Greenpeace denuncia el plan de Milei para debilitar la Ley de Glaciares
La organización ambientalista Greenpeace Argentina expresó su profunda preocupación por el anuncio del presidente Javier Milei de impulsar una reforma a la Ley 26.639, también conocida como Ley de Glaciares, con el objetivo de permitir una mayor actividad minera en zonas actualmente protegidas. Según la ONG, se trata de una “regresión ambiental” que amenaza uno de los más valiosos reservorios de agua dulce del país.
Por Diego Castillo
El retroceso de glaciares andinos evidencia el impacto del cambio climático
Riesgo hídrico: un retroceso que pone en jaque a las comunidades
Para Greenpeace, el cambio propuesto representa “un ataque directo al agua de los argentinos”. Así lo advirtió Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de la organización: “La ley de glaciares protege un recurso único y finito: el agua. El retroceso ambiental que planteará esta modificación pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos”.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fija salvaguardas estrictas: prohíbe actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciales. Este tipo de ecosistemas es fundamental para regular el ciclo del agua, ya que actúan como reservas hídricas estratégicas que alimentan ríos, comunidades rurales y cuencas clave.
La propuesta de Milei y el “lobby” minero
El presidente Javier Milei impulsa la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto que impulsa el Gobierno nacional buscaría redefinir las fronteras de las zonas periglaciales, permitiendo que cada provincia decida qué se considera “periglacial”. Según Milei, esto abriría el paso a una “ola importante de inversiones mineras”.
«Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva», aseveró Milei.
En este sentido, para Greenpeace, este planteo no es casual: sostienen que detrás hay una presión intensa de grandes compañías mineras, que verían en la reforma una oportunidad para desplegar megaproyectos de litio, cobre, oro u otros minerales críticos.
Impacto ecológico y climático
La organización ambiental advierte que el cambio normativo podría exponer los glaciares a “un mayor riesgo de contaminación, destrucción y desaparición”. Además, alertan que la medida iría en contra de los compromisos internacionales de Argentina en materia de cambio climático, vulnerando el principio de no regresión ambiental.
Rossi Serra fue contundente: “Es inconstitucional y pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. Sin glaciares, no hay agua, y sin agua, no hay futuro.”
La movilización ambiental
Campaña de Greenpeace Argentina en defensa de la Ley de Glaciares
Greenpeace llama a la sociedad a unirse en defensa de la Ley de Glaciares. En su comunicado, la organización advierte que agotará todas las instancias legales, si es necesario, para evitar que se debilite la normativa.
Por su parte, comunidades locales, organizaciones de derechos humanos y expertos climáticos han expresado su rechazo. Denuncian un lobby feroz por parte de corporaciones mineras y un intento de modificar la ley sin debate profundo ni consulta pública. «No podemos permitir que los intereses de las empresas privadas se sobrepongan frente a las fuentes de vida de todos los argentinos», afirmaron a EFE fuentes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El inventario oficial de glaciares y su retroceso
De acuerdo a un inventario oficial hecho entre 2011 y 2018, ahora en actualización, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico sur. En total, cubren 8.484 kilómetros cuadrados.
En un informe presentado en diciembre de 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas: 48 de los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur presentaron una creciente disminución.
Sesión de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP)
Los datos oficiales más recientes corresponden a la actualización del inventario en la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de la provincia de San Juan), donde se registró una reducción del 17 % en el hielo descubierto.
Según alertaron desde la FARN, «la afectación de los glaciares y el área periglacial tendría impactos ambientales, sociales y económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas».
Impacto de la reforma y el RIGI
El contexto no es menor. En los planes del Gobierno, la flexibilización de la ley se alinea con un ambicioso impulso a proyectos mineros estratégicos, muchos de ellos vinculados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Uno de esos proyectos es El Pachón, de la empresa Glencore, valuado en unos USD 9.500 millones, que actualmente enfrenta obstáculos por las restricciones impuestas por la ley vigente.
Además, organizaciones sociales señalan que permitir actividad extractiva en estos ecosistemas podría tener consecuencias profundas para las provincias cordilleranas, especialmente en épocas de sequía, cuando el aporte hídrico glacial resulta vital.
Glaciares de los Andes amenazados por la actividad minera en zonas periglaciares
Modificar sin consenso traerá problemas
La propuesta para modificar la Ley de Glaciares que promueve Milei genera alarma entre ambientalistas, comunidades locales y expertos. Greenpeace advierte que no se trata solo de una reforma legal, sino de un riesgo concreto para la sustentabilidad hídrica, el equilibrio ecológico y el futuro ambiental del país.
«La Ley de Glaciares es una norma pionera, no existe otra en la región que cuente con tal alcance de protección para los glaciares y el ambiente periglacial y por ello deberíamos sentir orgullo. No podemos permitir que la Ley de Glaciares se modifique. Implicaría una condena al agua de los argentinos», advirtió Rossi Serra.
El llamado de fondo es claro: defender la Ley de Glaciares implica proteger el agua como bien común, y cualquier intento de flexibilización debe medirse contra ese principio, fundamental para millones de argentinos.