La minería metalífera en Mendoza ha comenzado a recorrer un camino de consolidación y apertura hacia la comunidad. Al mismo tiempo comienza a visibilizarse a nivel nacional la fase más sensible de todo proyecto: el cierre y post cierre de minas. ACERO Y ROCA conversó con referentes de la la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CAMEM) y con Raúl Javier Rodríguez, abogado, especialista en Derecho Minero, asesor de empresas y ex Asesor Letrado de la Dirección de Minería de Mendoza para conocer sus visiones sobre el desarrollo del sector y el manejo del cierre de minas.

Por Yenhy Navas

CAMEM: Mendoza y su hoja de ruta hacia la licencia social y el desarrollo sustentable

 Valentina Cassino, responsable de Prensa y Comunicación de CAMEM, explica: “Desde CAMEM venimos trabajando de manera constante para afianzar la industria minera metalífera, postergada durante años; y acercarla a la comunidad, promoviendo un diálogo abierto, transparente y basado en información técnica y socialmente responsable. Nuestro objetivo es mostrar que la minería puede desarrollarse respetando el ambiente y las comunidades, contribuyendo al desarrollo humano y económico de Mendoza”.

Estrategias mendocinas: Acercando la minería a la comunidad

El enfoque de CAMEM se basa en la comunicación integral, diseñada para adaptarse a cada etapa de los proyectos mineros y acercar el lenguaje técnico al ciudadano común. “Hemos desarrollado campañas digitales y participamos en ferias abiertas al público. Esto permite que los mendocinos vean los avances de la minería en sostenibilidad, tecnología y generación de empleo”, explica Cassino.

Además de la comunicación digital, se implementan actividades en territorio: visitas a proyectos mineros, talleres educativos en escuelas y charlas con emprendedores locales. A su vez, han creado videos educativos, infografías y materiales didácticos, que explican cómo funcionan los proyectos mineros, cuáles son sus beneficios y cómo se controlan los impactos ambientales.

Según Cassino: “Creemos que la información es la base de una opinión formada. Cuando la comunidad entiende cómo funciona la minería moderna, disminuyen los prejuicios y aumenta la confianza”.

Lecciones de San Juan: Fortalecer la licencia social minera es el camino

Mendoza observa de cerca la experiencia de San Juan, donde la minería ha alcanzado mayor aceptación social gracias a décadas de continuidad institucional, comunicación constante y articulación público-privada. “San Juan nos ha enseñado que el diálogo debe ser temprano y permanente. No alcanza con comunicar solo cuando un proyecto avanza. También aprendimos que el potencial geológico por sí solo no genera valor; se necesita un plan estratégico que transforme ese potencial en productos, bienes y servicios competitivos”, detalla Cassino.

Principales desafíos de CAMEM: Un nuevo código de procedimiento minero

Este 2025 la cámara debió adaptarse a un nuevo código de procedimiento minero. “El principal desafío fue adaptarnos a este nuevo código moderno y ágil que impone nuevos estándares legales y ambientales, y al mismo tiempo, mostrar que la minería puede ser parte del desarrollo sostenible de Mendoza”, explica Valentina.

Al mismo tiempo, CAMEM trabajó para armonizar la comunicación interna del sector. Esto incluyó lineamientos comunes, capacitaciones y reuniones con las empresas socias, garantizando que todas compartan un mensaje coherente, técnico y responsable.

Crecimiento de proveedores mendocinos y la cadena de valor

“Cada vez más pymes mendocinas se acercan al sector, capacitan a su personal, invierten en tecnología y adaptan sus servicios para formar parte de la cadena de valor minera de manera competitiva”, afirma Cassino. CAMEM promueve rondas de negocios, programas de formación y espacios de vinculación para que los proveedores locales puedan crecer junto al desarrollo del sector minero, asegurando calidad y competitividad.

Además, la cámara acompaña a emprendedores que buscan reconvertir sus servicios hacia la minería, conectándolos con empresas que demandan soluciones locales y sustentables, para fomentar un ecosistema de proveedores locales capacitados, que generen empleo y fortalezcan la economía regional.

Articulación público-privada: Clave para la minería sustentable

La cooperación entre Estado, empresas y sociedad es esencial para que los proyectos mineros generen desarrollo económico y social. CAMEM, junto con la Fundación Plan Pilares, impulsa estrategias que incluyen: desarrollo del capital humano, fortalecimiento de infraestructura y logística, gobernanza transparente y responsable y compromiso con estándares ambientales estrictos.

Prioridades 2026: Consolidar confianza y participación ciudadana

La cámara proyecta ampliar los espacios de participación y potenciar las acciones en territorio, reforzando la comunicación cercana y transparente con la ciudadanía. Además, se fortalecerá la cooperación con San Juan, potenciando a Cuyo como eje estratégico de minería y tecnología, combinando recursos geológicos, capital humano e infraestructura regional. Esto permitirá atraer inversiones y consolidar un modelo de minería sostenible con licencia social en toda la región.

“El desafío no es solo extraer recursos; es generar valor económico y social, construir confianza y consolidar un modelo minero con licencia social que perdure en el tiempo”, finaliza Cassino.

Cierre de minas en Argentina: Mendoza empieza a mover las piezas

La falta de una ley de cierre de minas: Problema y oportunidad para la región

Rodríguez no duda en señalar el núcleo del problema: “Tanto Mendoza como la Nación se deben una ley de cierre de minas”. En este sentido, el primer movimiento debería darse a nivel nacional, con una normativa que fije presupuestos mínimos, básicos y uniformes, sobre los cuales las provincias puedan luego reglamentar e implementar.

El asesor plantea que este “atraso normativo” puede convertirse, si se hace bien, en una ventaja competitiva para Mendoza y San Juan. “Este atraso normativo es una oportunidad para legislar y establecer parámetros modernos y eficaces para esta etapa de los proyectos, en donde el desafío es la reparación de los impactos ambientales y la certeza de que el área ha quedado remediada y apta para otras actividades”, sostiene.

La clave, entonces, no es solo cerrar minas, sino definir qué pasa con esas tierras post-mineras: bajo qué estándares se remedia, con qué controles y cómo se garantiza que vuelvan a tener una función —productiva, ambiental o social— en el territorio. De este modo, la reparación ambiental, el uso futuro del suelo y la confianza social quedan integrados en una misma discusión.

“El cierre de una mina es un proceso gradual y progresivo que comienza con la apertura de la mina, por ello se puede afirmar que una mina empieza a cerrarse cuando abre o inicia sus actividades”.

Remediar sin quebrar el proyecto: Economía, seguros y planificación

El cierre de mina suele mirarse con preocupación desde la viabilidad económica. ¿Puede una regulación exigente en remediación poner en jaque los proyectos? Rodríguez sostiene que una buena planificación permite prever costos y reducir riesgos. Cuando el cierre está bien planificado, no es un costo inesperado, sino una parte más de la ecuación económica y de la estrategia de largo plazo.

“Contar con una normativa nacional que fije los presupuestos mínimos para una ley de cierre constituiría una base sobre la que se edificaría todo el andamiaje regulatorio provincial. Tanto para Mendoza o San Juan como para el país y los inversores, que conocerían de antemano las condiciones a las que deberán ajustar sus proyectos antes de iniciarlos”, detalla el especialista.

Esa previsibilidad es lo que el especialista define como seguridad jurídica, un concepto clave para cualquier actividad que busque insertarse en las matrices económicas provinciales.

Aquí hay que recordar que el propio Código de Minería de la Nación exige que en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que todo proyecto debe presentar antes de iniciar actividades, se incluya el cierre de la mina, etapa que tiene que estar descripta y evaluada desde el inicio (restauración, recomposición o remediación de los impactos ambientales).
Al mismo tiempo la Ley General del Ambiente 25.675 obliga a contar con un seguro ambiental que sirva para caucionar los potenciales trabajos de reparación de los impactos producidos.

“Estas obligaciones deben ser exigidas y contempladas en la factibilidad económica del proyecto, por lo que no deberían afectar, su viabilidad”, expone el abogado. Ello no obsta a que la futura reglamentación deba incorporar además todo lo referente al post cierre y sus respectivos monitoreos.

Estado, controles y comunidad: quién mira el cierre de minas

La discusión normativa también pasa qué herramientas concretas tendrá el Estado para controlar que el cierre de mina no quede en una mera formalidad. Rodríguez menciona un conjunto de instrumentos que ya forman parte de la práctica y que deberían consolidarse en una futura ley de cierre. Entre ellos, se destacan:

• Plan de cierre de mina: documento que la empresa debe presentar, sujeto a evaluación y aprobación por parte de la autoridad de aplicación. Allí comienza el control estatal.
• Inspecciones periódicas: visitas técnicas para verificar el cumplimiento gradual de las medidas de cierre.
• Monitoreos comunitarios: instancias donde actores locales participan o acceden a información sobre el desempeño ambiental del proyecto y su cierre.
• Actualización de la DIA: la Declaración de Impacto Ambiental debe actualizarse cada dos años o cuando se introducen actividades nuevas que no hayan sido evaluadas previamente.

Este sistema combinado —Estado, empresas y comunidad— es clave en una etapa particularmente sensible, donde la percepción social suele jugar un rol decisivo para sostener la licencia social para operar y para cerrar.

En casos de anomalías o incumplimientos, tanto la legislación nacional como la provincial disponen una serie de sanciones que van desde un apercibimiento hasta la inhabilitación de la empresa, pasando por multas y clausuras. Además, puede intervenir la Justicia para analizar la responsabilidad penal o civil del infractor.

Diferencia entre impacto minero y daño ambiental: La claridad necesaria

Rodriguez explica claramente que «impacto» es toda huella, señal o vestigio que deja la actividad humana. Por su parte, «daño ambiental», implica una alteración de la capacidad de autorecarga de un ecosistema, con un resultado de difícil o imposible reparación.

La normativa vigente define daño ambiental como“cualquier alteración negativa, detrimento o menoscabo que afecte el medio ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes colectivos. Es fundamental que la sociedad comprenda esta distinción, porque sobre esa base se discute qué es aceptable, qué debe mitigarse, qué debe remediarse y qué no debe ocurrir bajo ningún concepto», finaliza el abogado.

En síntesis, Mendoza avanza en un doble frente: consolidar la minería con el respaldo social necesario y, al mismo tiempo, plantear con seriedad la discusión sobre el cierre y post cierre de minas. Este enfoque integral, basado en la transparencia y la seguridad jurídica, no solo potencia el desarrollo económico, sino que afianza la confianza de la sociedad en un futuro minero sustentable y responsable.