Bloquean intento de registro de marcas de Los Azules, San Jorge y Hualilán
Por Lucas Laciar
Los proyectos Hualilán-Los Azules y San Jorge, bloquearon en tiempo y forma el registro ilegitimo de sus marcas, pretendidas por terceros particulares ajenos a la actividad minera, gracias a la detección temprana operada por el estudio TORRES CANTERO & ASOC., quien les informó y recomendó ejercer su derecho a defensa.
La detección de Torres Cantero & Asociados frustró el intento de apropiación fraudulenta de marcas de Los Azules, Hualilán y San Jorge. Imagen creada por ACERO Y ROCA
A principios de octubre de 2025, el estudio jurídico sanjuanino Torres Cantero & Asociados detectó lo que calificó como un intento de fraude contra tres importantes proyectos mineros que operan en la región de Cuyo. Particulares de San Juan, “sin vinculación alguna con la industria minera”, intentaron registrar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) las marcas que identifican a los proyectos «Los Azules» y «Hualilán» en San Juan, además del «Proyecto San Jorge» en Mendoza.
Según el informe presentado por el estudio jurídico, se trató de una «manifiesta e intrépida pretensión de terceros particulares (sanjuaninos), ajenos definitivamente a la actividad minera, bajo intereses despóticamente falaces, invocando ficticio derecho legítimo y con intenciones fraudulentamente obstruccionistas y desleales».
Una detección temprana evitó daños millonarios
El sistema de vigilancia del estudio permitió identificar las solicitudes fraudulentas antes de que prosperaran. Torres Cantero & Asociados alertó inmediatamente a los referentes locales de cada proyecto minero, quienes presentaron oposiciones formales dentro de los plazos legales establecidos, ejerciendo su derecho de defensa conocido técnicamente como «ius prohibendi».
La importancia de esta detección temprana resulta crucial: una marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo de usar ese signo para identificar productos o servicios. Si los particulares hubieran logrado registrar estas marcas, podrían haber impedido a las verdaderas empresas mineras utilizar sus propias denominaciones comerciales, causando perjuicios económicos y operativos de magnitud.
La denuncia del Magíster Torres: «Intento de frenar el desarrollo»
Marcelo Torres, Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual, denunció el «intento de fraude» contra los proyectos.
El Magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual, titular de Torres Cantero & Asociados, identificó a los solicitantes como Marcelo Arancibia, ex candidato a gobernador y Ricardo Vargas, quienes intentaron registrar simultáneamente las tres marcas mineras.
«Estas dos personas no tienen ningún tipo de interés legítimo para poder registrar esas marcas porque no se dedican a la actividad minera, no tienen ningún tipo de autorización, y además salta a las claras el intento de fraude cuando pretenden registrar tres marcas distintas o tres proyectos mineros distintos«, afirmó Torres en diálogo con ACERO Y ROCA.
El profesional explicó que los solicitantes intentaron registrar «Hualilán Proyecto», «Los Azules Proyecto» y «Proyecto San Jorge» en la misma fecha. «Es muy sencillo darse cuenta porque el registro de una marca podría haber dicho, no sé, WX Corporación Minera. Ahora, que un particular intente registrar una marca minera o de un proyecto minero es realmente muy dudoso y más en este caso de la manera que han actuado«, argumentó.
Torres fue categórico al calificar las intenciones detrás de estos registros: «Intento de fraude, intento de extorsión, intento de bloqueo de la actividad industrial, de la actividad minera. Estas personas pretenden o se presume que pretendían frenar la actividad minera, frenar la industria, frenar el desarrollo de San Juan, respecto de lo cual estamos comprometidos y ocupados siempre».
El carácter público de los activos
El Magíster además reivindicó el carácter público de estos activos: «Estos activos intangibles son de propiedad del Estado de San Juan, del pueblo sanjuanino, de interés provincial», más allá de las concesiones mineras otorgadas a estas corporaciones, quienes están en su derecho de identificarlas y de proteger tal identificación como Marca Registrada.
Respecto a la detección del caso, Torres destacó que: «Somos los únicos en todo el país que hemos podido detectar, porque hay más de 2.000 estudios iguales a nosotros en todo el país. Hay que tener mucha perspicacia y hay que estar muy atento para darse cuenta de esta situación. Somos los únicos en el país que hemos podido detectar esta cuestión en tiempo y forma y alertar a estas empresas para que ejecuten su defensa«.
El profesional explicó que cuentan con un sistema de custodia legal y vigilancia: «Mientras estamos trabajando con la vigilancia y custodia de las marcas de nuestros clientes, también nos enteramos de todo lo que sucede en el país y en el mundo. Entonces allí también donde nos saltan alertas, como en este caso, que nuestro sistema nos dice: ‘¿Qué pasa con esto? ¿Por qué un tal Arancibia quiere registrar Los Azules? ¿Por qué un tal Vargas quiere registrar Hualilán?’ Ya es casi como una inteligencia artificial del sistema con el que trabajamos».
La respuesta de Arancibia: «Actuamos dentro de la ley»
El abogado Marcelo Arancibia rechazó las acusaciones de fraude y extorsión, afirmando que «actuaron dentro de la ley».
El abogado Marcelo Arancibia rechazó de plano las acusaciones y calificó de «barbaridad» las imputaciones realizadas por su colega Torres. En declaraciones a nuestro medio, Arancibia defendió la legalidad del proceso y explicó que sus clientes desistieron voluntariamente al presentarse oposiciones.
«Mis clientes han desistido de todo. Pero no es que ‘usted se presentó’ sino que usted es representación de un cliente. Ahora, me parece un atrevimiento decir que ha sido una cuestión fraudulenta. Me parece una cosa muy grave», expresó el abogado.
Arancibia explicó el procedimiento legal del INPI para rebatir las acusaciones de fraude: «En definitiva, el sistema del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, vos inscribís las marcas. Y ahí se hace un sondeo para preguntar si hay oposiciones. Bueno, aparecieron oposiciones y mis clientes desistieron inmediatamente de continuar el trámite. Y eso se puede verificar tranquilamente accediendo a la página web del INPI».
Respecto a las graves acusaciones formuladas en el informe de Torres —que incluyen «fraude, piratería, inercia tecnológica, espionaje industrial, hacking, presunción de chantaje y extorsión«— Arancibia fue contundente: «Es fuertísimo, me parece una barbaridad”.
El argumento de la falta de registro previo
El abogado argumentó que el sistema legal permite estos registros porque las marcas no estaban previamente inscriptas: «Yo lo que sí te puedo decir es que esas marcas no estaban inscriptas. Por lo tanto, si no estaban inscriptas, no hay ningún tipo de apropiación. Legalmente hablando, el que voy a inscribir una marca, no voy a inscribir una marca porque no está registrada previamente».
Arancibia explicó que el INPI publica las solicitudes precisamente para que aparezcan oposiciones: «Entonces ahí sale el INPI y hace una publicación para que aparezcan oposiciones. En este caso aparecen esas oposiciones manifestando que, si bien ellos no tienen inscripta la marca, no la tienen registrada, hay un uso comercial de las mismas. Entonces, bueno, notificada mis clientes de esa oposición, mis clientes desisten de continuar con la inscripción. Por lo tanto, no hay en absoluto nada de lo que plantea este colega».
El profesional explicó que en el derecho marcario rige el principio «primero en el tiempo, primero en el derecho» y que no es necesario tener una actividad comercial previa para registrar una denominación. «No es necesario tener una empresa. Vos inscribís una denominación», afirmó.
Sobre la posibilidad de extorsión, Arancibia fue categórico: «No hay nada extorsivo. Extorsivo sería, qué sé yo, forzás a alguien a dar algo en contra de su voluntad y eso no hay nada. No hay nada«.
El abogado aclaró que si sus clientes no hubieran desistido, el caso se habría resuelto administrativamente: «Si mis clientes no hubiesen desistido, esto es un procedimiento administrativo que termina en una resolución del INPI diciendo, bueno, quién tiene más derecho de usar esa denominación».
Proyectos mineros afectados
Proyecto Hualilán: uno de los emprendimientos mineros cuyas marcas se intentaron registrar ilegítimamente.
Los tres proyectos afectados representan inversiones significativas en la región cuyana, vale recordar:
- Los Azules: Yacimiento de cobre ubicado en San Juan, considerado uno de los depósitos de cobre más importantes sin desarrollar en Argentina.
- Hualilán: Emprendimiento minero con operaciones en la provincia de San Juan.
- San Jorge: Proyecto minero localizado en la provincia de Mendoza.
El sistema de registro de marcas en Argentina
La Ley 22.362 de Marcas y Designaciones que regula el proceso de registro en el INPI.
El proceso de registro de marcas en Argentina está regulado por la Ley 22.362 y administrado por el INPI. Cuando alguien solicita el registro de una marca, el Instituto publica la solicitud para que terceros que consideren tener derechos sobre esa denominación presenten oposiciones dentro de un plazo legal.
Si hay oposiciones, el INPI debe resolver administrativamente a quién corresponde el derecho de uso de la marca, considerando factores como el uso comercial previo, aunque no exista registro formal. En este caso particular, tras la presentación de oposiciones por parte de los representantes de los proyectos mineros, los solicitantes originales “desistieron de continuar” con el trámite, por lo que el conflicto administrativo quedó sin efecto. Señala Arancibia.
El proceso continúa
Pero Torres comenta que el proceso continúa y vuelve a aclarar que “el delito federal se configura antes de la presentación de la solicitud de marca, es decir en la mente de la solicitante”, puesto que: según el Art. 24 ley 22362: «Quien registra una marca, conocía o debía conocer que pertenecían a un tercero«, motivo por el cual, este caso no infiere un accionar inocente, ni surgió fruto de la casualidad milagrosa; además de constarnos fehacientemente la inexistencia de los clientes de los que alude haber recibido instrucciones, puesto que el registro de marcas, publicó como solicitantes en su boletín Oficial a: Marcelo Arancibia 50% y Ricardo Vargas 50%, quienes a la fecha no presentaron desistimientos formales en ninguno de los expedientes».
Un estudio con trayectoria en propiedad intelectual
Torres Cantero & Asociados forma parte del reducido 1% de estudios de propiedad intelectual que operan fuera de Buenos Aires, con más de 28 años de experiencia y una cartera superior a 2.500 clientes. El estudio se especializa en marcas, patentes de invención y derechos de autor.
Según el documento emitido por el estudio, su ventaja competitiva radica en el «conocimiento del mercado local, nacional e internacional; conocimiento de la cultura, economía, territorio y realidad local» que les permite identificar amenazas que otros estudios, concentrados en la Capital Federal, no detectarían.
La tecnología al servicio de la población
El informe destaca que el estudio cuenta con «herramientas de inteligencia estratégica, inteligencia competitiva y vigilancia legal» que funcionan como un sistema de alerta temprana contra intentos de piratería y usurpación de marcas.
Torres señaló en el documento que se trata de «un concreto, fehaciente y manifiesto delito federal» que fue neutralizado gracias a su sistema de monitoreo permanente del registro marcario nacional, destacando que fue «por enésima vez, único estudio que alertó y contribuyó en la preservación y protección de los activos intangibles más preciados del pueblo y provincia de San Juan».
Logotipo genérico de marca registrada, representando los activos intangibles protegidos. Imagen: Pixabay
Dos visiones opuestas sobre el registro de marcas
El caso pone en evidencia dos interpretaciones jurídicas y éticas completamente opuestas sobre un mismo hecho.
Por un lado, Torres Cantero & Asociados sostiene que se trató de un intento de fraude y extorsión destinado a frenar el desarrollo minero provincial, detectado gracias a su sistema de vigilancia marcaria y neutralizado a tiempo mediante las oposiciones presentadas.
Por otro lado, Arancibia insiste en que sus clientes actuaron dentro del marco legal vigente, intentando registrar denominaciones que no estaban formalmente inscriptas, y que al aparecer oposiciones legítimas, desistieron voluntariamente del trámite, sin que mediara ninguna conducta ilegal o extorsiva.
Lo cierto es que el desistimiento de los solicitantes originales permitió que los proyectos mineros puedan ahora proceder a registrar formalmente sus propias denominaciones comerciales ante el INPI, evitando un potencial conflicto legal de resultado incierto. El caso también pone de relieve la importancia del registro oportuno de marcas comerciales en la industria minera argentina y la necesidad de sistemas de monitoreo para detectar potenciales conflictos antes de que prosperen.