En un escenario global donde el oro supera récords históricos, el avance de las redes ilícitas en Ecuador enciende las alarmas en toda Sudamérica. A través de las voces de la exministra Rebeca Illescas y el consultor técnico Byron Samaniego, ACERO Y ROCA presenta un informe exclusivo que conecta la crisis de seguridad andina con las oportunidades estratégicas y los desafíos de inversión que enfrenta Argentina bajo el nuevo régimen del RIGI.

Por Luciana Vignoli y Yenhy Navas

La minería ilegal en Ecuador ya no es un problema de «buscadores de tesoros» aislados; se ha transformado en un brazo financiero del crimen organizado transnacional. Mientras tanto, Argentina busca consolidarse como un refugio de inversión segura a través de reglas claras y estabilidad jurídica. En este especial, desglosamos la tensión entre la industria formal y las redes clandestinas, y cómo la región puede unificarse para negociar ante los gigantes globales.

Ecuador: Entre la riqueza geológica y el asedio de la informalidad

Ecuador posee proyectos de clase mundial en cobre y oro, como Fruta del Norte o Mirador, que despiertan el interés de las grandes ligas mineras. Sin embargo, la geología no es suficiente por sí sola. Para Rebeca Illescas Jiménez, exministra de Minas y abogada experta en gestión de recursos naturales, «la falta de una política de Estado sostenida ha generado un clima de inestabilidad». Según la profesional, los fallos judiciales y la falta de claridad normativa actúan como un «freno de mano» para los nuevos capitales.

Esta visión política se complementa con la cruda realidad técnica que describe Byron Samaniego, quien cuenta con una maestría en metalurgia y mineralurgia extractiva, y una trayectoria que incluye el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero y actualmente se desempeña como gerente técnico minero en la consultora S&G.
Samaniego advierte que la política minera ecuatoriana nunca logró consolidarse debido a la debilidad institucional: “En todos estos años han venido cambiando los nombres de las instituciones y eso no ha permitido tener una política clara”, afirma. La realidad, sin una arquitectura estatal sólida, el territorio queda a merced de quienes operan fuera de la ley.

Para el especialista el problema central es, según explica que “El marco normativo es muy ambiguo y deja muchas falencias, no permite estructurar un mercado que nos lleve a formalizar la minería legal”.

El avance del crimen organizado y el lavado de activos

Uno de los puntos de mayor coincidencia entre ambos especialistas es la mutación de la minería ilegal. Illescas rompe con el mito de la minería artesanal inofensiva y denuncia la presencia de estructuras criminales que utilizan el oro para lavar activos. «El Estado pierde control territorial y recursos millonarios, mientras que la minería formal sufre la competencia desleal y el daño reputacional», enfatiza.

En la misma línea Samaniego agrega que “Hay evasión fiscal, fuga de capitales y el Estado deja de percibir regalías e impuestos«.

Samaniego aporta cifras que sustentan este diagnóstico. Está claro que el impacto económico recae directamente sobre el Estado: “Entre el 30% y el 40% de la producción de minería metálica en Ecuador podría ser de origen ilegal o informal”, señala. Este volumen representa una porción significativa de la producción nacional, alimentando una fuga de capitales y una evasión fiscal masiva que desfinancia los servicios públicos.

La decisión de cerrar el catastro minero y no otorgar nuevas concesiones para minería metálica ha profundizado aun más la informalidad y la corrupción.

Control vulnerable y falta de tecnología en el terreno

Samaniego explica que la situación se agrava por la falta de recursos técnicos. “Los sistemas de control son muy débiles; un solo técnico a veces tiene que cubrir cuatro provincias y la institución no tiene drones ni movilización”, advierte.

El precio del oro como combustible para el conflicto

El auge del precio del metal rojo y el oro actúa como un incentivo perverso. Samaniego describe una situación desalentadora en provincias como Napo, Zamora Chinchipe y Esmeraldas, donde la minería ilegal está vinculada al tráfico de armas, la explotación laboral y la trata de personas. El Ministerio del Interior ecuatoriano ya identificó nexos directos con grupos criminales que ven en el comercio ilegal de oro un canal de financiamiento más rentable que otros rubros delictivos.

A esto se suman las consecuencias ambientales graves y visibles. Samaniego describe deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad y contaminación de ríos en la Amazonía. “Se está usando mucho el mercurio por contrabando y se están contaminando ríos que originalmente no tenían ese tipo de contaminación”, advierte.

“La percepción de la población es que tenemos una batalla perdida, porque la minería ilegal está mejor dotada y está ganando la batalla contra la administración pública”, sentencia Samaniego con crudeza.

La mirada experta sobre Argentina: El valor del federalismo

¿Cómo se ve la situación argentina desde el espejo ecuatoriano? Rebeca Illescas valora positivamente el modelo federal de nuestro país. Lo cierto es que para los inversores externos, el hecho de que provincias como San Juan, Salta o Catamarca sean dueñas de sus recursos funciona como un motor de previsibilidad. A diferencia del centralismo que a veces asfixia otros proyectos andinos, la autonomía provincial argentina es vista como una ventaja competitiva.

El RIGI y los desafíos de la macroeconomía local

Illescas destaca herramientas como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) como una señal correcta hacia el mercado. No obstante, advierte que la geología argentina, por más excelente que sea, necesita acompañamiento macroeconómico:

• Estabilidad cambiaria: El inversor mira el flujo de fondos antes que la ley de corte.
  
• Reglas claras: La previsibilidad a largo plazo es lo que permitirá que proyectos de litio y cobre pasen de la exploración a la producción efectiva

Hacia un bloque minero latinoamericano unificado

Para finalizar, la exministra hace un llamado estratégico a la integración regional. En lugar de competir ferozmente entre países vecinos, Perú contra Chile, o Argentina contra Ecuador, la visión de Illescas apunta a consolidar un bloque unido. «Presentarse ante gigantes como China o Europa como una región proveedora de minerales críticos, con estándares compartidos, nos daría un peso geopolítico inédito», sostiene.

Byron Samaniego coincide en la necesidad de un enfoque integral. Propone fortalecer las instituciones de control, simplificar trámites para la formalización y ofrecer asistencia técnica para que los pequeños mineros se incorporen a la legalidad. Según el especialista, estas medidas, combinadas con alternativas productivas como el ecoturismo y la agroforestería, podrían reducir significativamente la huella de la ilegalidad.

Conclusión: El talento y la gobernanza como pilares

La minería moderna ya no se trata solo de técnica; es liderazgo, comunicación y visión estratégica. Como advierten ambos expertos, «la minería no se improvisa y el talento tampoco». El principal riesgo para Sudamérica no es la falta de rocas, sino no contar con instituciones y profesionales preparados para los proyectos del futuro. Lograr una gobernanza interactiva y transparente es el único camino para que la minería sea, finalmente, el motor económico que la región necesita.

La minería ilegal bajo la mira militar

Hace unas semanas el Gobierno de Daniel Noboa elevó la apuesta con una resolución drástica emitida este 2 de febrero. A través de un esfuerzo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Energía, se ordenó la suspensión total de actividades mineras en la provincia de Napo y la restricción de operaciones en plantas de beneficio de El Oro y Loja. Esta medida busca frenar la contaminación galopante en la Amazonía y el sur del país.

Lo cierto es que el escenario ya no es de simple fiscalización, sino de conflicto abierto. Al declarar a la minería ilegal como «objetivo militar», las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen luz verde para neutralizar maquinaria y desmantelar campamentos, como ya ocurrió en los operativos de alto impacto. Esta acción preventiva confirma lo que nuestros entrevistados señalan: el Estado ecuatoriano intenta recuperar el control de sus recursos estratégicos frente al avance de la delincuencia organizada.