevara, efectuó numerosos planteos de oposición y exigencias económicas sin fundamento contra Fortescue y su subsidiaria AMINSA. Todos esos planteos a la fecha han sido resueltos tanto en sede administrativa como judicial favorablemente a Fortescue y AMINSA, no habiendo hasta la fecha CCM probado daño alguno producido por nuestra firma sobre su inmueble”.

Además, Fortescue manifestó: “Fortescue ha manifestado reiteradamente y nuevamente así lo confirma, que cumple y cumplirá con todas las obligaciones de resarcimiento a cualquier superficiario cuyos inmuebles sean ocupados por nuestros derechos mineros, conforme lo determina el Código de Minería y el de procedimientos mineros de San Juan».

Por otra parte, este magazine intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Ricardo Martínez y con el Ministerio de Minería de San Juan para obtener sus versiones y opiniones, pero no obtuvo respuesta.