DENUNCIA: Las veranadas chilenas que prosperan en una cordillera sin controles
Un informe del abogado y copropietario del campo Cortez Monroy, Gabriel Guevara, denuncia y advierte que las tradicionales veranadas con Chile mutaron en un negocio millonario para crianceros trasandinos. La presentación expone que esta práctica estaría presuntamente provocando graves impactos ambientales, económicos y jurídicos en el territorio argentino y, lo que es clave, en áreas de proyectos mineros esenciales para San Juan.
Por Lucas Laciar
Imagen histórica de las veranadas, el método tradicional de traslado de ganado caprino y equino en la Cordillera.
El campo Cortez Monroy: el caso testigo que motiva la denuncia
Las veranadas (traslado estacional de rebaños caprinos y equinos desde Chile hacia los valles altos de Calingasta) son una tradición desde hace más de un siglo. Sin embargo, Guevara desarrolló un extenso informe para exponer otra versión de esta práctica.
Guevara, como copropietario del campo Cortez Monroy en Calingasta, estima que hasta el 50% del ganado que ingresa a la Argentina utilizaría su predio, lo que lo convertiría en uno de los puntos más afectados por el fenómeno.
El autor menciona que la pérdida de canon privado llegaría a USD $800.000 por temporada solo para ese campo, sin contar daños ambientales ni costos de recuperación de suelos. A modo de ejemplo, esto da una idea de la magnitud del perjuicio económico.
«Faltan 150.000 animales» en los registros oficiales
El Gobernador de Coquimbo, Cristóbal Nicolás Juliá de la Vega, confirmó a ACERO Y ROCA en el marco del FNS, que «el ingreso de ganado para esta temporada es un hecho político consumado«, y que «El gobernador Marcelo Orrego manifestó vía telefónica que estaba de acuerdo con esto», aseguró el funcionario chileno, indicando que la cifra pactada ronda las 50.000 cabezas.
No obstante, el informe de Guevara manifiesta que los registros históricos señalan un ingreso real de 200.000 animales. La denuncia advierte que esa diferencia de 150.000 animales que ingresan «en negro» es lo que alimenta la rentabilidad del negocio, evadiendo cánones y controles, y generando un subregistro deliberado.
¿Falta de control gubernamental? Las acusaciones de presuntas irregularidades
Controles de Medio Ambiente en la Cordillera. La denuncia apunta a la falta de supervisión.
Frente a esta situación, Guevara señala que la «tolerancia» ante el ingreso masivo de extranjeros y ganado sin control podría configurar incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a normativas vigentes, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incluso asociación ilícita, dado que la logística para mover clandestinamente miles de animales por pasos no habilitados requiere, se entiende, una estructura organizada.
Quienes se encargan del acuerdo son los gobiernos nacionales de Chile y Argentina. Por lo tanto, Guevara apunta a la secretaría de Relaciones institucionales, Claudia Sarmiento y su superior la ministro de Gobierno Laura Palma. Guevara ya realizó una demanda en la justicia federal y ahora espera ampliarla contra las personas mencionadas por los delitos mencionados que se podrían haber cometido. Del lado chilenos, el máximo responsable sería Galo Luna, delegado presidencial regional, según entiendeel denunciante.
La demanda presentada por el abogado Gabriel Guevara ante la justicia federal.
Una tradición cordillerana con dimensiones inesperadas
El documento aportado por Guevara cita cifras que hablan de un promedio de 200.000 animales por temporada durante las décadas de 1990 y 2000. En contraste, los registros oficiales recientes del Gobierno provincial muestran solo 57.000 animales autorizados para la temporada 2024–2025. Para el abogado: “Las cifras oficiales no reflejarían la magnitud de lo que efectivamente ocurre en la montaña”.
En otras palabras: el propietario sostiene que habría ganado chileno ingresando sin declarar y, por lo tanto, sin pagar canon, sin control sanitario y sin trazabilidad. «Esta temporada, los superficiarios de los campos Estomonte, Valle Hermoso y Cortéz Monroy y Gendarmería Nacionalsubiremos a supervisar la cantidad de animales, y que los contratos y vacunaciones estén en regla, entre otras cosas», comentó Guevara.
Las cifras oficiales contrastan fuertemente con las estimaciones históricas de animales que ingresan en las veranadas.
El negocio de las veranadas y su base económica
Uno de los pasajes del informe afirma que alimentar una cabra durante seis meses en Chile cuesta aproximadamente USD 59,40. Si se toma el volumen histórico de 200.000 animales, el ahorro total alcanzaría los USD 11,8 millones por temporada.
Guevara plantea que este ahorro sería la base del negocio: los crianceros chilenos podrían —presuntamente— “obtener un beneficio económico significativo al utilizar pasturas argentinas sin contraprestación”, sin someterse a los costos que implica mantener rebaños en su país y provocando, consecuentemente, un desgaste ambiental, cuyos costos de control recaen sobre Argentina.
La implicancia en el sector minero de San Juan
Proyecto Los Azules. La zona afectada por las veranadas es un corredor clave para proyectos mineros de clase mundial.
La gravedad de la situación motivó una presentación específica ante el Ministerio de Minería. El argumento es geopolítico y operativo: todo esto se desarrolla en el mismo corredor donde operan proyectos de clase mundial como Pachón, Los Azules y Altar.
El informe expone una contradicción: mientras a las mineras se les exigen estándares ambientales internacionales y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) rigurosas, el Estado permite una «zona liberada» donde miles de animales destruyen humedales y suelos sin ningún control.
En este marco, esto no solo involucra la planificación ambiental de los proyectos, sino que genera riesgos de seguridad física en los caminos mineros, puede afectar los cursos de agua y generar conflictos de propiedad en áreas de exploración crítica.
¿Familias viviendo en la cordillera?
Más allá de las cabras, el informe denuncia un descontrol soberano. Se ha verificado el ingreso de arreadores sin documentación migratoria e incluso la presencia de «familias enteras viviendo en la montaña» que cruzan por pasos no habilitados como La Chapetona o El Yeso. Jurídicamente, esto expone a la provincia a lo que el informe llama «usurpación por tolerancia».
La ministra de gobierno, Laura Palma, el delegado presidencial de Chile, Galo Luna Penna, el gobernador de San Juan Marcelo Orrego y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento
Migración y presencia de arreadores: un punto legal crítico
Al mismo tiempo, el informe también pone el foco en la dimensión migratoria, ya que en algunos sectores cordilleranos existiría presencia de arreadores extranjeros sin documentación formalizada. Según detalla Guevara, la Ley Nacional de Migraciones exige que todo ingreso se realice por pasos habilitados, y que ninguna provincia puede reemplazar esa competencia. Si legaran a comprobarse estos ingresos sin control migratorio, podría implicar infracciones administrativas y violaciones a la ley nacional.
Aunque el informe no acusa nombres ni situaciones puntuales, deja constancia de que el problema existe y que “amerita atención urgente”.
De hecho, el propio el presidente provincial de los crianceros de Limarí, Juan Carlos Codoceo, comentó hace un año, en un medio chileno que «a mí me interesa como dirigente que los Crianceros vayan legalmente hacia Argentina y no vayan en forma ilegal como ha sucedido en estos últimos tiempos«.
El costo ecológico que denuncia el informe
Guevara fundamenta su denuncia ambiental en cálculos de consumo que genera el ganado caprino durante la veranada:
Cada cabra consume 4 litros de agua e ingiere 243 kg de forraje seco por día. Si se aplican estos números al volumen de 200.000 animales, el documento afirma que la presión ambiental sería enorme: 144 millones de litros de agua consumidos por temporada y 48.600 toneladas de pasto removidas de ecosistemas altoandinos.
A su vez, el informe remarca que estas áreas poseen capacidad de regeneración muy limitada. Según el letrado, los presuntos impactos incluirían: compactación del suelo, pérdida de pasturas, erosión acelerada, disminución de caudales en nacientes, contaminación por deposiciones animales y degradación de humedales de altura. El propietario sostiene que el ecosistema está siendo sometido a una presión que no puede absorber, y que la ausencia de controles estaría agravando el daño.
Los pasos cordilleranos: una frontera difícil de controlar
Mapa geológico de los pasos cordilleranos, mostrando la compleja geografía de la frontera.
El informe describe una geografía que, según el autor, facilita el ingreso no registrado de animales. Se trata de pasos cordilleranos activos y varias rutas paralelas empleadas históricamente por los crianceros. Guevara menciona entre ellos: Paso Cenicero, El Yeso, Ramada de Gatica, La Pantanosa / Altar, Los Erizos, Pachón, Río Mondaca, Río Santa Cruz, Naciente del Río Carnicería y La Chapetona (o Paso de los Azufres), de muy difícil acceso.
En consecuencia, este mosaico de entradas convierte la frontera en un corredor de libre circulación donde los controles resultarían insuficientes y donde la capacidad operativa del Estado provincial se ve superada.
Paso La Chapetona y su ubicación dentro del campo de Guevara.
¿Qué propone el informe? Un paquete de medidas en potencial
Guevara no solo denuncia; también propone posibles líneas de acción, todas en potencial. Cabe aclarar que todas estas medidas deberían evaluarse y debatirse a nivel provincial y nacional, dado que ninguna por sí sola resolvería el conflicto.
- Acuerdos binacionales de trazabilidad entre Argentina y Chile.
- Mecanismos de compensación a propietarios afectados.
- Mayor presencia estatal en pasos cordilleranos estratégicos.
- Protección estricta de nacientes y zonas frágiles.
- Cumplimiento pleno de la ley migratoria en zona de frontera.
- Sistemas de registro digitalizado del ganado que ingresa.
- Restauración ecológica de áreas degradadas.
El segundo conflicto y la multa que no fue
Otra línea de conflicto por las veranadas, fue la que se produjo la temporada pasada entre San Juan y la Región de Coquimbo, con la sanción de una multa de 200 millones de pesos por contaminación y falta de controles, que labró el gobierno local.
Según trascendió, el foco del problema radicó en que los crianceros chilenos incumplieron los acuerdos previos: ingresaron una mayor cantidad de cabezas de ganado a las permitidas y no ejecutaron un manejo adecuado de los residuos. A este escenario complejo se sumó una alerta sanitaria crítica: la falta de desparasitación que habría derivado en la detección de mosca de la fruta.
Al parecer, las negociaciones binacionales binacionales llegaron a buen puerto, y a pesar de las denuncias por el daño a las pasturas en Calingasta, el Gobierno de Chile ratificó que no habrá sanciones económicas para los productores. La noticia fue confirmada por el delegado presidencial Galo Luna Penna, quien aseguró que «no existen sanciones ni cobros, solo observaciones administrativas ya resueltas».
Una frontera que necesita respuestas
Todo esto sucede en un corredor estratégico para la minería argentina, donde las pasturas, los ríos cordilleranos y la infraestructura productiva conviven en un equilibrio delicado. En definitiva, lo que el informe expone es, ante todo, una alarma: si el fenómeno continúa sin regulación efectiva, la provincia podría enfrentar un problema jurídico, económico y ambiental mayor que afectará directamente la viabilidad de los proyectos de inversión en la zona.