Caso Jáchal: Minexa apela el fallo y advierte que la discrecionalidad queda «blindada»
Por Lucas Laciar
Tras el rechazo judicial a la impugnación del comodato otorgado por el Municipio de Jáchal a la empresa THOR, el abogado Wbaldino Acosta confirmó que Minexa apelará la sentencia. Sostiene que el fallo esquiva el debate de fondo y advierte sobre un precedente que, de consolidarse, podría habilitar la asignación discrecional de activos estratégicos para la minería. ¿Cuál es la postura legal del municipio?
La controversia por el predio de la ex Fábrica de Explosivos de Fabricaciones Militares, ubicado sobre la Ruta 150 en Jáchal, lejos de cerrarse entra en una nueva etapa judicial. Luego de que el Juzgado Multifuero de Segunda Nominación rechazara la demanda presentada por Minexa S.A. contra el comodato otorgado por el municipio a la empresa THOR Tecnología Minera, el abogado Wbaldino Acosta, propietario de la empresa, confirmó a ACERO Y ROCA que apelarán el fallo ante la Cámara de Apelaciones de San Juan.
La sentencia no analizó la legalidad del contrato ni las condiciones en las que fue otorgado. El rechazo se apoyó exclusivamente en una cuestión procesal: la supuesta falta de legitimación activa de Minexa para cuestionar el acto administrativo. Para la empresa demandante, ese razonamiento deja sin tutela judicial un derecho básico en cualquier esquema de contratación pública: el de competir. “La sentencia hace lugar a una excepción de falta de legitimación activa. Dice que Minexa no tiene legitimación para impugnar el comodato porque no fue parte del contrato, pero es exactamente ese nuestro interés: haber podido participar de un contrato”, sostiene Acosta.
La estrategia de Minexa: el derecho a competir por activos públicos
Wbaldino Acosta: «No tenemos derecho a ganar, pero sí a competir en una licitación pública».
Desde el inicio del conflicto, Minexa remarcó que su planteo no apunta a obtener la adjudicación del predio, sino a cuestionar la ausencia de un procedimiento público y competitivo para definir su destino. El reclamo no se centra en el resultado, sino en el proceso. “Minexa no tiene derecho a que le adjudiquen la concesión, pero sí tiene derecho a participar de un proceso de licitación o concurso en el cual se decida quién será la empresa que se hará cargo de la concesión. No tiene derecho a ganar, pero sí tiene derecho a participar y a competir”.
Ese derecho, afirma el abogado, quedó vulnerado cuando el municipio otorgó un comodato por 50 años, renovable, sin licitación, sin concurso y sin discusión pública sobre alternativas posibles para uno de los activos industriales más relevantes del departamento. “El juez no se ha expedido sobre si estuvo bien o mal el comodato; no dijo nada y pateó la pelota fuera”, resume.
El punto ciego del fallo: ¿quién puede controlar al Estado?
Para Acosta, el fallo evita deliberadamente pronunciarse sobre la validez del contrato porque hacerlo implicaría entrar en un terreno jurídicamente incómodo. “No pueden decir que el comodato es válido porque es nulo a todas luces. Como no pueden decir eso, sostienen que yo no puedo reclamar nada porque no soy parte del comodato”.
Desde su mirada, el razonamiento judicial deja un mensaje preocupante: si nadie que no sea parte del contrato puede cuestionar la forma en que el Estado asigna bienes públicos, la discrecionalidad queda blindada frente al control ciudadano. “El juez deja a los ciudadanos de Jáchal frente a un intendente que le da en comodato a una empresa amiga, por 50 años, uno de los predios municipales más importantes que hoy tiene el departamento, sin recibir nada a cambio”.
Lejos de dar el conflicto por cerrado, Minexa ya definió el camino a seguir: “Vamos a apelar ante la Cámara de Apelaciones de San Juan. Minexa tiene derecho a participar de un proceso de licitación cuyo objeto sea la selección de la empresa adjudicataria. Tenemos tiempo. Como entramos en la feria judicial, será durante los primeros diez días de febrero”.
Zona franca, parque industrial y reglas claras
El conflicto por el comodato también expone un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo para Jáchal y el norte sanjuanino. Acosta vuelve a insistir en la necesidad de esquemas público-privados, pero con reglas previsibles y transparentes. “Ese es el proceso lógico, legal y correcto: el Estado expropia, constituye la zona franca e invita a privados a administrar mediante concurso o licitación. Los interesados compran el pliego, reúnen las bases y condiciones y hacen su oferta. Después el Estado elige”.
Desde esa lógica, advierte sobre los riesgos institucionales de naturalizar decisiones cerradas: “Sería una locura que mañana apareciera una firma de Córdoba como concesionaria de la zona franca sin que nadie se enterara de un concurso o licitación”.
La postura del municipio: respaldo judicial y foco en el empleo local
Julio Andino, asesor Letrado de Jáchal, a la izquierda y el intendente Jorge Espejo
Desde el municipio de Jáchal, la lectura del fallo es opuesta. El asesor letrado Julio Andino señala que la sentencia confirma una posición que el Ejecutivo local viene sosteniendo desde el inicio del conflicto. “La gestión del doctor Matías Espejo siempre fue clara con nosotros en poner principalmente la mano de obra en el trabajo, considerando la falta de empleo actual”, afirma en diálogo con nuestro medio.
Andino sostiene que la demanda de Minexa carecía de sustento jurídico y que la Justicia lo dejó en claro al resolver sin ingresar al fondo del planteo. “Nuestra defensa fue bastante sólida al entender que cualquier persona puede peticionar ante la justicia, pero debe tener un sustento técnico y jurídico. Hoy la justicia, sin entrar en el fondo de la cuestión, determinó que no tienen esa legitimación activa”.
El argumento del asesor letrado sobre la legitimación activa
Frente al argumento de la empresa sobre el derecho a competir, el asesor municipal es categórico: “La licitación no cabe en esta figura; es una figura que te otorga la ley. Como lo dijo su señoría de forma muy clara, ellos no tienen un interés legítimo ni un derecho subjetivo vulnerado”. Además, afirma que Minexa no completó los trámites administrativos exigidos, lo que quedó “acreditado en el expediente”.
Mientras el conflicto avanza hacia instancias superiores, desde el Ejecutivo remarcan que la actividad en el predio nunca se detuvo. “La empresa siguió trabajando desde el primer día”, señala Andino, y detalla que se absorbió personal local y se continuó contratando mano de obra jachallera para tareas técnicas y de infraestructura. “No fue urgencia. Hubo varias empresas, se evaluó, el trabajo fue muy transparente y sujeto a la ley”, concluye, y cuestiona que Minexa no haya cumplido los requisitos necesarios para el destino específico del predio.
Febrero será clave: la Cámara de Apelaciones definirá el futuro del predio
Con la apelación en marcha, el conflicto deja de ser solo una disputa entre Minexa, THOR y el municipio. El caso instala una discusión más profunda: quién puede cuestionar las decisiones del Estado cuando están en juego bienes públicos estratégicos y bajo qué reglas se define el acceso a ellos.
La respuesta ya no estará en Jáchal, sino en la Cámara.