El 2026 será decisivo, porque será el año en que Argentina intentará pasar «del papel a la obra». Sin contar con infraestructural real, legal binding de cierre de minas, formación masiva, transparencia total y licencia social robusta, los USD 25.000 millones de inversiones RIGI aprobadas corren riesgo de quedar en papeles, como ha ocurrido históricamente con la minería argentina.

Por Redacción ACERO Y ROCA

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1. Infraestructura: Avances concretos pero aún insuficientes

Rutas 153 y 149: El dilema entre el anuncio y la ejecución real

Según datos de la Cámara de Servicios Mineros, el costo logístico en Argentina es un 25% más caro que en Chile, principalmente por la dependencia de camiones. Mientras un tren puede mover carga a un costo de USD 0,04 por tonelada/km, el camión en rutas como la 153 o 149 (aún con tramos precarios) eleva ese costo a USD 0,12.

En septiembre, el gobernador Marcelo Orrego inauguró formalmente la repavimentación de la Ruta 153, completando 5 kilómetros distribuidos en 4 tramos estratégicos entre la Ruta 40 y el puente sobre el arroyo Barreal. Simultáneamente, San Juan y Mendoza formalizaron en agosto un convenio de financiamiento mixto para continuar la mejora de ambas rutas, reconociendo que los fondos nacionales son limitados.​

Sin embargo, aún faltan por pavimentar tramos significativos en la Ruta 149, y la ejecución depende ahora de esquemas de financiamiento privado-público cuyos cronogramas permanecen inciertos.

Paso de Agua Negra y La Chapetona: Entre la promesa y la alternativa operativa

El Paso de Agua Negra se habilitó formalmente el 26 de noviembre de 2025 tras meses de mantenimiento. Actualmente opera de manera permanente durante el día (7 a 17 horas), aunque las condiciones meteorológicas aún interrumpen ocasionalmente el servicio en invierno.​

Lo crítico es que el túnel de 14 kilómetros prometido desde hace años permanece en estado de proyecto. Las obras del lado chileno avanzan, pero el lado argentino aún no ha iniciado construcción. El cónsul Mario Schiavone señaló hace poco que «hay voluntad de comenzar«, pero la realidad es que esta infraestructura estratégica sigue siendo una promesa postergada desde el gobierno de Mauricio Macri.

El Paso de La Chapetona, ubicado en Calingasta a 4.700 metros de altura, es vista como una solución complementaria, y conectaría Barreal (Argentina) con Salamanca y Monte Patria (Chile), integrándose al corredor bioceánico central Buenos Aires-Valparaíso. Requeriría pavimentar 80 kilómetros de la Ruta 153 (actualizada en parte) y 36 kilómetros adicionales, con un costo menor que el túnel de Agua Negra. Las mineras Pachón, Los Azules y Pelambres han mantenido la infraestructura históricamente, lo que sugiere viabilidad operativa.

 Energía y Agua: El «techo» que amenaza la construcción de los grandes pórfidos

Proyectos como Los Azules o Josemaría requerirán entre 250 y 300 MW cada uno. La capacidad remanente de la línea de 500 kV que llega a San Juan está al límite. Sin nuevas estaciones transformadoras o soluciones alternativas, el 2026 se enfrentará a un «techo energético» que impedirá la construcción simultánea de dos grandes pórfidos.​

El suministro eléctrico para operaciones en alta montaña sigue siendo frágil. Respecto al tratamiento de efluentes, los proyectos aprobados bajo RIGI (como Los Azules y Gualcamayo) incluyen sistemas de recirculación de agua y plantas de tratamiento; sin embargo, no existe un marco nacional integrado que garantice sostenibilidad hídrica. Las provincias como Mendoza enfrentan contaminación del agua subterránea por falta de inversión, lo que evidencia la necesidad urgente de infraestructura de tratamiento de efluentes.​

2- Marco legal: El año en que las leyes salieron del letargo

Ley de Cierre de Minas: De la Parálisis al Movimiento

En octubre de 2025, el Senado avanzó significativamente en la aprobación de la Ley de Cierre de Minas. El proyecto del senador Flavio Fama (Catamarca) y Edith Terenzi (Chubut) se perfila como favorito y propone garantías financieras escalonadas equivalentes al 20% del valor del proyecto, a constituirse en los primeros cinco años de operación mediante seguros de caución o pagarés.​

El proyecto incluye:

• Planes de cierre obligatorios desde el inicio.
• Rehabilitación ambiental y estabilidad físico-química.
• Programas de reinserción laboral y monitoreo post-cierre de al menos 5 años.
• Participación ciudadana en decisiones.

El Consejo Federal de Minería (COFEMIN) ya respaldó la iniciativa y la Ley Nacional de Cierre de Minas podría entrar en vigencia en 2026.​

Ley de Regalías: De la opacidad a la transparencia

San Juan remitió en octubre 2025 un proyecto integral que vincula regalías con transparencia digital y trazabilidad. Mendoza avanzó aún más: su proyecto obtuvo media sanción en Diputados con amplio apoyo. Define el 3% sobre valor boca mina conforme a la Ley Nacional 24.196, estableciendo que el 88% ingrese a Rentas Generales (de las cuales el 15% financia un Fondo de Desarrollo Socioambiental) y el resto se distribuye a municipios adheridos.​

Lo distintivo es la incorporación de mecanismos anti-subdeclaración: si el valor tomado como base es inferior al precio de mercado, se aplica automáticamente el valor de mercado mayor como base de cálculo. La norma requiere declaraciones juradas trimestrales, verificaciones presenciales y auditorías documentales.

Glaciares: Aún en Zona Gris

Se estima que en la zona central de los Andes hay más de 300 prospectos mineros «pisados» o bajo revisión por la ambigüedad de la Ley de Glaciares. La falta de un inventario actualizado y validado genera que los tiempos de aprobación de una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) se estiren hasta los 24 meses, cuando en jurisdicciones competitivas no superan los 12.

Y, a pesar de las manifestaciones y críticas de los sectores ambientalistas, La Ley de Glaciares no presenta cambios de envergadura y continúa siendo una fuente de fricción normativa que frena proyectos sin dar certezas ambientales reales.

3- Formación y Capacitación: El gap crítico entre la demanda y la inversión

La industria minera promete la creación de 100.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) para la «era del cobre«, pero la realidad educativa es complicada:

• Perfiles Técnicos: El 70% de las vacantes actuales para mandos medios técnicos en San Juan tardan más de 6 meses en cubrirse por falta de perfiles calificados.

• Inversión en Formación: Mientras que empresas líderes en Australia invierten el 3% de su masa salarial en capacitación técnica continua, en las operadoras locales ese porcentaje cae por debajo del 0,8%, enfocándose mayormente en «capacitaciones blandas» de cumplimiento normativo y no en expertise técnico de alta montaña.

Programa Federal 2030 y Educación no formal

En diciembre 2025, la Cámara Argentina de Capacitación lanzó el «Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030», una plataforma 100% gratuita, online y federal, diseñada para preparar jóvenes locales en habilidades blandas y digitales, capacitándolos como talentos atractivos para operadoras mineras.​

Iniciativas Provinciales

San Juan lanzó dos tecnicaturas nuevas en 2025: Procesamiento de Minerales y Operaciones de Mina. El centro ELEVA Centro Integral de Capacitación ofrece tecnicaturas auxiliares en Geología, Minería, y Higiene y Seguridad. La Expo Argentina Mining 2025 congregó en octubre a universidades, centros de formación y empresas para alinear oferta educativa con demanda sectorial.

A pesar de esto, hay un gap crítico: mientras las operadoras anuncian necesidad urgente de mano de obra calificada, la inversión directa de las mineras en programas de formación de largo plazo sigue siendo limitada. Algunos programas mitigan esta carencia, pero requieren visibilidad y adopción masiva.

4- Transparencia: El camino del «Catastro Digital» hacia la trazabilidad total

San Juan: Primer Paso Importante  

San Juan lanzó en junio 2025 «Catastro Digital«, una plataforma digital que les permite a los ciudadanos consultar:

• Concesiones mineras en tiempo real.
• Cánones pagados por proyecto.
• Trámites vigentes y estados de expedientes.

Esta es una medida inédita en Argentina, aunque aún hay «grises» en la publicación integral de datos de regalías.

Iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)

Argentina adhirió a EITI en 2019. Algunos datos están accesibles públicamente. Sin embargo, persisten asimetrías graves, como falta de reportes financieros de empresas. A su vez, no existe una política uniforme para identificar a los principales beneficiarios finales de empresas mineras. Los fondos de inversión que controlan las operaciones de litio operan en un entramado complejo que el ciudadano común no puede descifrar.​

La deuda real

Los ciudadanos de Jáchal, Iglesia y Calingasta aún no cuentan con un portal integrado donde ver, en tiempo real y de manera clara, cuánto ingresa en regalías por cada proyecto, dónde se gasta cada peso, y qué retornos genera para la comunidad local. La transparencia ha avanzado, pero no a la velocidad que exige la legitimidad social.

5- Licencia Social: Una reconstrucción basada en la verdad (y la desconfianza)

Crisis 2024 y Recuperación 2025

En 2024 la desconfianza hacia la minería alcanzó niveles críticos. Sin embargo, la provincia respondió con sanciones empresariales, auditorías externas, nuevas exigencias ambientales y un discurso político que reconoció errores. En agosto de 2025, un conflicto localizado entre el proveedor Lavandería Iglesia–IWS Mining y el proyecto Vicuña en Iglesia se resolvió mediante diálogo constructivo, evidenciando capacidad de resolución de conflictos en escala inferior.

Instrumentos de reconstrucción en uso

1. Decreto 007/2024: Modernización de procesos de evaluación ambiental (Declaraciones de Impacto Ambiental) con mayor transparencia y menos burocracia.

2. Comunicación activa: Minería lanzó iniciativas de comunicación (aunque aún etiquetada como «bajo perfil» por algunos observadores). De hecho, encuestas recientes en los departamentos de Iglesia y Jáchal muestran que, aunque el 60% de la población apoya la minería, pero el 75% no confía en la información ambiental que brindan las empresas.

El desafío latente

A pesar de estos pasos, la licencia social en minería argentina sigue siendo frágil, ya que depende del cumplimiento de promesas concretas (reducción de impactos, beneficio local genuino), una participación real (no consultiva, sino decisoria) de comunidades locales y una transparencia sostenida (no como acción coyuntural, sino como práctica).