Senador Olivera: Ley de Glaciares hacia una modificación clave para la minería sanjuanina
El senador Bruno Olivera confirmó a ACERO Y ROCA que la postura es impulsar una modificación de la ley, no una reglamentación. Con la nueva configuración de la Cámara Alta, esperan aprobar a principios del próximo año.
Por Lucas Laciar
La Ley de Glaciares y su impacto en proyectos mineros como Pachón y Altar. Una imagen conceptual que ilustra la controversia.
La Ley de Glaciares: El debate sobre su ambigüedad y el freno a proyectos mineros
La inquietud no es nueva. Desde hace meses, funcionarios, empresas y juristas discuten si la actual redacción de la Ley 26.639 —que prohíbe cualquier actividad que pueda afectar cuerpos de hielo o permafrost— deja demasiado margen de interpretación sobre qué zonas deben considerarse protegidas. Esa ambigüedad, sostienen las provincias mineras, ha paralizado proyectos estratégicos como Pachón, Altar y Vicuña, ubicados en zonas donde se inventariaron formaciones clasificadas como periglaciares.
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, fue uno de los primeros en plantear públicamente el problema. En declaraciones mediáticas meses atrás, explicó que “hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que vean la luz esos proyectos”.
Postura política: San Juan presiona por claridad y soluciones para el sector
La posición de Perea fue acompañada por una estrategia política del gobernador Marcelo Orrego, quien en los últimos días expuso el tema directamente ante el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Es necesario concluir con ese circuito y definir que sean las provincias las autoridades de aplicación. Eso le daría claridad a la actividad minera y previsibilidad a las inversiones”, dijo Orrego tras las reuniones.
El gobernador Marcelo Orrego (centro) dialoga con el jefe de ministros Manuel Adorni (izquierda) y el ministro del Interior Diego Santilli (derecha) sobre la Ley de Glaciares.
En consonancia con estas gestiones, según fuentes del Ejecutivo provincial, Nación analiza una medida aclaratoria que podría aprobarse en sesiones extraordinarias antes de fin de año, con el objetivo de “destrabar proyectos y garantizar seguridad jurídica”.
Sin embargo, una voz clave en el Congreso, el senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera apuesta por una modificación de la ley.
Olivera: El Gobierno Nacional impulsará la modificación de la Ley de Glaciares
El senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, impulsor clave de la modificación a la Ley de Glaciares para destrabar inversiones mineras.
Bruno Olivera, referente del oficialismo en la Cámara Alta, explicó en diálogo con este medio que aunque hubo momentos en que se pensó en una reglamentación, la definición actual del Gobierno provincial es avanzar en una reforma legislativa. “Es algo muy sensible porque el concepto de periglaciar es complicado. Desde el Gobierno estamos a favor de modificarlo. Hay que ver si se modifica la ley o si en la reglamentación se establece un concepto más detallado, pero la postura hoy es avanzar hacia la modificación”, señaló.
Olivera reconoció que en los primeros meses del año se evaluó una reglamentación, pero que esa alternativa quedó en “stand by” y él mismo tiene una posición más contundente: “Al principio del año estaba la versión de reglamentarla, pero yo estoy a favor de modificar la ley. Esta ley de hecho, frenó la actividad en un montón de zonas. Pachón y Altar por ejemplo, hoy están frenados porque hay un periglaciar inventariado que no pueden tocar. Lo ideal sería modificar la ley, específicamente el concepto de periglaciar, aunque es un proceso burocrático y lleva tiempo”, explicó.
De este modo, Olivera confirmó un cambio de orientación política respecto a la idea de “aclarar” la norma por decreto o reglamento. El legislador anticipó además que el Senado trabaja junto al Ejecutivo Nacional para presentar un proyecto consensuado a partir del año que viene: “Seguramente el año próximo vamos a tratar un proyecto en sintonía con el Ejecutivo. Hay una postura positiva de modificar esta ley”, afirmó.
El corazón de la controversia: La definición ambigua de «ambiente periglacial»
Representación de un valle periglaciar, mostrando la complejidad de su definición y la ambigüedad que frena proyectos mineros.
La Ley 26.639 define los glaciares y el ambiente periglacial como “aquellos que actúan como reguladores del recurso hídrico”. Pero no distingue entre formaciones de hielo activas (que aportan agua a las cuencas) y otras, como glaciares de escombros o suelos congelados, que no tienen función hídrica relevante.
Esa falta de precisión es la que, según las provincias cordilleranas, llevó a una interpretación restrictiva por parte de los inventarios nacionales, abarcando zonas donde no existe hielo superficial ni dinámica glaciar visible. En la práctica, esto implicó la paralización de áreas de exploración minera incluso a kilómetros de distancia de glaciares activos.
El punto de mayor controversia fue el instrumento mencionado. El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, al igual que algunos referentes de la industria, habían sostenido que bastaría con una reglamentación nacional que “aclare” los criterios técnicos, pero esa opción chocaría con los límites constitucionales.
Advertencia jurídica: La inconstitucionalidad de una reglamentación restrictiva
El abogado Gabriel Guevara, especialista en derecho ambiental, explicó en una entrevista anterior para ACERO Y ROCA que una reglamentación que modifique el alcance de la Ley de Glaciares sería inconstitucional. “La Ley 26.639 es una norma nacional de presupuestos mínimos. Un decreto o reglamento solo puede ejecutar la ley, no cambiar su espíritu ni redefinir sus conceptos. Si una reglamentación excluye zonas o redefine el ambiente periglacial, estaría alterando la ley por vía administrativa, y eso es inconstitucional”, sostuvo Guevara en esa oportunidad.
Paralelamente, el especialista advirtió que un decreto de este tipo abriría un escenario de litigiosidad ambiental sin precedentes: “Una reglamentación restrictiva generaría amparos, nulidades de permisos y más inseguridad jurídica. La certeza no se logra con atajos administrativos, sino con una reforma legislativa debatida y participativa”, explicó.
El nuevo escenario político: ¿Tiene LLA el consenso para modificar la ley?
El nuevo mapa político del Congreso. La bancada oficialista tras las elecciones, mostrando el potencial de consenso para la reforma de la Ley de Glaciares.
El nuevo mapa político del Congreso —donde La Libertad Avanza y sus aliados controlan un tercio del Senado— abre, según Olivera, una posibilidad real de discutir el tema en 2026. “Antes era muy difícil, porque necesitabas un consenso amplísimo. Hoy con pocos senadores más se puede dar la discusión”, indicó.
Además hay que tener en cuenta que se habla de la posibilidad de que el peronismo divida sus bloqueo en el congreso, jugando por un lado las provincias y por otro Buenos Aires y CABA. Esto daría, quizás, más libertad a los diputados y senadores sanjuaninos de este espacio. Por ello, Olivera entiende que el senador y exgobernador Uñac, podría acompañarlos con el voto en la Cámara Alta.
La urgencia para San Juan: Destrabar inversiones y generar empleo
San Juan concentra los proyectos mineros más grandes del país. La incertidumbre sobre el alcance del ambiente periglacial no solo bloquea inversiones, sino que también ralentiza los flujos de capital y empleo. El propio ministro Perea reconoció que “hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que vean la luz esos proyectos”.
El Congreso Nacional y la urgente discusión sobre la Ley de Glaciares, crucial para el futuro de la inversión minera en Argentina.
Entre la urgencia y la legalidad
El debate sobre la Ley de Glaciares expone una tensión estructural del país: la necesidad de atraer inversión minera sin vulnerar los principios ambientales que la Constitución consagra. A pesar de que el gobierno nacional y el provincial no son del mismo partido, hay una coincidencia importante en la necesidad de que arranquen los mega proyectos mineros. Ambos estados necesitan los aportes aporte de todo el movimiento que genera la minería y todos los argentinos necesitan que la situación económica sea mejor. Por fortuna, tras la victoria libertaria en las legislativas, el camino parece allanarse para este cambio.