La reactivación del Proyecto PSJ Cobre en Uspallata marca el fin de casi dos décadas de estancamiento minero en Mendoza, impulsando un cambio de paradigma que busca equilibrar la producción con la licencia social. A través de las voces de Gabriela Molina (Uspallata Minera), el geólogo Alejandro Caballero y el Director de Minería Jerónimo Shantal, analizamos cómo la provincia busca garantizar la transparencia mediante la innovadora Unidad de Gestión Ambiental (UGA), la urgencia de profesionalizar el capital humano y el desafío de transformar la desconfianza en un modelo de fiscalización ciudadana sin precedentes en la región.

Por Yenhy Navas
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Gabriela Molina: Nueva era minera en Uspallata 

Gabriela Molina, coordinadora de la organización «Uspallata Minera», analiza los desafíos de la convivencia social, la desmitificación ambiental y las proyecciones laborales de cara al 2026.

Uspallata tras la aprobación: Marco legal y esperanza productiva

Según el testimonio de Gabriela Molina, después del 9 de diciembre el clima en Uspallata cambió: «Hoy hay tranquilidad porque se hizo todo como dice la ley y esperanza porque empiezan las nuevas oportunidades para Uspallata», asegura la entrevistada.

Asimismo, la referente sostiene que la minería moderna, cuando se ejecuta bajo normativas estrictas, deja de ser una amenaza para transformarse en un motor de arraigo. Para ella, el departamento es una comunidad viva donde sus habitantes desean «trabajar dignamente y decidir su futuro».

Estrategias para reconstruir la paz social

Uno de los puntos más sensibles en el desarrollo minero mendocino es la polarización. Sin embargo, Molina rechaza categóricamente la confrontación como método de construcción comunitaria. «La paz social se reconstruye hablando y escuchándonos, no peleando. Uspallata siempre fue un pueblo tranquilo y eso no se pierde por pensar distinto», reflexiona.

No obstante, la coordinadora advierte sobre la injerencia de factores externos que influyen en la tensión social. Si bien valida la preocupación genuina de muchos vecinos, alerta sobre el oportunismo de ciertos sectores: «Es real que hay sectores políticos que se aprovechan de esta situación para hacer campaña». A pesar de esto, Molina garantiza: «El conflicto no se trasladó al pueblo; a pesar de las opiniones diferentes podemos compartir lugares en común y vivir en armonía», describe.

El mito del agua: Una propuesta de auditoría ciudadana permanente

El agua es el tema sensible por excelencia en la región de Cuyo. Ante esto, Gabriela explica que «Lo que hay que dejar bien claro es que el uso del agua nos preocupa a todos, no se trata de minería o agua». Su argumento central es que la coexistencia es posible mediante la fiscalización rigurosa y la tecnología.

Para solucionar esta desconfianza, propone una auditoría participativa inédita: que los propios opositores se involucren en la fiscalización. y que la comunidad deje el rol pasivo y sea parte activa de esa vigilancia ambiental permanente.

Proyección 2026: Capacitación y empleo local

La meta de la organización es que la licencia social se convierta en empleo genuino para los locales. «Para 2026 la gente debería estar bien capacitada e informada«, proyecta Molina. «Quiero ser parte de esta industria y estar preparada para exigir que las cosas se hagan bien, porque como mamá quiero ocuparme de que mis hijos tengan un mejor futuro en un ambiente sano», cierra Molina.

Cambio de paradigma: Los retos técnicos de la minería en Mendoza

Mendoza, cuna de la minería metalífera argentina, enfrenta hoy un proceso de reapertura que busca superar casi dos décadas de estancamiento. Alejandro Caballero, geólogo y consultor internacional, con más de 30 años de experiencia en exploración y minería, analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta Mendoza.

Seguridad jurídica: Las condiciones para atraer inversiones responsables

Según Alejandro, el principal freno a la inversión minera en Mendoza ha sido la inestabilidad política y económica, así como la aparición de legislaciones restrictivas. “La ley 7722, surgida de un grupo de activistas antimineros, detuvo proyectos como San Jorge. Para que las empresas inviertan necesitan certeza de que sus derechos mineros se respetarán y que la ecuación económica no se alterará en los próximos 30 o 40 años”, explica.

Acceso a la información geológica: Un activo estratégico para la provincia

El consultor explica que, desde el punto de vista geológico, solo un pequeño porcentaje de exploraciones llega a depósitos explotables. “Por cada 50 depósitos que se explotan, quizás uno o dos son exitosos. Por eso, la información geológica acumulada durante años es invaluable”, sostiene.

Alejandro subraya que compartir esta información entre empresas y con las autoridades locales es fundamental para no reiniciar procesos desde cero, lo que ralentiza el desarrollo del sector. “Cuando una empresa se retira, debería dejar la información obtenida. No ocurre en Argentina y eso es terriblemente malo. Millones de dólares invertidos se pierden si no hay políticas de acceso a estos datos”, advierte, y enfatiza la necesidad de políticas de estado que obliguen a las empresas a compartir su información. “En Australia, la información de exploración se pone a disposición de nuevas empresas luego de un lapso razonable, asegurando continuidad en el desarrollo geológico. Esto debería implementarse en Mendoza y en todo el país”, indica.

Formación del capital humano 

Un desafío central es la falta de experiencia minera local. “Nuestros profesionales todavía carecen de expertise en minería. Necesitamos ser permeables y abiertos a la colaboración internacional”, sostiene Alejandro. La formación del capital humano es clave para avanzar hacia operaciones eficientes y sostenibles.

Los otros retos serán: recuperar el tiempo perdido, integrar conocimiento global y fomentar políticas que permitan inversiones responsables y duraderas, asegurando que la minería vuelva a ser un motor de desarrollo regional.

UGA en PSJ Cobre: El nuevo esquema de control ambiental y ciudadano

La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) concretó su primera reunión formal. Este organismo multisectorial asume ahora la responsabilidad del seguimiento técnico y social del proyecto.
Jerónimo Shantal, titular de la Dirección de Minería y miembro de la Autoridad Ambiental Minera, detalló los alcances operativos, la composición técnica y los mecanismos de participación que regirán esta nueva etapa.

Quiénes integran la UGA: 22 organismos técnicos

La fortaleza de la UGA radica en su composición multisectorial. Shantal precisó que 22 organismos públicos participaron activamente en esta primera instancia. «Están todos aquellos que intervinieron en la etapa de análisis y evaluación del Informe de Impacto Ambiental», señaló el director. Entre ellas, la UNCuyo, la  UTN, el  INTA y el Departamento General de Irrigación.

Operatividad de la UGA: Análisis documental e inspecciones en territorio

La operatividad de la UGA se estructura sobre el trabajo de gabinete y la presencia territorial. Por un lado la empresa titular debe presentar los datos técnicos y ambientales como un «requisito obligatorio» para cumplir con los condicionantes de la DIA.
Por otro lado el organismo «coordina inspecciones conjuntas en el sitio«, lo que implica el traslado al área del proyecto para verificar el cumplimiento de las normas en aspectos críticos como recurso hídrico, biodiversidad y patrimonio cultural.

Diferencias con la Policía Ambiental Minera

Un aspecto crucial que Shantal aclaró, es que las inspecciones conjuntas de la UGA son «independientes de las que hace la Policía Ambiental Minera. A su vez, cada organismo las hace conforme al marco de su competencia», por ejemplo, el Departamento General de Irrigación, fiscaliza específicamente el recurso hídrico.

Esto configura un esquema de control donde el proyecto PSJ Cobre enfrenta tres niveles de fiscalización: La Policía Ambiental Minera, los organismos sectoriales según su competencia y las inspecciones integrales de la UGA.

Requisitos para sumarse a la UGA

Finalmente, Shantal explicó que «Cualquier persona puede ser parte de la UGA». El proceso busca eliminar barreras burocráticas, estableciendo un único requisito excluyente: «ser mayor de edad». No se requiere formación técnica específica ni representación institucional.

Los interesados deben completar un formulario de inscripción accesible en la Dirección de Minería o en la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.