La minería argentina se encuentra ante un posible cambio de paradigma legislativo. A días de finalizar su gestión, la diputada nacional por San Juan, Fabiola Aubone, presentó un proyecto que modifica el Código de Minería para regular, por primera vez a nivel nacional, el cierre de minas. En una entrevista exclusiva con ACERO Y ROCA, la legisladora desglosa la «letra chica» de la iniciativa: desde los fideicomisos obligatorios hasta la responsabilidad de las casas matrices extranjeras, pasando por la tensión entre la demanda energética del cobre y el consumo residencial.

 

Garantías financieras obligatorias: Fideicomisos para asegurar los pasivos

El corazón del proyecto 7100-D-2024 radica en la solvencia económica para afrontar los pasivos ambientales. La incertidumbre sobre quién paga la remediación al final de la vida útil de un yacimiento ha sido históricamente un punto de conflicto. Por consiguiente, la propuesta busca eliminar cualquier duda mediante instrumentos de liquidez inmediata.

Al ser consultada sobre los mecanismos específicos, Aubone confirma la exigencia de herramientas tangibles. «Efectivamente, el proyecto exige la constitución de garantías financieras ambientales, incluyendo fideicomisos», asegura la diputada. El objetivo técnico es blindar los fondos necesarios para la rehabilitación, impidiendo que dependan de la situación financiera de la empresa al momento del cierre.

Inmovilización de capital: ¿Un desincentivo o una garantía de inversión?

Uno de los principales contrapuntos del sector privado es que inmovilizar grandes sumas de dinero en garantías desincentiva la inversión inicial en exploración. Sin embargo, Aubone refuta esta visión planteando un enfoque de seguridad a largo plazo. «Entiendo la preocupación sobre la inmovilización del capital. Sin embargo, debo destacar dos aspectos: primero, consideramos que la protección del medio ambiente y la salud pública son prioritarias», enfatiza.

Además, la legisladora introduce un concepto clave para los directores financieros de las operadoras: el dinero en garantía no tiene por qué ser capital muerto. «Este capital ‘inmovilizado’ puede tener gestión financiera positiva», explica, sugiriendo que los instrumentos pueden generar rendimientos mientras aseguran el pasivo.

En definitiva, para la autora del proyecto, la existencia de estas reglas claras funciona como un activo intangible: «Estas garantías brindan seguridad jurídica a los inversores, demostrando un compromiso con prácticas responsables, sostenibles y previsibles, lo que puede atraer inversiones a largo plazo puesto que el marco regulatorio da mayor certeza».

Proyectos activos: ¿Retroactividad en la Ley de Cierre de Minas?

La inquietud más urgente en provincias como San Juan recae sobre los proyectos en operación avanzada, como la mina Veladero. La industria se pregunta si una nueva ley nacional puede cambiar las reglas de juego a mitad del partido para concesiones que ya operan bajo normativas provinciales aprobadas.

Ante la pregunta sobre si las minas actuales deberán constituir nuevas garantías en plazos perentorios, la respuesta de Aubone es afirmativa en cuanto al fondo de la cuestión. «Esta ley implica un mayor estándar de protección y seguridad en el cierre de minas para los proyectos en gestión actual y en los futuros», define.

No obstante, la diputada aclara que la implementación no será intempestiva, sino que estará sujeta a la reglamentación técnica. «Para todos se aplican plazos, pero estos dependerán en definitiva de la reglamentación que adopte la autoridad de aplicación». La premisa política es la uniformidad de estándares: «En el contexto de impulso que tiene la actividad, nos parece crucial asegurar que todas las operaciones mineras, independientemente de su antigüedad, cumplan con los estándares ambientales y de cierre adecuados».

Responsabilidad solidaria: Las casas matrices pagarán si la filial quiebra

El proyecto introduce una cláusula de responsabilidad solidaria diseñada para evitar que el Estado termine subsidiando pasivos ambientales de empresas insolventes. En este sentido, la normativa busca «perforar el velo corporativo» que a menudo separa a las filiales locales de sus dueños internacionales.

Defensa del patrimonio nacional

«El proyecto establece la responsabilidad solidaria de las casas matrices extranjeras», sentencia Aubone. Esto implica una obligación legal directa: «Si la filial local quiebra o no puede cumplir con sus obligaciones, la casa matriz será responsable de garantizar el cierre adecuado y la remediación ambiental».

La diputada justifica esta medida como un mecanismo de defensa del patrimonio nacional. «Este punto es fundamental para evitar que el Estado se convierta en el garante final y para asegurar que las empresas asuman la responsabilidad por sus operaciones en nuestro país». Asimismo, destaca que la apertura al capital extranjero no debe implicar desprotección: «Queremos apertura, queremos minería, pero con seguridad y certeza».

Federalismo: La ley nacional como «piso mínimo» que complementa a San Juan

San Juan posee su propia legislación de cierre de minas. Por lo tanto, surge la duda sobre una posible colisión normativa o una violación a la autonomía provincial sobre los recursos naturales (Art. 124 de la Constitución Nacional).

Aubone descarta un conflicto de poderes y plantea el proyecto como un «piso mínimo» ambiental. «Conozco y valoro la normativa de cierre que ya existe en San Juan. Esta ley nacional busca establecer un marco mínimo y general, que se complemente con las regulaciones provinciales», explica.

El espíritu de la norma es la armonización. «El objetivo es evitar la superposición y garantizar que las provincias mantengan su autonomía en la gestión de los recursos, al tiempo que se establecen estándares mínimos». Según la legisladora, se busca una «complementariedad que evite vacíos legales y aspectos sin regular».

Recursos estratégicos: Cobre y litio bajo la lupa de la renta estatal

El segundo eje de la entrevista aborda la clasificación de minerales críticos. En un mercado global sediento de cobre y litio, el término «recurso estratégico» suele despertar temores de nacionalización o intervencionismo estatal excesivo.

Renta versus intervención: Captar valor sin limitar al privado

Aubone clarifica que su visión no apunta a limitar la comercialización privada, sino a optimizar la captura de valor para el Estado. «Cuando hablamos de proteger ‘recursos estratégicos’, nos referimos a captar mejor la renta que generan estos recursos para el país y la provincia», aclara.

De hecho, la diputada busca desmitificar el temor inversor: «No buscamos limitar la participación de privados, sino asegurar que la explotación de estos recursos beneficie a todos los argentinos». Su postura defiende que una mayor presencia estatal en la planificación es compatible con el negocio privado. «Esto, como se ha demostrado, puede hacerse con una visión estratégica y de largo alcance que no obstaculiza para nada la actividad privada, y por el contrario, en muchos casos aporta certeza y previsibilidad».

Infraestructura energética: Demanda del cobre y prioridades de suministro

La entrada en producción de megaproyectos de cobre como Josemaría o Los Azules demandará una potencia eléctrica sin precedentes. Simultáneamente, la crisis hídrica pone en jaque la generación tradicional. ¿Quién financiará la infraestructura necesaria?

Acceso justo: ¿Obligación de la minera o colaboración estratégica?

Consultada sobre si las mineras deberán pagar tendidos eléctricos para las comunidades vecinas obligatoriamente, Aubone niega que el proyecto imponga tal carga directa. «El ‘acceso justo’ no implica obligar a las mineras a financiar tendidos eléctricos para las comunidades vecinas como condición para operar; el proyecto no contempla previsiones en ese sentido», asegura.

En cambio, propone un modelo de colaboración voluntaria y estratégica. «Buscamos promover acuerdos y proyectos colaborativos (…) sin imponer cargas financieras excesivas que puedan desalentar la inversión».

Prioridades ante la escasez: El usuario residencial primero

Finalmente, respecto al riesgo de «cuello de botella» energético, Aubone es realista. Si bien destaca que San Juan ha aumentado su capacidad en las últimas dos décadas, advierte que la demanda futura exigirá más. «No es posible que la energía sea una limitación para el crecimiento y los nuevos emprendimientos», afirma.

Sin embargo, establece una jerarquía clara en caso de déficit. «Llegado el caso de que no se cuente con mayor disponibilidad, y ante la futura demanda de los proyectos de cobre, tendremos que establecer y afinar un mecanismo de planificación energética integral, estableciendo prioridades, por ejemplo el suministro a los usuarios residenciales».

Para la diputada, la solución no es restringir, sino invertir en eficiencia antes de que llegue la crisis: «Sin dudas deberá contarse con inversiones en infraestructura energética, promoción de fuentes de energía renovables y la implementación de medidas de eficiencia energética».

El futuro del proyecto: ¿Qué pasará en el Congreso en 2026

Con el recambio legislativo inminente, la viabilidad política de estas reformas es la última gran incógnita. En conclusión, Aubone se muestra confiada en que la agenda minera trascenderá su mandato individual. «Puedo decir que existe un interés político real en tratar algunos de estos proyectos en 2026″, sostiene.

Aunque admite el riesgo técnico de que pierdan estado parlamentario, apuesta a la madurez del debate: «Confío en que la importancia de estos temas garantizará su tratamiento en el futuro». La mesa está servida; restará ver si el nuevo Congreso decide utilizar estas herramientas o barajar y dar de nuevo.