La demora en el envío del proyecto de Ley de Compre Local a la Legislatura provincial genera incertidumbre entre los proveedores mineros. Mientras algunas cámaras reclaman urgencia y previsibilidad, otras advierten que una norma mal definida podría profundizar desigualdades territoriales y dejar afuera a los verdaderos actores locales.

Por Lucas Laciar

A meses de haber sido anunciada y cuando ya transcurre febrero, la Ley de Proveedores Mineros o Ley de desarrollo minero (aún no se confirma el nombre definitivo), todavía no fue enviada a la Cámara de Diputados. La demora comienza a generar un clima de incertidumbre entre las cámaras empresarias vinculadas a la minería, en un contexto donde varios proyectos avanzan y los proveedores locales reclaman previsibilidad jurídica.

La norma, cuyos borradores se trabajaron durante más de un año, fue presentada durante 2024 como una herramienta clave para ordenar la cadena de valor minera, fortalecer a las empresas sanjuaninas y garantizar que parte del impacto económico de la actividad quede en los departamentos donde se desarrollan los proyectos.

Caprimsa exige certidumbre y el fin de las prórrogas legislativas

Desde la Cámara de Proveedores Interindustriales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), su presidente Fernando Godoy expresó que “Se necesita urgentemente un marco legal. Previo a esto, nos gustaría tener el borrador definitivo para ponerle un término”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la cámara continúa esperando definiciones concretas: “Seguimos creyendo y apoyamos que el proyecto va a entrar ahora en alguna sesión extraordinaria de febrero”.

Godoy remarcó que la ausencia de la ley impacta directamente en la relación con los socios. “Lo que nosotros no sabemos actualmente es por qué el proyecto no termina de entrar a la Legislatura. Se prometió para diciembre, luego para febrero, pero necesitamos certidumbre respecto al borrador o al proyecto definitivo que va a ingresar y cuándo ocurrirá fehacientemente para que se trate y salga”, afirmó.

Según explicó, la cámara viene trabajando hace más de un año sobre consensos básicos, pero hoy enfrenta una dificultad concreta: “Los socios consultan y preguntan a la cámara, y actualmente no tenemos que responderles.

Aituric advierte sobre errores de redacción y el impacto del RIGI

Desde una postura más crítica, el presidente de A.I.TUR.I.C., Víctor Alberto Grau, sostuvo que «La ley de compre local todavía no sale porque no está bien hecha. No se convocó a la totalidad de los actores iglesianos, presenta graves errores de redacción y, además, pierde razón de ser si no se la adecua claramente al esquema del RIGI”, expresó.

El dilema de quién es verdaderamente un proveedor local

En su análisis, “hoy la ley minera tiene una falencia conceptual grave: no define de manera clara, objetiva y sin interpretaciones qué es un PROVEEDOR LOCAL, ni cómo se puede pasar a ser local en el marco del RIGI”, esa ambigüedad permite que se disfrace de ‘local’ a quien no lo es y termina dejando afuera a los verdaderos actores del territorio donde se extrae el recurso”, expuso Grau.

Desde AITURIC proponen un esquema de prioridades territoriales claro. “Para nosotros no hay discusión semántica ni epistemológica posible. La propia palabra lo dice: local es lo localizado. Local es la empresa radicada y ‘arraigada’ en el departamento donde está la mina”, sostuvo.

Asimismo, detalló que, a su criterio, cualquier empresa puede convertirse en local si cumple ciertas condiciones: “Todas las empresas, vengan de donde vengan, deberían establecer alianzas o esquemas de asociativismo con pequeñas empresas locales como patrocinadoras, radicar sucursales en el territorio, instalar galpones e infraestructura, abrir oficinas, capacitar gente, contratar iglesianos e incentivar a sus empleados a radicarse en Iglesia”.

Ese esquema, explicó, constituye lo que definen como “Anillo 1”. “Luego pueden existir otros anillos, pero el primero debe respetarse si se quiere desarrollo real”.

A su vez, en su diagnóstico, Grau marcó una asimetría territorial persistente: “San Juan se ha desarrollado enormemente gracias a la minería que se extrae en el Departamento de Iglesia, pero Iglesia no”. Y agregó: “La paradoja es brutal: la mina más importante de San Juan, Veladero, tiene como primer poblado a Tudcum, un pueblo olvidado, sin desarrollo industrial, ni minero ni comercial, sumido en un 96% de pobreza”.

Calingasta busca respaldo legal para no repetir el fracaso de Catamarca

Desde la Cámara Empresaria de Calingasta (CAEMCA), su presidente Alfredo Ibazeta planteó una mirada centrada en la urgencia de contar con una ley que respalde prácticas que hoy se sostienen solo por acuerdos con las operadoras.

“Se nos aseguró que la ley saldría antes del cierre del ejercicio legislativo del año pasado y no pasó nada. Llevamos más de un año y medio trabajando en borradores y modificaciones. En la última reunión se nos informó que todo estaba listo«.

Ibazeta explicó que, ante la falta de ley, muchas empresas locales quedan expuestas. “Somos empresas pequeñas y si no tenemos una ley, cuando empiece la construcción de la mina quedaremos al margen. Actualmente no tenemos espalda económica ni estructura para presentarnos en licitaciones de gran envergadura por nuestra cuenta”.

Según detalló, “CAEMCA ha logrado avances dialogando directamente con las operadoras, consiguiendo que se incluyan ítems en los pliegos licitatorios sobre el desarrollo de la comunidad”. Sin embargo, aclaró que esos mecanismos no alcanzan: “Lo que pretendemos es que lo que ya estamos aplicando de hecho salga por ley”.

También defendió un esquema de prioridades territoriales. “Tiene que existir porque, de lo contrario, desapareceremos. Es primordial que se nos incluya en primera instancia. No queremos que nos pase lo mismo que ocurrió con Bajo de la Alumbrera en Catamarca. Pasaron veinte o treinta años de minería y la actividad no dejó un desarrollo real en la zona”.

El miedo a una nueva dilación oficial

Por otra parte, según pudo saber ACERO Y ROCA, entre referentes del sector minero y de cámaras empresarias existe además preocupación por la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a una nueva ronda de reuniones por cámara o por sector. Temen que ese esquema vuelva a dilatar definiciones, exponga diferencias internas entre proveedores y postergue aún más la presentación de una ley que consideran urgente para el actual escenario minero.

Con el calendario ya avanzado y el proyecto aún fuera del debate legislativo, la falta de definiciones empieza a convertirse en un factor de tensión dentro del entramado de proveedores mineros. Entre quienes reclaman certidumbre jurídica para no quedar al margen del próximo ciclo de inversiones y quienes sostienen que sin una definición clara de “proveedor local” la ley podría agravar los desequilibrios existentes, el denominador común es la preocupación.