Ministro de minería de Jujuy estrena cargo con una manifestación de las comunidades indígenas

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Este 20 de enero en Jujuy, se reavivó un debate profundo sobre la gestión de la actividad minera. Por un lado, el gobierno provincial oficializó la creación del Ministerio de Minería, una decisión que busca dar mayor jerarquía institucional a una de las actividades productivas más dinámicas de la región.

Por Amaranta Marquez 

Protesta comunidades impacto ambiental Jujuy minería.
Movilización de comunidades originarias en Jujuy por transparencia ambiental en minería.

A su vez, mientras el gobierno jujeño celebraba la flamante creación del ministerio, comunidades originarias de la Puna y organizaciones sociales salieron a las calles para expresar su preocupación por la falta de información sobre el impacto ambiental de las operaciones extractivas, especialmente en torno al recurso hídrico y los territorios tradicionalmente protegidos por pueblos indígenas.

La movilización, encabezada por habitantes de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, expresaron inquietudes sobre la gestión del agua, la protección del medio ambiente y la transparencia de los procesos de evaluación de impacto ambiental, en momentos en que la minería y el litio constituyen pilares clave de la economía jujeña.

La creación del Ministerio de Minería: ¿expansión o reestructuración?

El 7 de enero de 2026, el gobernador Carlos Sadir encabezó en Casa de Gobierno el acto de asunción de José Gómez como el primer Ministro de Minería de Jujuy, marcando un hito en la historia institucional de la provincia. La nueva cartera se desprende de la antigua Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, con el objetivo declarado de centralizar, modernizar y potenciar la gestión del sector minero en la región, especialmente en la rica área del “triángulo del litio”. 

José Gómez ministro minería Jujuy
José Gómez asume como ministro de Minería de Jujuy

Durante el acto, Sadir destacó que el salto de la minería dentro del Producto Bruto Geográfico (PBG), su capacidad de atraer inversiones y la generación de empleo justifican este cambio institucional. En paralelo, Gómez sostuvo que el nuevo ministerio no implica una expansión burocrática, sino una rejerarquización de un sector estratégico con foco en transparencia, digitalización de trámites y seguridad jurídica para inversiones.

Reclamo social: agua, ambiente y consulta comunitaria

A pesar de estos argumentos oficiales, las comunidades originarias reclamaron públicamente por la falta de claridad sobre el impacto ambiental real de los proyectos mineros en sus territorios. Aseguran que los procesos informativos oficiales no responden de manera transparente a las inquietudes sobre la disponibilidad y calidad del agua, ni detallan cómo se están gestionando los estudios ambientales en zonas sensibles de la Puna.

«Supuestamente esta empresa viene a enseñar a las comunidades originarias a administrar el agua, cuando son las propias comunidades las que históricamente la administran y la cuidan, porque hoy el agua no es un recurso renovable» dijo Llanes.

Postura de las comunidades indígenas

La abogada Silvana Llanes, representante de varias comunidades, manifestó que “somos una provincia afectada por formar parte del llamado triángulo del litio” y señaló que la actividad minera estaría afectando “gravemente a la fauna autóctona” y alimentando un déficit hídrico en el territorio. Criticó además la presencia de empresas externas sin información clara para la población y acusó a la Secretaría de Pueblos Indígenas de intervenir indebidamente en las asambleas comunitarias, vulnerando mecanismos tradicionales de decisión local.

Silvana Llanes, abogada de las comunidades.
Silvana Llanes, abogada de las comunidades dejo clara la postura de las comunidades indígenas.

Estos reclamos no son aislados, ya que organizaciones como el diputado provincial Kevin Ballesty también han cuestionado la política minera, alertando que focalizar recursos en una cartera especializada podría desplazar la atención de otros sectores productivos como la agricultura, el tabaco o la ganadería.

Evaluación ambiental en el centro del debate

Desde el punto de vista técnico, la provincia de Jujuy cuenta con una normativa vigente que actualiza y reglamenta los Informes de Impacto Ambiental (IIA) para las actividades mineras, a partir del Decreto 7751-DEyP-2023, el cual moderniza los procedimientos de evaluación y revisión ambiental, con participación ciudadana, consulta pública y requisitos específicos para la presentación de proyectos.

Silvana Llanes, abogada de las comunidades indicó que: «Los flamencos rosados ya no pastan como antes debido a los domos que están instalando las mineras».

No obstante, este marco legal también ha sido objeto de controversia. Organizaciones ambientales y sociales han señalado que algunos procesos de consulta y consentimiento no se han realizado con la amplitud ni la inclusión que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que ciertos sectores han quedado excluidos de decisiones que afectan recursos hídricos y territorios compartidos.

Entre avances y tensiones: desafíos para la minería jujeña

La creación del Ministerio de Minería en Jujuy llega en un momento de crecimiento sostenido del sector, que ha duplicado su participación en el PBG en los últimos años, acompañado de mejoras institucionales en evaluación ambiental y transparencia. Sin embargo, también expone la brecha entre la administración pública, las comunidades locales y las expectativas sociales respecto del desarrollo sostenible.

Para muchos, la nueva cartera representa una oportunidad para fortalecer la gestión de una industria pujante y estratégica para el desarrollo provincial. Para otros, es un llamado de atención para que la política minera avance con mayor transparencia, diálogo intercultural y respeto por los derechos ambientales y comunitarios.

Pueblos originarios reclamando sus derechos.
El nuevo ministerio de minería, tendrá que sentarse a conversar con los pueblos originarios si quiere respetar la licencia social.

Debate y malestar 

La controversia por la creación del Ministerio de Minería en Jujuy expone un cruce de prioridades: por un lado, la búsqueda de mayor profesionalización y visibilidad del sector minero; por otro, la exigencia de las comunidades por información clara sobre el uso del agua y la protección del ambiente.

El desafío para el gobierno provincial será lograr equilibrar el crecimiento económico con la participación ciudadana, el respeto por los derechos de los pueblos originarios y la sustentabilidad ambiental, pilares fundamentales para un futuro en que la minería y el desarrollo social puedan convivir de manera armoniosa.

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