Las cámaras productivas del departamento minero más importante de San Juan impulsaron una junta de firmas para exigir que el proyecto de Ley de proveedores locales incorpore la mirada territorial. Denuncian falta de convocatoria, advierten errores técnicos en el borrador y piden un esquema claro que priorice a las comunidades donde se emplazan los proyectos. “No queremos confrontar, queremos construir”, aseguran.

El reclamo no nació en un despacho ni en una mesa política. Nació en el territorio. En el departamento de Iglesia, donde operan los dos proyectos mineros más importantes de San Juan —Veladero y Vicuña—, el malestar de las cámaras empresarias y productivas comenzó a crecer en silencio hasta convertirse en una acción conjunta: una nota formal, una junta de firmas y una exigencia concreta al Gobierno provincial.

El motivo es claro: las cámaras de Iglesia aseguran que no fueron convocadas al tratamiento de la futura Ley de Compre Local y Proveedores Mineros, una normativa estratégica que impactará directamente en el empleo, la estructura productiva y el desarrollo económico del departamento. Desde el sector advierten que una ley que no incorpore la mirada del territorio donde ocurre la minería nace incompleta.

¿Por qué las cámaras locales denuncian exclusión en la Ley de proveedores mineros?

El punto de quiebre fue la instancia previa de discusión del proyecto. Según relatan desde las cámaras, solo participaron dos entidades: CAPRESMI —actualmente intervenida por la Provincia— y AITURIC, que fue convocada con apenas horas de antelación.

Quedaron fuera cámaras históricas y representativas del entramado local, como: Tierra Minera, CADEMI Y CAISMI. Esa exclusión generó una reacción institucional en cadena. Las cámaras comenzaron a articularse y decidieron avanzar de manera conjunta para exigir participación real.

Desde una de las entidades explicaron que el reclamo no es político ni sectorial, sino profundamente territorial: “Estamos hablando de una ley que va a definir quién trabaja, quién invierte y quién se desarrolla en el lugar donde están las minas”.

 La falta de legitimidad de una normativa sin participación territorial

Desde la unión de cámaras aseguran que el pedido es simple: ser escuchados antes de que la ley llegue a la Legislatura. “Una unión de cámaras que se ha hecho en Iglesia, no todas, pero sí cuatro que estamos involucradas, estamos solicitando participar del tratamiento de la ley porque somos el área de influencia. Sin la mirada y la experiencia de nosotros, cualquier ley nace incompleta”, explicó a ACERO Y ROCA José María Silva, presidente de la Cámara de Empresas Mineras Iglesianas (CADEMI).

El mensaje es reiterado: no se trata de frenar la ley, sino de mejorarla. “No venimos a confrontar. Venimos a construir una normativa mejor, con conocimiento territorial y sentido de equidad”, remarca.

Consultados sobre si hubo alguna respuesta oficial tras la junta de firmas, la respuesta fue directa: “Todavía no hemos tenido ninguna respuesta de parte del gobierno”. Más allá del reclamo institucional, las cámaras de Iglesia advierten un problema técnico de fondo en el borrador que circula.

Conceptos ambiguos: los grises técnicos que preocupan al sector

El texto utiliza conceptos como “comunidades” o “áreas de influencia” sin delimitación geopolítica precisa. Para los empresarios iglesianos, esa ambigüedad habilita interpretaciones discrecionales que terminan beneficiando a las empresas de San Juan, más grandes y postergando el desarrollo dentro del departamento donde se extrae el recurso.

En la práctica, denuncian que se reproduce un esquema invertido:

• Se fortalece el anillo provincial (capital y grandes ciudades).

• Se diluye el anillo regional.

• Se posterga el municipio minero.

“Hoy el plan local de San Juan no deja claro cómo impacta en Iglesia. Hay muchos grises, y eso nos preocupa”, explicaron desde una de las cámaras.

Pymes locales y desarrollo real

El reclamo no es abstracto. Tiene nombre, números y rostros. En las cuatro cámaras que impulsan el pedido hay alrededor de 300 proveedores locales, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas familiares.

“Las pymes chicas son las que hoy están dando trabajo. Las operadoras no están absorbiendo toda la mano de obra. Por eso necesitamos un marco claro que garantice que las empresas que se instalan y contratan lo hagan en el territorio”, sostienen.

La preocupación es compartida por la comunidad. Según relatan desde Iglesia, la junta de firmas tuvo una repercusión inmediata: “El pueblo está unido. Hay una sensación clara de que si esta ley sale sin la voz de Iglesia, después no vamos a tener otra oportunidad”.

Presentación formal y posible impugnación de la normativa

Este lunes, las cámaras presentarán formalmente una carta solicitando participar del tratamiento legislativo.
El planteo es concreto: si el proyecto avanza sin incorporar la mirada iglesiana, analizan pedir la impugnación de la ley.

“No queremos llegar a eso, pero si Iglesia no participa de una ley que define su futuro, esa ley no debería existir”, afirmaron desde el sector, aclarando nuevamente que no buscan conflicto, sino legitimidad.

La estrategia de los anillos geográficos para priorizar el territorio

Como cierre del reclamo, una de las cámaras de Iglesia impulsa un criterio que ya fue trabajado y difundido. Se trata de la definición de proveedores por anillos geográficos, propuesta por AITURIC: ¿Qué son los anillos?

• Anillo 1: Municipio donde se emplaza el proyecto minero.

• Anillo 2: Región inmediata.

• Anillo 3: Resto de la provincia / externo.

La propuesta es definir al proveedor local con criterios objetivos y auditables, como:

• Domicilio fiscal.

• Base operativa instalada.

• Empleo radicado en el municipio.

“Cuando ponés números, no hay lugar a interpretaciones. La cercanía a la bocamina es un criterio lógico y justo”, explicaron desde AITURIC, en una nota anterior.

El objetivo es evitar un modelo extractivo sin desarrollo local y garantizar que la minería deje capacidades productivas permanentes en las comunidades que conviven con la actividad.

Una advertencia final

Desde Iglesia coinciden en un punto: la minería puede ser una verdadera palanca de desarrollo, pero solo si se diseña con precisión, participación y reglas claras. Hoy, el departamento minero más importante de San Juan pide algo básico: ser parte de la decisión que definirá su futuro.