En diálogo con ACERO Y ROCA, Luis Fernando Barrera Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, analizó la realidad minera del país, el peso de la pequeña minería, los desafíos ambientales y sociales, y trazó una mirada regional sobre América Latina en el contexto de la transición energética.

Por Luciana Vignoli

La voz de la experiencia: Luis Fernando Barrera Martínez y la APMC

Con más de 30 años de trayectoria en el sector, Luis Fernando Barrera Martínez se consolidó como una de las voces técnicas y jurídicas más experimentadas de la minería colombiana. Abogado, especialista en derecho minero, cumplimiento normativo y riesgo de lavado de activos, Barrera ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito público como privado y es profesor de legislación minera y ambiental en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín.

Actualmente, además de su rol académico, se desempeña como director jurídico y de cumplimiento corporativo en empresas dedicadas a la exploración de plata y cobre, y preside la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC), una asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con tres décadas de vida y nuclea a profesionales de múltiples disciplinas vinculadas a la actividad minera.

«El objetivo de la APMC central es promover una minería responsable basada en cinco pilares fundamentales: técnicos, económicos, sociales, ambientales y legales, los cuales deben estar equilibrados para poder desarrollar un proceso de minería responsable”, explicó Barrera, subrayando que la actividad minera no puede analizarse únicamente desde una mirada productiva.

El mapa minero colombiano: entre la gran escala y el desorden informal

«En Colombia existe, como también en otras partes de Latinoamérica, diferentes procesos mineros y aquí los tenemos distribuidos en grandes, medianos y pequeños. En el proceso de titulación la gran minería representa un 1,3 por ciento, la mediana minería un 36 por ciento y la pequeña minería un 60 por ciento”.

Asimismo el abogado advirtió que “en esta pequeña minería todavía existe un gran desorden en el desarrollo productivo lo que deriva en altos niveles de informalidad”.

Marco legal minero y desafíos en el control estatal

Desde el punto de vista normativo, Barrera remarcó que para desarrollar legalmente la actividad minera en Colombia es indispensable “tener un título minero y una licencia ambiental”. En ese sentido, remarcó que el país cuenta con un sistema regulatorio “muy estructurado” y con una tradición minera que se remonta a épocas precolombinas.

“Tenemos un sistema regulatorio de más de 100 años, con jurisprudencia y doctrina en el desarrollo de estas actividades”, afirmó, pero aclaró que el principal problema no es la falta de leyes, sino el control efectivo y la formalización de los pequeños productores.

El redescubrimiento estratégico: cobre, plata y minerales críticos

Barrera destacó la diversidad geológica del país y su riqueza mineral. “Colombia es rica en minerales, tenemos una variedad absoluta”, señaló, mencionando esmeraldas, oro y carbón, además del creciente interés por el cobre, la plata y otros minerales críticos.

“Nos rodean tres cordilleras que generan un cambio estructural geológico muy importante. Mientras que en otros países existe una sola columna andina, en Colombia esa columna se bifurcó en tres, lo que explica la enorme riqueza mineral”, explicó. En esa línea, agregó que “hoy estamos redescubriendo minerales que hacen parte de la canasta estratégica de la transición energética, con avances significativos en la exploración de cobre y plata pura”.

Impacto ambiental de la minería formal e ilegal

Consultado sobre el equilibrio entre desarrollo minero y cuidado ambiental, Barrera explicó que la minería formal debe operar bajo estrictos planes de manejo ambiental desde el inicio de la actividad.

“La ley no obliga a que haga recuperación ambiental posterior a la explotación, sino que desde el mismo proceso de integración están todas las actividades dentro de un plan de manejo ambiental que es necesario para el desarrollo de la actividad minera. Cuando se empieza a hacer la explotación minera, desde ese mismo instante, se debe empezar a hacer todo el proceso de recuperación ambiental”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció el impacto de la minería formal frente a otras actividades económicas:

“La minería tiene un impacto en el agua de entre 0,4 y 1,3 por ciento, mientras que la agricultura y la ganadería tienen impactos del 36 o 39 por ciento”.

No obstante, alertó que la minería ilegal continúa generando graves daños ambientales, especialmente por el uso de mercurio, prohibido en Colombia por el Convenio de Minamata. “En la explotación ilícita de minerales y en la extracción informal vienen utilizando el mercurio. La política está, pero falta mayor control sobre ese tipo de regulación”.

Conflictos sociales y licencia social para operar

Al abordar los conflictos sociales, Barrera consideró que muchas tensiones están asociadas a la desinformación. “Los conflictos sociales se deben a la falta de conocimiento de una actividad minera responsable”, afirmó y cuestionó la presencia de intereses que difunden información sesgada sobre la actividad.

Frente a este escenario, destacó los avances en materia de licencia social para operar. “En Colombia existe una circular de la Superintendencia de Sociedades, la circular 100 -00010 de noviembre de 2023, que exige la presentación de reportes de sostenibilidad”, explicó.

Ese reporte, detalló, incluye los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. “Cuando hablo de licencia social para operar, debo contrastar ese reporte de sostenibilidad con la realidad objetiva que vive el territorio”, subrayó.

Mirada regional: ¿Por qué Argentina y Colombia enfrentan desafíos similares?

Desde una perspectiva regional, Barrera sostuvo que la minería en América Latina presenta importantes puntos en común. “La actividad minera es una actividad económica importante para el desarrollo de los países y de la región”, afirmó, remarcando que en gran parte del continente la minería tiene un peso significativo en el Producto Interno Bruto, generando empleo, infraestructura y desarrollo.

Además, subrayó que la región cuenta con “un gran potencial de recursos mineros”, tanto en explotación como en reservas de oro, plata, cobre, níquel y otros minerales estratégicos.

Sin embargo, advirtió que uno de los problemas compartidos en América Latina. “En Perú, en Ecuador y en otros países se presentan casi los mismos fenómenos de minería informal, a esto se suma el desafío de la aceptación social y la dificultad para comunicar de manera clara el cumplimiento normativo del sector”.

Las diferencias entre países, señaló Barrera, se expresan principalmente en la legislación, la tecnificación y los impactos ambientales. “No todos los países tratan la minería de la misma manera”, afirmó y sostuvo que esa disparidad afecta los procesos de inversión regional. También destacó que países como Chile y Perú presentan mayores niveles de tecnificación y una tradición minera más consolidada, lo que se traduce en una mayor aceptación social, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, Ecuador o Argentina.

Geopolítica, recursos estratégicos y expansión de la minería ilegal

En el plano internacional, Barrera interpretó el interés de Estados Unidos en la región desde una lógica económica y estratégica. “Lo veo como una estrategia política y económica orientada a los recursos mineros que tiene Sudamérica”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre el crecimiento de la minería ilegal en Colombia y sus vínculos con economías criminales.

“Hoy la extracción informal de oro ha llegado al 75 por ciento, lo que genera un problema crítico en términos ambientales, sociales y de seguridad”.

En definitiva, para Barrera el desafío central es avanzar hacia una minería formal, responsable y sostenible, capaz de aportar al desarrollo del país profundizando en los temas Técnicos, Económicos, Sociales, Ambientales y Legales (TESAL), necesarios para desarrollar una minería responsable.