La industria minera en la provincia de Salta atraviesa un momento crucial de redefinición de cara al próximo ciclo económico. Federico Russo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA), analizó a fondo la situación actual del sector, el balance del año 2025 y las proyecciones estratégicas para 2026. En una coyuntura marcada por la fluctuación de los precios internacionales del litio y la expectativa generada por los grandes pórfidos de cobre, la cadena de valor local enfrenta retos ineludibles vinculados a la competitividad fiscal, la infraestructura logística y el acceso  al financiamiento.

[email protected]

El impacto del RIGI: Entre la viabilidad de proyectos y el derrame local

Uno de los temas que encabeza la agenda minera nacional es la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde la presidencia de CAPEMISA valoran esta herramienta como un motor indispensable para la viabilidad de proyectos de gran envergadura. Sin este régimen, inversiones de largo plazo como el proyecto de cobre Taca Taca serían inviables, dado que compiten directamente con jurisdicciones como Chile y Perú, las cuales presentan una presión fiscal menor a la de Argentina.

No obstante, el foco de los proveedores locales está puesto en el «derrame» efectivo de estas inversiones en la economía regional. En este sentido, Russo fue categórico al respecto: “Estos proyectos deben generar un beneficio para la comunidad y la provincia traduciéndose en puestos de trabajo, oportunidades de crecimiento para las empresas locales que capacitan personal y reinvierten utilidades”.

Para garantizar esto, la institución trabaja articuladamente con el gobierno y las empresas mineras mediante convenios de cooperación. La meta es clara: asegurar que el proveedor radicado en la zona tenga una priorización real a la hora de las contrataciones.

Costo Argentino: La brecha impositiva que asfixia a los proveedores locales

La apertura de importaciones y la regularización del comercio exterior ocurrida durante el último año presentan un escenario de doble filo para el empresariado salteño. Si bien se reconoce como positivo el acceso a tecnología e insumos clave que no se producen en el país —y que en años anteriores eran inaccesibles—, persiste una grave preocupación sobre la competitividad de la industria nacional frente a los productos terminados provenientes del exterior.

El presidente de CAPEMISA señaló que el principal obstáculo no es la falta de capacidad técnica, sino la pesada estructura impositiva local, definida como el «Costo Argentino». La carga tributaria, compuesta por impuestos nacionales, ingresos brutos provinciales, tasas municipales y cargas sociales, coloca a las pymes en desventaja. “Es imposible competir con los impuestos que tenemos. Una empresa minera puede importar sin aranceles por la Ley de Inversiones Mineras, pero si un proveedor argentino importa un insumo para producir, paga aranceles y eso va al costo”.

Logística en la Puna: El mal estado de las rutas eleva un 30% los costos

El crecimiento exponencial de la actividad en la Puna salteña ha expuesto las limitaciones de la infraestructura vial y energética existente. El diagnóstico de los proveedores indica que el mal estado de las rutas no es solo un problema de seguridad vial, sino una variable económica directa que destruye la rentabilidad.

Según los datos aportados por CAPEMISA, el costo logístico en la Puna es aproximadamente un 30% más alto que un flete realizado sobre rutas pavimentadas. Este sobrecosto surge del deterioro de las unidades, las demoras y la siniestralidad.

“Si tengo que ser concreto: diría principalmente rutas y mantenimiento vial permanente. No una obra aislada, sino un plan sostenido”, enfatizó el directivo. Asimismo, el sector reclama una visión integral que incluya la reactivación de los ferrocarriles para optimizar la carga, la electrificación de la región y la ampliación de gasoductos.

Minería del cobre: La asociatividad como estrategia para las obras de escala

Ante la inminencia de proyectos de clase mundial, surge el interrogante sobre si la oferta local podrá satisfacer la demanda masiva de servicios y obras. CAPEMISA, que cuenta con más de 310 socios de diversos rubros, sostiene que el know-how y la experiencia necesaria están garantizados.

La asociatividad: Clave para competir en proyectos de clase mundial

Por ello, la estrategia propuesta para abordar obras de gran escala es la asociatividad. La conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), incluso con firmas de otras provincias o países, permitiría cumplir con los volúmenes requeridos y generar transferencia de tecnología. “El riesgo no es la capacidad, sino llegar tarde porque no se trabaje en la planificación”, advirtió Russo.

Paralelamente, se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley de Promoción Minera. Aunque se han detectado casos de empresas foráneas que constituyen domicilios fiscales en Salta para simular localía, el trabajo conjunto con la Secretaría de Minería ha logrado disminuir estas maniobras, protegiendo así el empleo genuino.

Ley de Glaciares: El pedido de CAPEMISA por definiciones técnicas precisas

En este contexto, CAPEMISA ha solicitado definiciones técnicas precisas que permitan el desarrollo de la actividad sin descuidar el patrimonio natural. La Cámara no busca una desregulación; por el contrario, enfatiza la necesidad de «aclaraciones» sobre los alcances de la normativa vigente, para eliminar las zonas grises interpretativas que hoy frenan inversiones, específicamente en lo referido al ambiente periglaciar.

Por ende, el reclamo del sector proveedor se centra en distinguir aquellas zonas que son verdaderas fuentes de agua de aquellas que no lo son, para evitar prohibiciones genéricas que inhabilitan vastas zonas productivas sin justificación técnica.

Financiamiento minero: La barrera del capital propio frente a contratos extensos

La profesionalización de las pymes mineras se enfrenta a dos tipos de barreras: las certificaciones técnicas y la capacidad financiera. Mientras que la capacidad operativa suele estar resuelta, el acceso al capital de trabajo representa un obstáculo significativo.

Los contratos mineros suelen ser extensos y, a menudo, no contemplan anticipos financieros acordes a la inversión inicial requerida. “Hoy el financiamiento existe, pero no es accesible para la mayoría de las empresas. Las tasas siguen siendo altas y los plazos cortos”, detalló Russo. La mayoría de los proveedores financia su operación con capital propio.

El sector demanda instrumentos financieros específicos para la minería, distintos a las soluciones bancarias genéricas.

Por otro lado, se destaca el rol del proveedor en la gestión de la licencia social. Al ser muchas veces el primer contacto con las comunidades y el territorio, CAPEMISA ha integrado una Comisión de Relaciones Comunitarias para capacitar a sus socios y alinear sus operaciones con las necesidades de los pobladores locales.

Balance 2025 y proyección 2026

Al realizar un balance del año 2025, coincidente con el XV Aniversario de la Cámara, Russo lo describió como un período complejo, caracterizado más por el estancamiento que por el crecimiento. Esta situación estuvo directamente vinculada al desplome del precio internacional del litio, lo que paralizó gran parte de la actividad de exploración.

“Muchas empresas trabajaron al 30 o 40% de su capacidad. El esfuerzo de todos estuvo puesto en sostener empleo y estructura, no tanto en crecer”.

Sin embargo, las perspectivas para 2026 son alentadoras, fundamentadas en una diversificación de la matriz minera provincial. La expectativa se centra en la construcción del proyecto Rincón de Rio Tinto, los avances de Abrasilver, el Proyecto Pastos Grandes de Ganfeng Lithium y la potencial activación de Taca Taca. Esta variedad de minerales (litio, cobre, oro, plata) otorgaría a Salta una mayor sustentabilidad a largo plazo.

Finalmente, Russo identificó que la principal amenaza para el próximo ciclo no es técnica ni geológica, sino burocrática y temporal. El temor radica en que las demoras en los permisos impidan que los proyectos ingresen al RIGI a tiempo. “Si se pasa el RIGI y no comienza en Salta el Proyecto Taca Taca, sería perder un tren que muy difícilmente se pueda recuperar en el tiempo”, concluyó, haciendo un llamado a la acción articulada entre el sector público y privado para no desaprovechar esta ventana histórica.