El proyecto que ya cuenta con dictamen en el Senado reemplaza la figura del fondo fiduciario por instrumentos financieros de fácil ejecución. La premisa es que si está el Estado a cargo, sale mal, por eso encontraron una nueva herramienta, los detalles.

Por Lucas Laciar

El proyecto de Ley de Cierre de Minas detalla el mecanismo de garantías financieras

Después de años de debate, la Ley de Cierre de Minas está a un paso de convertirse en realidad. El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera (La Libertad Avanza), confirmó a ACERO Y ROCA que el proyecto ya cuenta con dictamen de la Cámara alta y se encuentra en condiciones de ser tratado en el recinto. La gran novedad es que la versión final eliminó la controversial figura del fideicomiso y la reemplazó por un sistema de garantías bancarias que, según el legislador, ofrece mayor transparencia y previsibilidad.

Dictamen listo y agenda parlamentaria en marcha

«Ya dictaminamos. Está con dictamen de la Cámara de Senadores«, confirmó Olivera. El legislador reveló que tiene previsto reunirse con el presidente de la comisión de minería durante su próximo viaje a Buenos Aires «a ver si se va a poder tratar antes de fin de año. Si no, ver de incluirlo en la extraordinaria o el año que viene».

El avance del dictamen representa un hito significativo para un debate que se extiende hace tiempo en el Congreso. La industria minera argentina ha operado sin un marco normativo específico para el cierre de operaciones, generando incertidumbre sobre quién y cómo se haría cargo de la remediación ambiental.

Adiós al fideicomiso: la transformación clave

«El proyecto que quedó, al principio incluía un fideicomiso, el fideicomiso se eliminó», explicó Olivera.

En primer lugar, la crítica del legislador al instrumento es contundente: «La diferencia es que [con] el fideicomiso, tenés que ver quién se hace cargo, si se hace cargo la provincia, [o] se hace cargo la nación. Es plata que vos vas entrando y no lo controla nadie. Esa plata a su vez genera interés, que es lo que pasa hoy con el fideicomiso acá de la provincia, y ese interés tampoco se controla».

El senador profundizó: «El fideicomiso era un fondo que tiene que ir aportando permanentemente el proyecto, era un costo aparte y no tenés control, no sabés para dónde va, no tenés una auditoría de ese fondo. Eso sí es algo de lo que está en contra de este gobierno Nacional y, de hecho, está desarmando los fideicomisos porque son instrumentos poco transparentes».

El sistema de garantías: progresivo y recuperable

«Lo que establece el proyecto es que las empresas tienen que establecer una garantía del 20% y tienen un periodo de tiempo para cumplir con esas garantías», explicó Olivera. El mecanismo ofrece flexibilidad: «El dictamen da una serie de instrumentos. Dice que tiene que ser una institución bancaria con calificación crediticia Triple A, que quiere decir que es un banco de primer nivel. Tiene que ser un instrumento de fácil ejecución. Puede ser un seguro de caución o puede ser algún cheque que dejen en garantía o algún depósito que hagan en garantía«.

La gradualidad es esencial: «Te establece el periodo que los primeros 5 años tenés que establecer un porcentaje y después en el resto del periodo tenés que ir aumentando ese porcentaje de garantía para que a medida que se vaya acercando el cierre tengas ese monto reservado. Esto le sirve a la empresa para usar esa garantía que tienen ahí para solventar los costos».

Funcionamiento práctico: incentivo al cumplimiento

Para explicar el funcionamiento concreto, Olivera recurrió a una analogía: «Es como un seguro de caución. Hacés un seguro de caución, podés contratar un asegurador o podés dar un instrumento a ejecutar. Si la empresa desarma todo el campamento, baja y queda todo el terreno limpio, ese seguro de caución o ese instrumento no se ejecuta. Es como cuando alquilas una casa, en el caso de que quede algo pendiente, ejecutarás un poquito para pintar esa pared, y si está todo perfecto, se lo devolvés en la totalidad».

Este diseño busca incentivar el cumplimiento: las empresas que realicen correctamente el cierre recuperarán íntegramente sus garantías. Por el contrario, si no cumplen, el Estado provincial ejecutará las garantías: el proyecto establece «una serie de instrumentos para que cuando finalice la vida útil del proyecto, en caso de que la empresa minera no retire todo lo que es campamento y todos los costos que subieron, se ejecute esa garantía para que el estado se haga cargo».

Incorporación al Código de Minería: de buenas prácticas a obligación legal

El senador destacó que esta regulación se incorporará directamente al Código de Minería. «La diferencia básicamente es que antes, si bien el COFEMIN había establecido un manual de buenas prácticas con respecto al cierre de mina, no estaba instrumentado. Ahora se agrega al código de minería, si [se aprueba] la ley, lo que es cierre de minas».

Esto significa que las obligaciones dejarán de ser voluntarias: «Las empresas a la hora ya de encarar el proyecto ya por ley tendrán esto. Más allá de que los proyectos mineros son bastante ordenaditos y son bastante responsables, ya queda establecido un artículo dentro del código de minería con respecto a cierre de minas y te nombra los instrumentos que hay para que el estado tenga las garantías de que los proyectos llegado el caso hagan el cierre de mina y no dejen todo el terreno limpio sin ningún material que pueda llegar a contaminar».

Previsibilidad para provincias y empresas

Olivera enfatizó los beneficios para ambas partes: «Le da previsibilidad tanto a la provincia para que tenga certezas, porque los recursos son provinciales, que la provincia va a quedar con ningún elemento contaminante luego que termine el proyecto. Por otro lado, también le da previsibilidad a las empresas que desde un primer momento ya pueden ir estableciendo todos los costos, incluyendo el cierre de mina, que es algo también importante que tienen que tener en cuenta los proyectos a la hora de encarar la inversión».

Requisitos técnicos de las garantías

Según el dictamen, los instrumentos financieros deberán estar autorizados por el Banco Central, ser regulados por la Comisión Nacional de Valores, tener al Estado Provincial como único beneficiario, y contar con liquidez que permita disponer de los fondos en no más de 90 días. Además, deberán ser de clase «Preferidas A» o «Preferidas B», estar libres de cláusulas unilaterales y no tener inhibiciones.

El Plan de Cierre: más allá de las garantías

El régimen establece la obligatoriedad de presentar un Plan de Cierre al inicio de la explotación, junto con el Informe de Impacto Ambiental. Este plan deberá actualizarse durante toda la vida útil del proyecto, incluyendo 15 componentes que abarcan desde la identificación del titular hasta evaluación de riesgos, cronogramas, presupuestos y Sistema de Información Geográfica.

Los objetivos incluyen rehabilitar el sitio hasta niveles compatibles con un ambiente sano, asegurar la estabilidad física y química, garantizar el mantenimiento post cierre, y gestionar aspectos socioeconómicos vinculados al cierre, promoviendo la reinserción laboral de los trabajadores. Un aspecto innovador es la obligatoriedad de incluir programas de comunicación y participación ciudadana.

Certificaciones progresivas y post cierre

El régimen contempla certificaciones escalonadas. Cuando se verifique el cumplimiento parcial, la autoridad otorgará un Certificado de Cierre Parcial que habilitará la devolución proporcional de garantías. Una vez concluidas las medidas, se extenderá un Certificado de Cumplimiento que dará inicio al post cierre.

Esta etapa no podrá ser inferior a cinco años, durante los cuales se realizarán monitoreos sobre variables físicas, químicas, biológicas y sociales. Solo cuando la autoridad constate el funcionamiento correcto se extenderá el Certificado de Cierre Final y cesarán todas las obligaciones.

Régimen de transición

Los proyectos en ejecución al momento de entrada en vigencia de la ley tendrán un año para presentar su Plan de Cierre si no lo hubieran hecho previamente. Esta disposición busca regularizar situaciones existentes sin paralizar operaciones en actividad, que deberán adecuarse constituyendo las garantías según el cronograma que establezca la autoridad.

Próximos pasos

Con el dictamen aprobado en comisión, el proyecto pasa directamente al orden del día del Senado. La reunión que mantendrá Olivera con el presidente de la comisión de minería definirá si ingresa en la agenda de las últimas sesiones ordinarias del año o si deberá esperar a extraordinarias o 2026.

Luego deberá pasar por Diputados. Una vez sancionada, las provincias deberán adherir a este régimen de presupuestos mínimos y desarrollar las reglamentaciones específicas para su implementación en cada jurisdicción.

La industria minera argentina se prepara así para un cambio normativo estructural que establecerá estándares de responsabilidad ambiental que hasta ahora dependían más de la voluntad empresarial que de obligaciones legales concretas.