La administración de Claudia Sheinbaum cancela 1.126 títulos que abarcan casi 890 mil hectáreas, incluidas áreas naturales protegidas, en una política de combate a la especulación y ordenamiento del uso del subsuelo.

Por Amaranta Marquez

En una medida que sacudió la estantería de la gobernanza minera regional, el Gobierno de México anunció la recuperación de 1.126 concesiones. Estos títulos, que estaban en manos de privados, incumplían obligaciones básicas como el pago de derechos o la presentación de informes técnicos. En este sentido, la superficie total recuperada roza las 890 mil hectáreas, una extensión que equivale a los estados de Morelos y Tlaxcala juntos.

Fundamentalmente las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones es por falta de derechos de pagos”, explicó, al detallar que la legislación contempla la revocación en caso de atrasos prolongados, explico el responsable de la coordinación del sector extractivo.

Lo cierto es que el plan busca limpiar el registro de «especuladores ociosos». El objetivo es garantizar que el subsuelo se explote de manera productiva y no quede trabado en trámites de oficina. Además, un dato no menor: claramente, casi 250 mil de esas hectáreas pertenecen a Áreas Naturales Protegidas que nunca debieron estar concesionadas.

Recuperación territorial y un fuerte blindaje para la protección ambiental

De las 889.502 hectáreas recuperadas, aproximadamente 249.108 corresponden a Áreas Naturales Protegidas, lo que representa cerca de 250 mil hectáreas que regresan al dominio estatal y quedan bajo esquemas de conservación ambiental. Esta porción de superficie había estado concesionada pese a que, según la normativa mexicana, dichas zonas no deben estar sujetas a actividad minera.

El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz Saro, explicó que la revisión y cancelación de los títulos se sustentó principalmente en incumplimientos legales por parte de los concesionarios, como la falta de pago de derechos, la omisión de informes estadísticos y de obras, o la ausencia de actividad concreta de exploración y explotación.

Las regiones mexicanas con mayor volumen de títulos recuperados

La recuperación de concesiones mineras se concentró en varias entidades con alta presencia histórica de títulos de exploración y explotación, entre las cuales destacan:

• Sonora:141.408 hectáreas recuperadas.
• Durango: 129.741 hectáreas.
• Coahuila: 120.475 hectáreas.
• Zacatecas: 69.602 hectáreas.
• Chihuahua: 34.074 hectáreas.
• Jalisco: 72.985 hectáreas. 

“Se ha hecho un trabajo en casi  toda la República Mexicana, exceptuando Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que virtualmente son estados que no tienen absolutamente nada de minería”, destacaron los funcionares mexicanos.

En conjunto, estos estados concentran la mayor parte de la superficie reincorporada al dominio público, lo que puede tener efectos significativos tanto en la planificación territorial como en la reorientación de inversiones hacia áreas donde la actividad minera esté alineada con criterios de cumplimiento normativo y productividad real.

Hacia una política minera que combina control estatal y diálogo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que uno de los objetivos prioritarios de la acción es recuperar concesiones que “no tienen exploración”, que han caído en el incumplimiento de obligaciones fiscales o que son utilizadas con fines meramente especulativos en lugar de contribuir al desarrollo productivo del país.

Además, funcionarias y funcionarios señalaron que, en algunos casos, se han entablado diálogos con los concesionarios para recuperar de manera voluntaria las concesiones sin necesidad de recurrir a la autoridad, lo que sugiere un enfoque que combina control regulatorio con alternativas de ordenamiento negociado.

El impacto en el mercado global y la carrera por los minerales críticos

Desde una perspectiva estratégica, la medida mexicana tiene varias implicancias para el sector minero regional y global:

• Ordenamiento del sector extractivo: El retiro de títulos incumplidos contribuye a depurar el registro de concesiones y a reducir prácticas especulativas que pueden distorsionar la percepción de la disponibilidad de recursos minerales.
  
• Protección ambiental: La devolución de concesiones dentro de áreas protegidas refuerza la legitimidad ambiental del sector y evita conflictos futuros con comunidades y organizaciones civiles.
  
• Seguridad jurídica: Al establecer un proceso claro de cancelación por incumplimiento, el Gobierno busca transmitir señales de disciplina regulatoria, un factor que puede influir en la confianza de inversores locales e internacionales.
  
• Minerales estratégicos: En un mundo donde la demanda de minerales críticos (como litio, cobre, níquel y otros metales esenciales para tecnologías limpias y energéticas) está creciendo, la claridad sobre la titularidad y el uso efectivo de concesiones es un elemento de competitividad.

La recuperación de concesiones coincide también con una discusión más amplia en el país sobre la soberanía de los recursos minerales, en la que autoridades han subrayado que ciertos elementos, como el litio, deben permanecer bajo control estatal o regulado conforme a la Constitución.

Los desafíos operativos para garantizar la seguridad jurídica

Aunque la medida es celebrada por sectores preocupados por el uso productivo de los recursos, también plantea desafíos:

• Integración con políticas de exploración y producción: La estrategia deberá acompañarse de mecanismos que incentiven a los concesionarios productivos a mantener obligaciones cumplidas sin generar trabas burocráticas.
  
• Consistencia regulatoria: La claridad en las normas fiscales y técnicas será clave para evitar litigios o controversias legales con firmas que vean sus derechos afectados.
  
• Equilibrio entre protección ambiental y desarrollo: El diseño de marcos regulatorios que armonicen conservación y minería responsable seguirá siendo un tema central para la sostenibilidad del sector.

Las revisiones forman parte de la política minera impulsada en los últimos años por el Gobierno mexicano, que ha priorizado el control administrativo de concesiones, la protección ambiental y el combate a la especulación sobre terrenos concesionados sin actividad productiva.